Urgencia de la reconversión industrial

Según el autor, los pasos emprendidos hasta ahora por UCD para abordar la reconversión in dustrial en España han supuesto un debilitamiento continuo de la estructura del sector: 382.000 puestos de trabajo desaparecidos entre 1976 y 1979 y más de 250.000 entre 1980 y 1981. Ante este panorama, el líder comunista convoca para un debate en profundidad sobre política industrial, que propiciaría la pendiente discusión en el Parlamento de una ley sobre Reconversión Industrial dictada por el Gobierno el pasado mes de junio.

Pendiente de discusión en el plenario del Parlamento se encuentra la ley de Reconversión Industrial, dictada por el Gobierno el pasado 5 de junio en forma de decreto-ley.Este debate, si se lleva a efecto, lo será por iniciativa de los partidos de izquierda, especialmente el PCE, que en su momento planteó lo negativo que sería hurtar al Parlamento la discusión de un decreto que pretende establecer unos criterios para la reestructuración de empresas y sectores que se ha elaborado en la práctica de la peor manera y no contiene las bases de lo que sería una auténtica política industrial.

El Gobierno de UCD presentó en aquel momento, con gran pretenciosidad, el decreto como el instrumento en torno al que giraría su política industrial; para ello contó con la aquiescencia del resto de los partidos de la derecha o el centro, tanto estatales como nacionalistas, que en el debate presente siguen actuando como sus aliados incondicionales.

Nada más lejos de la realidad que esas pretensiones gubernamentales.

Lo que dice la historia

Allá por 1979, el señor Abril Martorell inauguraba la política de apoyo económico-financiero a determinadas grandes empresas industriales, que era presentada de forma grandilocuente como la solución para la supervivencia de éstas. Esta política fue en su momento contestada por los sindicatos en términos globales porque no pasaba de ser una entrega de ayudas discrecionales a determinadas empresas sin ningún tipo de garantías.

El tiempo ha dado la razón a los que la tenían, y ahí está Intelhorce, HYTASA, Nervacero, Aceros de Llodio, Echevarría, La Farga Casanova, Segarra, etcétera, para demostrarlo.

El 5 de junio de 1981 se cambia de arma, pero no se modifica el ángulo de tiro. El Gobierno publica un decreto de reconversión industrial que, entre otras cosas:

a) Posibilita la reestructuración por decreto del Gobierno en los sectores que denomina básicos, sin especificar cuáles son éstos, y abriendo la posibilidad de reestructuraciones unilaterales sin contar con los trabajadores.

b) Ofrece apoyo privilegiado a las llamadas sociedades de reconversión, primando a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas, y con tendencia a crear monopolios apoyados en fondos públicos y sin control parlamentario.

c) Posibilita la extinción y rescisión de contratos de forma discrecional y sin creación de empleo alternativo.

d) No especifica la participación de los comités en la aplicación de los acuerdos a las empresas.

En realidad, la aplicación práctica del decreto en los casos en que se ha dado (FEMSA-R. Bosch, Aceros Especiales, Construcción Naval, Ibercobre, textil) ha limitado los efectos más negativos, como consecuencia de la presencia y presión sindical en cada una de las negociaciones. No obstante, las acciones llevadas a efecto hasta ahora no han sido sino una serie continuada de golpes parados por los sindicatos, lo que resulta lógico desde su óptica, ya que éstos en estos casos lo único que pueden hacer en las actuales circunstancias es defender los intereses de los trabajadores y evitar que haya despidos, objetivo que se ha conseguido en parte y en ciertos casos por la vía de las jubilaciones anticipadas y las bajas indemnizadas voluntarias.

Sin embargo, el Gobierno, en los últimos tiempos, y en sectores como la gama blanca, el material para energía y las telecomunicaciones, entre otros, no quiere aplicar reconversiones sectoriales y plantea una política de ayudas empresa por empresa, es decir, que intenta de nuevo volver al punto de partida del señor Abril Martorell.

Es evidente que los pasos emprendidos hasta ahora por UCD para abordar la reconversión industrial en España han supuesto un debilitamiento continuo de la estructura de nuestra industria, y los números cantan: 382.000 puestos de trabajo netos desaparecidos entre 1976 y 1979, y no menos de 250.000 entre 1980 y 1981.

Ante esta situación, lo más lógico es pensar que no existe en España una política industrial definida. No obstante, no conviene engañarse, pues la inexistencia de política industrial es de por sí una política que sintoniza perfectamente con el neoliberalismo económico tan en boga entre las mentes pensantes de nuestra derecha. Aunque es sabido que esta teoría y su práctica resultan contradictorias porque, mientras se proclama el liberalismo, se reclama continuamente la ayuda financiera y la intervención legal, por vía de desgravaciones fiscales o medidas proteccionistas del sector público.

Esta nueva aplicación del viejo laissez faire se traduce en los planteamientos implícitos de nuestros gobernantes y de los poderes patronales fácticos en limpiar las pequeñas y medianas empresas en una primera etapa, lo que de alguna forma han conseguido, aligerar las plantillas de las grandes en una segunda etapa, para llegar a una tercera en la que, como dice la cita evangélica, "lo demás nos vendría dado por añadidura".

Esta política, que consiste en no definir una política para la industria española, acabaría necesariamente, y caso de no enmendarse a tiempo, en el desastre.

En un momento como el que estamos viviendo, en el que la división internacional del trabajo se está modificando aceleradamente , en el que las multinacionales dirigen una buena parte de sus producciones hacia países con menores costes de mano de obra, en el que la introducción de las nuevas tecnologías procedentes del campo electrónico e informático pueden trastocar estructuras y procesos productivos enteros, en el que la Europa a la que queremos dirigirnos está programando estrategias de defensa común para su industria, en este momento el esperar a ver qué pasa es un suicidio.

Sería una pena que el necesario debate en el pleno del Parlamento sobre el decreto de reconversión industrial pasase sin pena ni gloria. Los comunistas no queremos que esto sea así; queremos que el decreto se modifique, pero también pretendemos que ese debate sea el punto de partida de una discusión más global sobre la política industrial a aplicar en nuestro país para salir de la crisis.

Consideramos que los puntos mínimos a incluir en este debate deberían tener en cuenta:

- La definición de un modelo tecnológico.

- La perspectiva de entrada en la CEE.

- El papel de la empresa pública.

- La política de negociación con las multinacionales desde posiciones de defensa del interés nacional.

- La definición de sectores industriales a potenciar.

- El crecimiento del mercado español y la necesaria política de reactivación.

- La política de gasto público y fundamentalmente de inversión.

- La relación de la estructura del sistema financiero español con las dificultades de las empresas, y fundamentalmente de las pymes.

- La política hacias las pymes, como sector empresarial generador de empleo.

- El modelo fiscal necesario para el desarrollo de la industria española.

- La situación deprimida de determinadas áreas territoriales (Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla, Aragón, etcétera).

- La política de distribución de trabajo (descenso de las edades de jubilación, disminuciones de jornada, etcétera) compatible con los incrementos de productividad que se están produciendo y que se van a acrecentar como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías.

Es evidente que una política industrial de estas características exige la concertación social, el acuerdo de las fuerzas implicadas y, de alguna forma, la participación de la izquierda en la administración del Estado.

Este es el reto al que se enfrenta la industria española y al que, debemos responder. El PCE tiene una política industrial y la dará a conocer en breve, haya o no haya debate, aunque insistimos en que es fundamental que éste tenga lugar.

Este es el reto al que hasta ahora no han querido hacer frente nuestros gobernantes, y es una tragedia, porque el camino por el que parece que nos quieren llevar conduce directamente al subdesarrollo industrial, con las secuelas sociales que conlleva: mayor dependencia exterior, paro, empobrecimiento, etcétera.

Pero lo que es más grave es, que todas estas secuelas llevan a un deterioro continuo de la convivencia, a que se malinterprete lo que realmente es la reconversión industrial y a que cada vez más trabajadores, que no ven más que los efectos negativos del procesco, digan, sin pararse a pensar más y sin ser conscientes de que esa tampoco es la salida: "¿Reconversión industrial?: no, gracias".