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El proceso por la rebelión militar del 23 de febrero

Demasiado lejos

Si la operación era de carácter nacional, al servicio de España, en defensa de la democracia y de la Corona y a las órdenes del Rey, muchos españoles tenían mejor ganado su derecho a ser convocados para llevarla a cabo que quienes hoy se sientan en el banco rojo del servicio geográfico.Aquí, en Campamento, los letrados defensores están llevando tan lejos sus suposiciones y tan a punta de lanza la preservación del honor de sus defendidos, que mundan todo el espacio y arrebatan a quienes no conspiraron para la rebelión el suyo.

Sobre las bases que una y otra vez, con incansable martilleo, atribuyen a sus patrocinados ¿cómo podrán explicar por qué no se contó con los demás, incluso dentro del propio Ejército?

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Cuando el general Armada explica, por ejemplo, las condiciones que pone para intervenir en la búsqueda de una solución que termine con la ocupación del Congreso, menciona explícitamente la de evitar la división del Ejército. Pero esa pretensión resulta desplazada en el tiempo. La división del Ejército, o mejor dicho, la escisión de una pequeña parte del mismo, ya se había consumado, precisamente a cargo de los conspiradores que, al menos desde la reunión de la calle general Cabrera el 18 de enero de 1981, procedieron a realizar su particular escrutinio del barbero, separando a los oficiales y jefes que visten el mismo uniforme en filas de adictos y sospechosos.

Torres Rojas y San Martín eran adictos, el coronel Iñiguez, sospechoso.

Por eso la ocupación de RTVE no se le encomendó, como hubiera dictado la lógica, al regimiento de la red permanente, sino al de Villaviciosa.

¿Qué hubiera pasado si tan sólo una vez alguien hubiera deslizado en la sala donde se celebra la vista la más mínima sospecha sobre la deslealtad del general Milans, pongamos por caso, o sobre la falta de cumplimiento a la palabra empeñada, o sobre la falta de honorabilidad?. Veamos lo sucedido en el asunto de Diario 16 y el capitán Alvarez Arenas, repasemos la resolución tomada por el tribunal al respecto y podremos formarnos una ligera idea. Pues bien, cada día, cada minuto, en esa misma sala, se da por descontada la deslealtad del Rey hacia sus soldados y hacia su pueblo, su falta de cumplimiento a la palabra dada y su falta de honorabilidad y aquí nadie se da institucionalmente por aludido para salir al paso.

Alguien en algún momento tendrá que asumir la defensa del Rey en cuyo ataque permanente se sienten incursos todos los buenos españoles.

Hay que dejar en claro que no es posible el medio camino que intentan los defensores al señalar con grandilocuencia las dimensiones patrióticas de la operación y subrayar al mismo tiempo todos los descompromisos que pudieran aliviar la carga penal de sus patrocinados.

Y todo ello queriendo hacerlo paradójicamente compatible con la invocación del código de los caballeros.

Así, por ejemplo, no cabe defender legítimamente la actitud del comandante Ricardo pardo Zancada por parte de quienes no tuvieron la decisión de acompañarle hasta el Congreso de los Diputados.

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