Las incompatibilidades
Se comienza a debatir hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la ley de Incompatibilidades. En opinión del autor, este texto de UCD, es deficiente en aspectos tan importantes como en la elusión de este sistema al cuerpo médico y al tratamiento no radical de la incompatibilidad de los políticos. Se esbozan aquí cuáles deberían ser las directrices alternativas, y se manifiesta la oposición que el articulado actual recibirá del grupo socialista.
El debate parlamentario de las incompatibilidades ha calado profundamente en la opinión pública, que, preocupada por el asunto, va tomando postura a favor de una u otra de las diferentes posiciones que ante este tema mantienen los partidos políticos. Esto, para que no se diga que el Parlamento no se ocupa nunca de los temas que interesen a la calle.Desde el momento en que comenzó el debate sobre incompatibilidades, allá por el otoño de 1980, los socialistas manifestamos que nos guiaban tres objetivos fundamentales: contribuir a la lucha contra el paro, moralizar nuestra vida política y racionalizar el funcionamiento de la Administración pública.
En cuanto al problema del paro no creemos que la aplicación de un riguroso sistema. de incompatibilidades vaya a generar muchos puestos de trabajo, pero sí estamos firmemente convencidos que cuando todo el país está empeñado en ese combate singular y difícil que es acabar con el desempleo, cuando los trabajadores en activo han hecho renuncias importantes en sus negociaciones salariales para contribuía crear nuevos puestos de trabajo, la Administración y el Gobierno que la dirige no pueden ser tan insensibles como para no aplicarse los primeros unas reglas mínimas contra el pluriempleo.
Aunque la aplicación de las incompatibilidades no supusiera la creación de un solo puesto de trabajo -que en determinados sectores como la medicina puede suponerlo y de manera importante- el Gobierno estaría obligado a dar ejemplo con las incompatibilidades y a ello se comprometió con las fuerzas sociales y económicas del país en el acuerdo nacional sobre el empleo.
Pero, lamentablemente, el tema afecta a los propios bolsillos de algunos de nuestros legisladores, y la situación en las Cámaras es más complicada que cuando se trata de legislar sobre la agricultura de montaña. Porque -de ahí nuestra insistencia en la moralización de la vida pública- los políticos instalados en el poder y herederos de las prebendas del viejo sistema se resisten a moralizarse, a adaptar sus condiciones, "económicas" al nuevo sistema democrático y prefieren como en los viejos tiempos, acumular funciones y sueldos, aunque los mismos no provengan de un trabajo "regular y contínuo" que deba remunerarse.
Como el viejo sistema tenía inventados los mecanismos (consejos de administración de empresas públicas, asesorías de ministerios, excedencias que permiten seguir percibiendo beneficios, múltiples puestos en el aparato estatal, etcétera), no ha habido más que dejar que continúe la inercia para que aparezcan los diputados-presidentes de empresas públicas, diputados-asesores-funcionarios, diputados-ministros-registradoresnotarios, diputados-presidentes de Diputación-presidentes órganos autonómicos-funcion arios, y todo ello, con sus correspondientes sueldos. En los escaños que yo me siento, afortunadamente para el país, la mayoría somos solamente diputados diputados.
Y, finalmente, había que racionalizar el funcionamiento de nuestra Administración para poder reformarla y adaptarla a las exigencias constitucionales. Y para ello se imponía acabar con la posibilidad de que un funcionario desempeñe dos o más puestos de la estructura burocrática, en condiciones, en muchos casos ilegales, que nadie vigila ni corrige.
En nuestro país, las incompatibilidades parlamentarias tienen una vieja tradición que culmina con leyes muy precisas tanto de la Restauración como de la República. La aplicación pura y simple de cualquiera de estas leyes a nuestra situación actual obligaría a perder su escaño o sus otros puestos a un número considerable de diputados y senadores.
Hacia estas situaciones tendremos que aproximarnos, por muchas resistencias que el tema suscite en nuestras Cámaras.
Cuando por ahí fuera se habla de las incompatibilidades, todo el mundo entiende que son aquellas limitaciones que se establecen en la función pública en relación con el ejercicio de otras actividades privadas que por rozar el interés general, al que el funcionario se debe, resultan cabalmente incompatibles. Entre nosotros, además de la relación entre el interés público y el privado, de lo que hay ejemplos increíbles en los estratos superiores de nuestra Administración, por incompatibilidad funcionarial ha de entenderse también el desempeño simultáneo de dos o más puestos de la estructura burocrática, en algunos casos durante el mismo horario de trabajo.
Argucias administrativas
Esta singular forma de pluriempleo, o de plurisueldo, porque a veces a uno de los sitios sólo se va a cobrar, o ni siquiera a eso, si a uno se lo pasan por banco, resulte posible por determinadas argucias administrativas, fomentadoras de la corrupción, como que la Seguridad Social no es Administración pública o que las administraciones públicas no puedan ser comunicables entre sí. Esto ha generado en algunos casos, verdaderas "bolsas de pluriemplo" donde éste no es la excepción, sino la regla. El ejemplo más curioso y singular es, sin duda, el de la medicina, pero la presión de los médicos ha conseguido ya quedar excluidos de esta ley.
El tema resulta inquietante en una Administración que debe ser profesionalizada y neutral, y cuando algunos defendemos que la dedicación exclusiva, adecuadamente retribuida, debe ser la manera normal de prestar sus servicios por los funcionarios públicos, se nos tacha de utópicos.
La comisión correspondiente del Congreso de los Diputados ha elaborado un texto de ley de Incompatibilidades fruto de las propuestas de UCD, apoyada por Coalición Democrática y la Minoría Catalana, con la que los socialistas estamos en radical desacuerdo y a la que nos vamos a oponer frontalmente. Creemos que no se va a conseguir con esta ley ninguno de los objetivos que nos habíamos propuesto.
Pues, por ejemplo, en lo que respecta a la creación de nuevos puestos, se puede decir sin temor que lo que la ley va a hacer, va a ser legalizar -por medio de la jornada reducida- situaciones que son claramente ilegales.
Al quedar excluidos de la misma los colectivos más afectados, como los médicos, es evidente que carece de fuerza para obligar a otros mucho menos afectados Y, finalmente, al no haber incluido, de una manera radical, las incompatibilidades de los políticos, nadie va a pensar que pueda aplicarse seriamente.
Nuestra Administración pública ha perdido una magnífica ocasión de modernizarse, y ello a pesar de que la mayoría de los funcionarios están, sin duda, de acuerdo en que se establezca un sistema riguroso de incompatibilidades.
Esta vez sí, la culpa la tienen claramente los políticos, algunos políticos de la derecha.
