La fase final

La cuarta y última fase del proceso por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se iniciará el próximo martes, día 27, con la lectura del informe sobre los hechos que se juzgan por parte del Fiscal y la exposición de las peticiones que estime pertinentes para cada uno de los procesados. A continuación los defensores expondrán su versión de los acontecimientos que han determinado el juicio y las peticiones que solicitan para sus patrocinados.Al concluir ayer las declaraciones de los testigos, que han ocupado nueve días del juicio, el Tribunal ha dejado un receso amplio, que suele ser habitual en los grandes procesos, para que tanto el fiscal como los defensores presenten sus respectivos informes y planteen las peticiones que demandan para los encausados. Estos informes pueden diferir sustancialmente de los elaborados antes de las pruebas testificales y en ellos pueden exponerse consideraciones para apoyar aquello que recaban las partes del Tribunal. No se descarta que esta facultad pueda dar pie para nuevos incidentes en el juicio.

Los informes que presenten el fiscal, que en su día calificó los hechos como un delito de rebelión militar, y los defensores podrán incluir una descripción de los hechos que se juzgan y sus circunstancias. Asimismo relatarán la irnplicación de los procesados en tales hechos enmarcándolos en los artículos del Código de Justicia Militar que juzguen pertinentes. Las dos partes, fiscal y defensores, podrán ratificar, modificar o ampliar verbalmente los informes que hayan presentado por escrito.

Tras la lectura de los informes el presidente del Tribunal preguntará a cada uno de los procesados si tiene algo que añadir a lo manifestado durante el juicio. Con ello terminará la vista oral de la causa. El Consejo Supremo de Justicia Militar se reunirá después en sesión secreta para votar la sentencia.

El fiscal solicitó en su escrito de conclusiones provisionales penas que oscilan entre treinta años de reclusión (Milans, Armada y Tejero) y un año y seis meses de reclusión (capitán Francisco Ignacio Román); este último encausado quedó en libertad provisional la pasada semana por haber cumplido más de la mitad de la pena que se reclamaba para él.

Los abogados defensores estiman que no existió delito de rebelión militar en los hechos protagonizados por los procesados el 23-F y piden la absolución de sus patrocinados.