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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Presur o los sueños de la razón

COMO EN esas películas que comienzan por el final, el informe de Chevron sobre las reservas de gas natural de la bahía de Cádiz hace revivir toda una historia de des arrollismo y prodigalidad que empieza en unas minas extremeñas de hierro allá por los años sesenta. Minera de Andévalo, con una plantilla de unos 240 trabajadores y personas influyentes (Martínez Bordiú, entre otros) en su Consejo de Administración, vende a Ensidesa un mineral de bajo contenido, obtiene subvenciones del Ministerio de Industria y créditos a bajo interés del Banco de Crédito Industrial. Pero todas las ayudas no consiguen que la explotación resulte rentable y se piensa enfabricar una planta de concentrados (pellets) para mejorar los resultados. El proyecto, sin embargo, no es atractivo y no encuentra financiador. Pero de nuevo, con el encarecimiento de la chatarra en 1973-1974 y el impulso al sector siderúrgico dado por el señor Pérez Bricio, vuelve a prender la chispa y se replantea la utilización de los minerales para obtener prerreducidos (producto todavía más concentrado que el pellets y apto para los hornos eléctricos consumidores de chatarra). Sólo falta el combustible barato, como gas natural. Las fantásticas reservas de gas de la bahía de Cádíz, aireadas por los señores Centeno y Sánchez de León; el entusiasmo del nuevo presidente de Sodiex (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura), señor Pérez Bricio, y el impulso reíndustrializador del ministro señor Bayón hacen renacer las esperanzas de un complejo minero metalúrgico. Se crearían unos novecientos empleos nuevos, con una inversión de 31.000 millones de pesetas, es decir, 32 millones por puesto de trabajo. Otras consideraciones adicionales, como la necesidad de una subvención anual de unos 7.000 millones de pesetas para compensar el precio del gas natural, la paralización mundial de nuevos proyectos siderúrgicos y la certeza de abundancia de chatarra en los mercados a bajos precios, no bastan para quebrantar la fe de los desarrollistas. Además, sus argumentos se refuerzan con la promesa de una participación de capital kuwaití de algo más de 1.500 millones de pesetas en el capital social de la compañía estatal. No se repara en que los kuwaitíes son copropietarios de la empresa alemana suministradora de los equipos por un valor quince veces superior al importe de su participación.

El Consejo de Ministros del 24 de abril de 1981 dio luz verde al proyecto y autorizó al INI a adquirir una participación de 1.400 millones de pesetas, es decir, el 24% del capital de la sociedad. El Consejo de Ministros daba por bueno el informe elaborado por el señor Becerril, economista y actual presidente de la compañía, e ignoraba un estudio de viabilidad encargado por el INI a una consultora inglesa de primera fila, que pronosticaba una bajísima rentabilidad para el proyecto. Los ingleses mantenían que sólo con una subvención al gas natural durante toda la vida del proyecto éste era viable, y subrayaban que realizaciones de estas características sólo tenían cabida en países subdesarrollados con abundancia de gas natural sin ninguna otra posible utilización. Entre los informes y el acuerdo del Consejo de Ministros se nombra secretario general de Presur a Miguel Domenech, nuevo presidente de UCD por Madrid, mientras que los directores generales de Minas y Siderurgia del Ministerio de Industria se incluyen en el Consejo de Administración. Pero el acuerdo de 24 de abril incluía un importante condicionante: "En ningún caso se iniciará la inversión hasta que no hayan sido firmados los suministros de gas con Campsa y Enagas, cuya relación mínima será de quince años".

El Instituto Nacional de Hidrocarburos, que se subroga en los compromisos de suministro, pide rápidamente a Chevron una confirmación de las reservas. El informe del consultor es negativo: hay menos reservas de gas y su extracción resultará más cara, es decir, que los prerreducidos consumirán casi la totalidad del yacimiento y necesitarán una subvención más elevada con relación al precio de coste del gas. En estas condiciones sólo hay una solución: cancelar el proyecto. Este parece ser el criterio del INI y también el de la siderurgia no integral que ha adquirido el compromiso de suscribir un 20% de capital en vísperas de la negociación para la reconversión industrial de su sector. El INH, por lo pronto, se salva de tener que practicar una política de tarifas diferenciales para el gas natural, que le habrían quitado toda la autoridad frente al uso de los yacimientos de Jaca y de Bermeo.

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Pero con gas o sin gas, el proyecto vuelve a replantearse, limitado a la planta de concentrados y olvidándose de que en pleno boom siderúrgico de los sesenta había sido desechado por su nula rentabilidad. Esta obstinación y falta de imaginación industrial lleva inexorablemente a coleccionar subvenciones a empresas con un futuro poco prometedor. Normalmente ha sido la derecha quien ha reclamado la bandera de la buena gestión y del rigor en las finanzas públicas. En el caso de Presur, los parlamentarios de izquierdas tienen una buena ocasión para poner en tela de juicio este tópico y, de rechazo, demostrar que no serían ellos peores administradores.

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