Discrepancias entre el Gobierno y el PSOE sobre las prioridades legislativas en materia autonómica

El debate que se producirá el próximo día 15 de abril en el seno de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados sobre las prioridades legislativas del actual período de sesiones promete ser movido, a juzgar por las discrepancias existentes entre los grupos centrista y socialista, incluso sobre una cuestión previamente pactada por el PSOE y el Gobierno: la armonización autonómica. Mientras UCD desea dar preferencia a la llamada loapilla (normas sobre utilización, entre otros, del término nación y sobre uso del castellano), los socialistas insisten en la prioridad de la LOAPA.

En materia de armonización autonómica, la única fuente de conflictos parecía provenir en los últimos tiempos de la oposición nacionalista y comunista. Sin embargo, acaba de resurgir un nuevo frente de problemas. La ponencia encargada de informar el proyecto de ley de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas en determinadas materias (título completo del texto, que se conoce en la jerga parlamentaria con el nombre de loapilla) ha terminado su trabajo y UCD se muestra partidaria de que se inicie inmediatamente el debate en la Comisión Constitucional.Altas fuentes centristas han señalado que esta ley armonizadora (en la que se establece, entre otras cosas, que el término nación sólo puede utilizarse referido a "la nación española" y el deber de todos los ciudadanos de conocer la lengua española oficial del Estado) es "más importante que la propia LOAPA". El problema reside en que, a diferencia de ésta, la loapilla cuenta no sólo con la oposición frontal de los grupos nacionalistas y del diputado abertzale Juan María Bandrés, sino también con el rechazo de los tres grupos parlamentarios socialistas, que mantienen enmiendas a la totalidad.

El socialista catalán Josep Verde, ponente de la loapilla, declaró ayer a EL PAIS que los socialistas no sólo defenderán estas enmiendas, sino que exigirán que este proyecto de ley se discuta después de la LOAPA, ya que en ésta, consecuencia de los pactos autonómicos Gobierno-PSOE, se establece cómo deben discutirse las leyes de armonización, que, incluye la previa comunicación a las comunidades autónomas para que se pronuncien sobre ellas.

Según Verde, en las últimas reuniones de la ponencia no quedó clara la posición centrista sobre la utilización de la palabra nación. En opinión de la oposición, la regulación del empleo de este término debe circunscribirse a las disposiciones normativas emanadas de las comunidades autónomas, pero no ampliarse al uso político del mismo, susceptible de interpretaciones distintas. El único grupo que pretende imponer la utilización excluyente de los términos nación y nacional es Coalición Democrática.

En cambio, la opinión del portavoz de este grupo, Manuel Fraga, manifestada en una de las últimas sesiones de la ponencia, fue calificada por los socialistas de "receptiva y abierta" en relación con la propuesta de una disposición adicional en la que se establezca la progresiva adaptación de los funcionarios a las lenguas vernáculas de las comunidades autónomas donde desempeñen su trabajo. Fraga se mostró partidario de fórmulas más exigentes, no sin cierta sorpresa para el resto de los ponentes, que atribuyeron esta posición a la victoria de su partido en las elecciones gallegas.

En relación con el escollo autonómico del Estatuto valenciano, las posiciones centrista y socialista son radicalemente diferentes en cuanto al procedimiento para su renegociación. UCD patrocina unas conversaciones entre los cuatro partidos parlamentarios de ámbito estatal -UCD, PSOE, PCE y AP-, mientras que el PSOE propiciará que sean las fuerzas parlamentarias valencianas -PSOE, UCD, PCE y Acción Democrática- las encargadas de alcanzar un acuerdo.

En este sentido, el presidente de la Asamblea de parlamentarios valencianos., el socialista Antonio García Miralles, ha sido mandatado por la Mesa del Plenario para negociar con Fernando Abril (UCD), Joan Lerma (PSOE), Antonio Palomares (PCE) y Luis Berenguer (PAD) la fecha adecuada para convocar el pleno de la Asamblea, a fin de estudiar las soluciones adecuadas, que posteriormente serían ofrecidas a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, a la que fue devuelto por el Pleno de la Cámara el proyecto de Estatuto de autonomía.