El Gobierno disponía de informes suficientes para rechazar el proyecto Presur con anterioridad a su aprobación

El Gobierno tenía en sus manos los suficientes elementos de juicio, contenidos en varios informes técnicos, para sospechar de la inviabilidad económica del proyecto de construcción de una planta de pellets y otra de prerreducidos en la zona suroccidental de Andalucía, con anterioridad a su autorización el pasado año. En este sentido, la aprobación del proyecto, en el Consejo de Ministros del 24 de abril de 1981, plantea serios interrogantes sobre la naturaleza de la decisión y eleva al terreno político una polémica que el propio Consejo, en su reunión de hoy, intentará cerrar por todos los medios.

La mayor parte de las fuentes consultadas por este diario indicaron ayer que el Consejo de Ministros tratará hoy, pese al coste político que la decisión puede suponer, de recortar el "compromiso condicionado" que adquirió hace un año y reducir -puede que incluso abortar- los dos famosos proyectos que componían el llamado "complejo integral para el aprovechamiento del mineral de hierro del suroeste". Si bien nadie duda de la cancelación definitiva del proyecto de prerreducidos, todavía existen fuertes presiones económicas y políticas para mantener vivo el proyecto de obtención de pellets a partir del mineral de hierro existente en la zona de Fregenal de la Sierra, entre las provincias de Badajoz y Huelva.

Reuniones al máximo nivel

En este sentido, la preparación de este tema, con vistas al Consejo de Ministros de hoy, fue objeto ayer de nuevas reuniones al más alto nivel y de un fuerte trasiego de altos responsables ministeriales hacía la Moncloa. Asimismo, el ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón, mantuvo una reunión de trabajo con sus más inmediatos colaboradores para preparar una nueva propuesta al Consejo que, en gran parte, modificará la presentada hace casi un año al gabinete. El presidente del Gobierno mantuvo por la mañana una reunión de trabajo con el vicepresidente económico, Juan Antonio García Díez, quien por la tarde presidió otra con el ministro de Industria y parlamentarios extremeños y andaluces de UCD.La modificación de esta nueva propuesta va en función, según una fuente, del cambio sustantivo que se ha producido en el tema tras el informe elaborado por la firma norteamericana Chevron sobre las perspectivas del gas del Golfo de Cádiz. Este informe, cuyo contenido exacto sólo es conocido a niveles muy restringidos y cuya orientada filtración ha sido calificada de "auténtico torpedo" a la favorable posición gubernamental al proyecto y a las expectativas electorales de UCD en Andalucía, se muestra muy negativo respecto a la rentabilidad del gas, especialmente si éste se utiliza en los prerreducidos.

Los informes técnicos que el Gobierno contaba, con anterioridad a la fecha de aprobación condicionada del proyecto, se remontan, algunos, al año 1963, pero el más significativo de todos es el elaborado a solicitud del Instituto Nacional de Industria por la firma inglesa Atkins Planing que, en enero de 1981, calificó el proyecto de antieconómico y sentenció que el puesto de trabajo podría salir a más de 23 millones de pesetas (del año ochenta) siendo "muy lenta" la recuperación de la inversión, estimada globalmente entre 19.000 y 24.000 millones de pesetas.

Este informe de la firma Atkins, que también hablaba de la baja ley del mineral de la zona y de la baja escala operativa de la planta de pellets (1,2 millones de toneladas frente a un mínimo de tres millones en el resto del mundo) califica los informes previos del propio INI de "optimistas" y lleva a señalar que "minimizan la necesidad de recursos financieros", no sólo por la necesidad de subvencionar el hipotético gas natural de la zona sino por el incremento que ha.bría que aprobar en los aranceles de importación de hierro esponja y chatarra.

Junto a este informe Atkins -calificado de superficial por los defensores deI proyecto integral- y a los propios del INI, el Gobierno tuvo acceso a otro, conocido como iniforme Becerril, que fue presentaclo por los patrocinadores del proyecto. Sobre este informe, señalan algunas fuentes, está basado el elevado por el ministerio de Industria al Consejo de Ministros y que, con las salvedades y condicionamientos que puedan derivar de la existencia de gas en Cádiz, fue, según las mismas fuentes, el que influyó en la decisión que se adoptó en aquella fecha.

La movilización de la zona

Algunas interpretaciones realizadas sobre esta polémica señalan que el Gobierno, teniendo en la mano estos informes y sin esperar a confirmar el alcance del gas gaditano, "actuó con ligereza" cuando aprobó el proyecto y puso en marcha todo un complejo mecanismo de expectativas en la zona. Basta recordar, a este respecto, que el día que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto, festividad de la Virgen de los Remedios y fiesta en Fregenal de la Sierra, sonaron las campanas de la parroquia local en una explosión de alegría que, de ser local en aquellos momentos, hoy se ha convertido en un drama nacional. Medios políticos señalan que todo este asunto se ha desmadrado como consecuencía de la inoportuna filtración del informe Chevron y de su publicación en fechas próximas a las elecciones andaluzas. Algunos parlamentarios centristas, vinculados políticamente al proyecto, acusan de irresponsabilidad a los protagonistas de la filtración y posterior publicación parcial de un informe (el de Chevron) que, en su totalidad y por razones que se les antojan obvias, muy pocas personas han visto.A esta acusación hay que unir la que realizó, poco después de aparecer la primera indicación sobre la no existencia de gas rentable en Cádiz, la central socialista UGT, que inclusó llegó a decir que se habían falsificado los datos del mismo con objeto de desviar el uso de gas a otros fines (fabricación de fertilizantes) y favorecer así los intereses de una empresa muy concreta, Explosivos Rio Tinto, con la que tuvo anterior vinculación el actual presidente de Gobierno.

Pero la tormenta política, aparte de sus connotaciones políticas por la proximidad de las elecciones andaluzas, también se ha convertido en arma arrojadiza entre diferentes intereses en UCD. Las sugerencias de que algunas personas han actuado con ligereza política (reciente polémica pública entre el actual presidente del INI, Carlos Bustelo, y el presidente de Campsa, Enrique Sánchez de León) han espoleado a su vez la consideración exclusivamente técnica de los proyectos incrementando la impresión general de que cualquier decisión que se adopte puede hacerse más en función de sus efectos político-electorales que en base al interés nacional y a la necesidad de utilizar convenientemente los limitados recursos financieros del Estado.