Propósitos gubernamentales para la televisión privada

EL MINISTRO de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, tiene el decidido propósito de poner en la mesa del Consejo de Ministros del próximo día 16 las normas reguladoras de la televisión privada en nuestro país, y aunque somos conscientes de que estamos en Semana Santa, no podemos seguir la consigna del presidente del Gobierno y dejar pasar por alto este importante tema que afectará al futuro del más importante medio de comunicación de nuestra sociedad.Se atribuye al conde de Romanones la célebre frase de dejad que ellos hagan las leyes, que yo me encargaré de los reglamentos. Y tiene que ser precisamente en este precedente histórico en el que se va a apoyar el Gobierno para desdoblar, por una insólita pirueta interpretativa, en ley orgánica y ley ordinaria las normas básicas por las que se van a regir el funcionamiento y concesión de licencias de las emisoras privadas de televisión.

El Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia, que desestimaba el recurso de amparo de los promotores de Antena 3, cerró el camino al intento del Gobierno, varias veces frustrado, de despachar el tema por la expeditiva y cómoda vía del decreto. Ahora, después de que el alto tribunal impide al Gabinete hacer uso de su facultad legislativa delegada, algunos ministros parecen no cesar en su intento de añadir la televisión al copioso cesto de golosinas y caramelos que el Ejecutivo utiliza en sus conveniencias particulares y partidarias. Así, de esta manera, en una interpretación de manga ancha, los responsables gubernamentales reservan para la futura ley orgánica el reino de los grandes principios y las disposiciones sustantivas se destinan al más manejable terreno

de la ley ordinaria. Una vez más, UCD, movida por el temor del quórum de la mayoría absoluta de las dos cámaras (requisito parlamentario para la aprobación de las leyes ordinarias), pretende ignorar que la construcción del nuevo Estado democrático no puede ser producto de la interpretación forzada de sentencias y disposiciones, sino que resulta imprescindible el pacto y la negociación con las otras fuerzas políticas mayoritarias, que algún día pueden tener acceso a las responsabilidades de Gobierno.Por lo demás, y a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe de forma oficial las leyes que ha de enviar al Parlamento, hay suficientes motivos de inquietud en los anteproyectos que EL PAIS publicaba en su edición de ayer. De entre todos ellos hay uno que resalta singularmente, y es la constitución de una llamada Comisión Nacional para la Radiodifusión y la Televisión, que, nombrada por el Gobierno, será el organismo encargado de conceder las licencias. El Ejecutivo no tiene ninguna necesidad de recurrir a estos subterfugios para poder administrar tan importantes decisiones, sino que debería afrontar el riesgo de reservarse para su competencia esta importante atribución, sin necesidad de crear más organismos interpuestos. Ahora bien, la lógica de las normas jurídicas existentes para el correcto funcionamiento de las televisiones privadas parecen más bien aconsejar que estas funciones deberían de reservarse para una comisión designada por el Parlamento y sometida su control. El régimen político consagrado en la Constitución es una monarquía parlamentaria, y este precepto constitucional debe tener alguna virtualidad más allá del de las grandes definiciones que pueden ser usadas impunemente, si a golpe de legislación inferior se le van dificultando al Parlamento el conocimiento y el control de la mayoría de los asuntos públicos. También no dejan de resultar preocupante los plazos de precariedad por los que se pueden conceder las licencias (máxime si se tienen en cuenta las cuantiosas inversiones que el medio precisa para su correcto funcionamiento) y las no menos extensas e imprecisas competencias y atribuciones que se reservan a esa futura comisión de notables, que pueden mandar a los concesionarios de las licencias al reino de la inseguridad y obligarles a permanecer atentos y seguros servidores de los gobiernos de turno.

En definitiva, esta regulación que el ministro Rodríguez Inciarte presenta a la consideración del Gabinete de Calvo Sotelo aumenta las sospechas de las dificultades con que cuenta este Gobierno -y también buena parte de la oposición- para comprender el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Las televisiones privadas, las emisoras de radio y los periódicos no son plataformas de ensalzamiento de las virtudes que adornan a nuestra clase política, sino medios de expresión y control de la opinión pública sobre la gobernación de los asuntos que afectan a todos los ciudadanos. El ministro de la Presidencia, que se considera personalmente un cualificado miembro de la corriente liberal de su partido, y el Gobierno en su conjunto, entenderán que una televisión privada conformada en torno a esos principios que se presentan al Consejo de Ministros del próximo día 16 difícilmente pueden contribuir a la libre expresión de los grupos sociales, y más bien parecen encaminados a controlar esta molesta actividad. En cualquier caso es absolutamente impensable que las normas puedan proponerse a golpe de la mayoría menguatne de UCD y no se refundan estas dos leyes previstas en una sóla de carácter orgánico que nazca con pretensión le permanencia por encima del partido que desempeñe el Gobierno de turno. Empeñarse en la vía apuntada por el ministro de la Presidencia es crear una nueva cadena le medios de comunicación del Estado, remozada por los signos de los tiempos de la letra impresa al mundo de la imagen, cuando parece llegar a su fin la cadena de Prensa del Movimiento heredada del anterior régimen.