El Estatuto Valenciano

EL PLENO del Congreso, al aprobar ayer una nueva versión del Estatuto de la Comunidad. Valenciana, con los votos en contra el PCE y la abstención de la minoría catalana, ha enmendado el descalabro que significó para la puesta en marcha de las instituciones de autogobierno en ese territorio el rechazo del anterior proyecto por la Cámara Baja el pasado 9 de marzo. Las tres cuestiones litigiosas de orden fundamentalmente simbólico, a las que el Gobierno trató previamente de dar una respuesta unilateral y que provocaron su derrota parlamentaria, han sido resueltas mediante fórmulas de compromiso que no contentan del todo a nadie pero que tampoco disgustan por completo a los discrepantes. Tanto la denominación "Reino de Valencia", defendida por UCD y Alianza Popular, como la expresión "País Valenciano", propugnada por los socialdernócratas de Fernández-Ordoñez, los socialistas y los comunistas, son recogidas en el texto del Estatuto de Benicasim. Sin embargo, sólo la neutra fórmula transaccional de Comunidad Valenciana adquiere caracter oficial a efectos políticos y administrativos. La bandera cuatribarrada de la nueva comunidad se distinguirá de la enseña propia de Cataluña mediante elementos diferenciadores que molestan a un amplio sector de la izquierda pero que tampoco son los postulados por la derecha. En cuanto a la denominación del idioma efectivamente hablado -junto al catellano- en la mayoría del nuevo territorio autónomo, la incorrecta definición de lengua valenciana, pretendidamente independiente de la lengua catalana, es sustituida por otra formulación susceptible de ser interpretada, con buena voluntad, de manera menos ofensiva para los linguistas. La mención al valenciano, en efecto, deja las puertas abiertas para defender que ese término designa simplemente una variante de la lengua común que se habla en las tres provincias valencianas, en Cataluña, en las Baleares y en el Rosellón francés. En cualquier caso, las aberraciones que la política y la ideología pueden engendrar a la hora de describir sesgadamente la realidad tendrán en adelante uno de sus mejores ejemplos en esta insensata polémica sobre las lenguas, que ha pretendido romper en dos o en tres un único idioma por necesidades exclusivamente electoralistas y en abierta pugna con los dictámenes y las opiniones de científicos y linguistas.Resultaba evidente que sólo la rectificación por parte de UCD de sus posiciones iniciales permitiría alcanzar una solución negocida que, pese a la indefinición característica de tales fórmulas, sirviera para dar una salida honorable al envenenado conflicto. Tras la escisión de los parlamentarios socialdemócratas, y dadas las reticencias de las minorías catalana y vasca ante el anteproyecto de UCD, no hubiera sido fácil que el Congreso hubiera aprobado, por la mayoría absoluta que el artículo 81 de la Constitución exige, la versión de marzo del Estatuto valenciano. Pero el problema no se reducía sólo y ni siquiera fundamentalmente al juego de las mayorías absolutas en la Cámara Baja. Porque, de añadidura, las elecciones generales de 1979 dieron la victoria, en el futuro territorio autónomo, a los adversarios del primitivo proyecto de Estatuto y no a sus promotores. En las provincias de Valencia y de Alicante, el PSOE fue el partido mas votado (36,72% y 39,46% respectivamente), seguido de UCD (33,87% y 37,55%), PCE (13,50% y 11,22%) y Alianza Popular (4,37% y 5,23%). Sólo en Castellón, cuya población representa aproximadamente la octava parte del censo global de las tres provincias, los centristas superaron a los socialistas. A mayor abundamiento, Alianza Popular, mucho mas inflexible que UCD en la defensa de los tres polémicos símbolos de la denominación, la bandera y el idioma, no logró ni un solo escaño en el Congreso en los comicios de 1979. Así pues, resultaba incongruente con la voluntad popular expresada en los sufragios la pretensión combinada de UCD y el grupo de Fraga de imponer en un territorio de mayoría electoral de izquierda el texto de un Estatuto que no sólo contrariaba las aspiraciones de los socialistas sino que además tomaba prestadas, en aspectos litigiosos de caracter simbólico, las posiciones de un partido extraparlamentario dentro de la comunidad valenciana.

Afortunadamente, la inicial obcecación de los centristas, probablemente animada por motivaciones tácticas y electoralistas ha dejado paso a una postura mas flexible, inteligente y realista que ha permitido, finalmente, llegar a un acuerdo sensato con la oposición parlamentaria. El fantasma de los Países Catalanes, intimidatoria e irracionalmente esgrimido por la derecha valenciana para apoyar su programa y combatir a sus adversarios, ha sido de nuevo encerrado en el arcón de los demonios familiares, al que la abstención de la minoría catalana en la votación de ayer puede conceder absurdamente, sin embargo, una superficial plausibilidad. De esta forma, la vajilla inutilmente destrozada en la discusión de comienzos de marzo en el Congreso sobre el Estatuto de Valencia se incorpora al inutil inventario de las numerosas tormentas en vasos de agua y de las abundantes riñas entre centristas y socialistas que animaron innecesariamente el período de la transición. Sin embargo, lo importante es que el acuerdo sobre el Estatuto valenciano ha sido finalmente suscrito. Una vez resueltos esos problemas, y tras el posterior paso por el Senado, la Comunidad Valenciana tendrá que enfrentarse con la tarea de poner en funcionamiento sus instituciones de autogobierno. Aplazadas las elecciones al Parlamento valenciano hasta 1983, al igual que en el resto de las comunidades establecidas según el procedimiento del artículo 143 de la Constitución, el equilibrio de fuerzas dentro del nuevo territorio autónomo podría hacer surgir, aquí también, las tensiones anteriormente aparecidas en Cantabria y Asturias. A las fuerzas democráticas corresponde demostrar, sin embargo, que las autonomías no son, fuera de Cataluña y el País Vasco, un tinglado al servicio de los intereses de la clase política o un escenario regional en el que los grandes partidos nacionales se limitan a realizar ensayos generales o confrontaciones electorales parciales con la vista puesta exclusivamente en la conservación o la conquista de la mayoría parlamentaria y del Poder Ejecutivo del Estado sino plataformas que poseen un valor intrínseco y que se justifican por las mejores prestaciones que la Administración puede dar a los ciudadanos.