El Gobierno da preferencia a leyes coyunturales sobre las que configuran el Estado democrático y desarrollan la Constitución

"Cuando se habla en el Parlamento con las gentes de UCD, la impresión que dan es de que están cerrando la tienda...". Estas palabras de la diputada socialista María Izquierdo reflejan la situación de liquidación de la legislatura en que se encuentran las Cortes Generales, a poco más de dos meses de que finalice el actual período de sesiones y en la incertidumbre de si en septiembre se iniciará otro o estarán disueltas las Cámaras. El Gobierno y los principales partidos parlamentarios se debaten entre consumir el plazo legislativo pendiente en la tarea de construcción del nuevo Estado democrático surgido de la Constitución o en aprovechar los meses pendientes para colocarse en mejor posición para la carrera electoral.

La propia proximidad de las elecciones generales -con disolución anticipada o sin ella- plantea, en la lógica de las previsiones parlamentarias urgentes, la elaboración de una ley electoral, exigida por la Constitución e imprescindible para que los próximos comicios no se rijan por el decreto-ley de marzo de 1977. La virtualidad de un eventual recurso futuro contra unas elecciones que se celebrarán con arreglo a unas normas electorales obsoletas y, según muchos juristas, sin vigencia actual, significaría la puntilla para la débil democracia española.Sin embargo, ni el Gobierno ni el primer partido de la oposición han incluido en sus catálogos respectivos de prioridades legislativas la elaboración de la ley electoral. Leopoldo Calvo Sotelo justifica esta omisión gubernamental en la dificultad de obtener un acuerdo entre las distintas fuerzas parlamentarias para una ley "que afecta a lo más sustancial de las posiciones y las expectativas políticas". Un destacado dirigente del Grupo Parlamentario Socialista, Virgilio Zapatero, explica la no presentación de una proposición de ley electoral en el peligro de que, dado el actual equilibrio de fuerzas, la iniciativa pudiera desencadenar una modificación de las normas electorales perjudicial para el PSOE.

El mismo Gobierno, que considera que no hay tiempo para abordar una ley del calado de la electoral, parece decidido a plantear ante el Parlamento, a estas alturas de la legislatura, nada menos que la regulación de la televisión privada, mediante dos leyes que reunen todas las dificultades políticas imaginables, tanto por el carácter de orgánica de una de ellas -con la consiguiente exigencia de mayoría absoluta de cada Cámara- como por el establecimiento en la otra de criterios, órganos y condiciones para la concesión de licencias.

El borrador de proyecto de ley ordinaria por el que el Gobierno pretende regular la gestión indirecta del servicio público de televisión, mediante licencias por plazos de seis años, prorrogables por períodos sucesivos de tres, puede convertirse en manzana de la discordia de imprevisibles consecuencias. El criterio sustentado por el Gobierno es evitar la parlamentarización de la concesión de licencias, y para eso propone que los doce miembros del órgano encargado de concederlas, la denominada Comisión Nacional para la Radiodifusión y la Televisión -cuyas resoluciones "agotarán la vía administrativa", según el anteproyecto de ley ordinaria-, sean designados libremente por el Ejecutivo.

UCD quiere 'administrar' la televisión privada

Este propósito, que hubiera sido fácil acometer por la vía del decreto, que el verano pasado intentó Pío Cabanillas "para asegurar con tiempo suficiente el pluralismo televisivo en las próximas elecciones", choca ahora, después de la sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de amparo de Antena 3, con la necesidad de que sea el propio Parlamento, mediante sendas leyes, el que conceda carta blanca al Gobierno para el otorgamiento de licencias. El propio Cabanillas explicó a este periódico la conveniencia de que esta tarea no sea atribuida a un órgano elegido por las Cortes, y puso como ejemplo la inoperancia del Consejo de Administración de RTVE.El criterio de Cabanillas y de otros miembros de¡ Gobierno es que corresponde al Ejecutivo administrar la televisión privada, aunque los designados para hacerlo queden sometidos a la alternancia en el poder derivada de los resultados de las elecciones. "Es preferible sustituir cada cuatro años a determinados cargos que repartirse la tarta mediante nombramientos por consenso que dificultan el funcionamiento del órgano", manifestó el actual ministro de Justicia. Fuentes socialistas trataron de desmontar este argumento llevándolo hasta sus últimas consecuencias, esto es, a la gubernamental iz ación de órganos elegidos por altas mayorías parlamentarias, como el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y otros.

Los documentos sobre prioridades legislativas facilitados por el Gobierno y el PSOE, y que serán objeto de discusión, junto con los de los restantes grupos parlamentarios, el próximo jueves, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, muestran algunos puntos de fricción. Hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento de la Cámara atribuye a la Mesa, entre otras funciones para la organización del Congreso, las de "programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno 31 de las Comisiones para cada período de sesiones ( ... ), todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces".

La Mesa decidirá el calendario

La aprobación del reglamento, con posterioridad al inicio del período de sesiones febrero-junio, impidió a la Mesa fijar el calendario legislativo en febrero. De ahí la importancia de la reuníón del jueves próximo, tras de la cual corresponderá a la Mesa establecer las prioridades, aunque el Gobierno, continuará facultado para presentar y retirar proyectos de ley y a solicitar la tramitación por procedimiento de urgencia.En la propuesta gubernamental de prioridades se incluyen algunas no contempladas por los socialistas, como la ley de Bases de Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos y la que regula el ejercicio de derechos y libertades por los funcionarios de las administraciones públicas, y la del impuesto sobre el valor añadido. En cambio, los socialistas consideran prioritarias las siguientes leyes, no estimadas como tales por el Gobierno: ley orgánica autorizando la constitución de la comunidad autónoma uniprovincial de Madrid, ley sobre el transporte colectivo urbano de superficie, ley de financiación de ayuntamientos, reforma del Estatuto de Centros Docentes y ley de modificación de plantillas presupuestarias de los cuerpos de instituciones Penitenciarias y creación del cuerpo de servicios generales.

Asimismo, entre las leyes que el Gobierno propone "dejar para septiembre", figuran algunas para las que el PSOE pide tramitación preferente en el período de sesiones que concluye en junio. Son las siguientes: ley de bases de la Administración Local, Estatuto del consumidor, ley de derecho de asilo, ley sobre cooperativas y ley orgánica del poder judicial. Dentro también del horizonte del próximo período de sesiones, el Gobierno sitúa la ley de reforma del procedimiento administrativo, reforma parcial del Código de Justicia Militar, ley del sistema tributario local, ley de enjuiciamiento criminal, ley general de comercio interior y de defensa de la competencia, ley de emigración, ley de ordenación y fomento del seguro privado y, como es obvio, los Presupuestos Generales del Estado para 1983.

¿Dónde queda el desarrollo de la Constitución?

Muchas de estas leyes que, casi con toda seguridad, no serán aprobadas en este período de sesiones y ni siquiera en la actual legislatura, vienen exigidas por la Constitución de 1978, a la que desarrollan. Junto a ellas, existe un extenso paquete de proyectos procedentes del programa legislativo diseñado por el Gobierno en junio de 1979. En aquel momento fueron presentados como una primera etapa del desarrollo de la Constitución, pero del programa de cincuenta leyes proyectadas para un año, apenas una docena de ellas han visto la luz en el Boletín Oficial del Estado, y no llegan a diez las que se encuentran en trámite.Entre las procedentes de aquel paquete de desarrollo constitucional del último Gobierno Suárez y que permanecen todavía inéditas, figuran leyes tan importantes como la orgánica de la defensa y de la organización militar, la de creación de policías por las comunidades autónomas, la de regulación de la huelga, la de protección pública a la vivienda, las de adaptación a la Constitución de las leyes generales presupuestaria y tributaria, la ley de protección del medio ambiente, la de ordenación del territorio, la de sanidad, la reforma de la ley de expropiación forzosa y la ley general de la Seguridad Social.

Otros proyectos de leyes que respondieron a la voluntad política reformista y modernizadora de los primeros Gobiernos de la transición han quedado truncados con la subida al poder de Leopoldo Calvo Sotelo, la progresiva debilidad política de UCD y el traslado del punto de gravedad de su grupo parlamentario desde el centro a la derecha. La reforma fiscal emprendida por Francisco Fernández Ordóñez ha quedado a mitad de camino por las dificultades internas de UCD para llevar adelante leyes como la del impuesto sobre el patrimonio neto y la de sucesiones y donaciones.

La propia ley de Autonomía Universitaria, hermana política de la ya vigente ley del Divorcio, tiene grandes posibilidades de quedarse en el camino si la condescendencia gubernamental con el sector más derechista de UCD permite la imposición, sobre el texto aprobado en comisión, de numerosas modificaciones inaceptables para los socialistas. Igualmente, el Gobierno retrasa la regulación de la asistencia letrada al detenido, no sólo porque se niega a remitir al Parlamento el proyecto de ley de desarrollo del artículo 17.3 de la Constitución, sino porque se opone a la tramitación de las proposiciones de ley comunista y de Juan María Bandrés sobre la materia.

Incumplimiento legislativo de los pactos autonómicos

Uno de los puntos de referencia política de los últimos tiempos, los pactos autonómicos firmados el 31 de julio de 1981, es otra fuente de incumplimientos legislativos. Entre los más sobres alientes destaca la previsible no entrada en vigor, antes del 30 de abril de este año -como figura en el texto de los acuerdos-, de la ley orgánica de Reforma de la de Elecciones Locales en lo que se refiere a la elección directa, por sufragio universal, de los diputados provinciales que vienen eligiéndose entre los concejales.Junto al incumplimiento denunciado por los socialistas en lo que se refiere al contenido de algunos proyectos de ley resultantes de los pactos, como el de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y el de recargos sobre tributos del Estado en favor de dichas comunidades, hay que señalar el no envío a las Cortes del proyecto de ley sobre intercambio de información presupuestaria entre el Estado y las comunidades autónomas, que complementa la no presentación del Plan Estadístico ni el Programa de Contabilidad Regional de las Administraciones Públicas, ambos previstos para entes de enero de 1982.