Los sindicatos exigen que el Gobierno aporte los datos de la campaña contra el fraude al seguro de desempleo

Los sindicatos exigieron ayer que el Gobierno aporte los datos sobre los que se basa la campana contra el fraude y la cifra estimada por el Ministerio de Trabajo como previsible ahorro -47.000 millones de pesetas-. La imagen de "país de defraudadores" que, según CC OO y UGT, se está dando a través de la citada campaña, está basada en datos incompletos y que sólo contemplan determinados colectivos, en los que se puede dar un mayor índice de fraude, extrapolando éste al conjunto de la actividad industrial del país. El director general de Empleo ha rechazado, por su parte, estas acusaciones, señalando que el Ministerio de Trabajo se ha basado en datos que no son conocidos por los sindicatos.La información sobre la campaña del fraude al seguro de desempleo presentada ayer por el Ministerio de Trabajo en la reunión de la comisión de seguimiento del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) provocó la inmediata réplica de los sindicatos que pusieron en tela de juicio los datos sobre los que la Administración venía trabajando.

Según manifestaron ayer, Alfonso Vázquez, por CC OO y Pedro Guardeño, por UGT, el bloque de datos entregados por el propio ministerio a las centrales, no justificaban las cifras de fraude estimadas por la Administración, alrededor de 47.000 millones de pesetas, en la que se encuentra basada la campaña publicitaria. El muestreo efectuado por la Administración -de acuerdo con estas fuentes- corresponde a sectores en los que puede darse un mayor índice de fraude en función de sus propias características, como puede ser la construcción.

Sin embargo, no se han tenido en cuenta actividades en las que es muy difícil que se dé el fraude. El índice obtenido de esta forma, señalaron los técnicos, "carece del mínimo rigor y desde luego no responde a la realidad". Para el director general de Empleo, Jesús Fernández de la Vega, la campana contra el fraude, y en consecuencia las cifras manejadas como estimaciones, no se han basado en los datos aportados por- la Administración al Consejo General del INEM -"porque no se nos pidieron"-, sino en otros datos aún no aportados que obran en poder del Ministerio. "En ningún caso", señaló Fernández de la, Vega, "se ha dicho que nos hayamos basado en esos muestreos".

En una animada polémica ante los periodistas que cubrían la información, el director general de Empleo afirmó que los datos reales -que obraban en poder del Instituto Nacional, de Empleo (INEM)- irían a la próxima reunión del Consejo General de este organismo. Alfonso Vázquez, acusó de grave irresponsabilidad a los representantes del Gobierno en esta materia.

La reunión de ayer se inició analizando el punto 1.1 del ANE, compromiso por parte del Gobierno de mantener los mismos niveles de empleo que en el momento de la firma del acuerdo. Tema que, según matizaría posteriormente Fabián Márquez, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales- (CEOE), va ser el verdadero caballo de batalla en los próximos meses.

Los sindicatos, que estiman que los 50.000 millones extraordinarios de inversión pública son insuficientes, señalaron que "aunque el compromiso es indudablemente del Gobierno, corresponde a la CEOE gran parte de responsabilidad". "La CEOE", indicó Fabián Márquez, "acepta, como firmante del acuerdo, su parte de responsabilidad moral, pero hay que tener en cuenta que la creación de puestos de trabajo por parte de la iniciativa privada depende del marco económico en el que se puede desenvolver".