Los extranjeros ya pueden dirimir sus conflictos económico-comerciales en España

Las empresas y organismos públicos extranjeros pueden, desde ahora, someter sus conflictos económico-comerciales a la decisión de árbitros institucionales españoles. El lunes por la tarde empezó a funcionar en Madrid la Corte Española de Arbitraje, cuya constitución será ratificada hoy por el pleno del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Mientras esperan que se levanten las trabas a dicho recurso para empresas nacionales, los promotores del proyecto creen que el triángulo económico Europa-Latinoamerica-Países árabes les proporcionará gran número de clientes.

La Corte Española dice no tener antecedentes históricos en el arbitraje internacional, aunque varias entidades se dedican desde hace tiempo al arbitraje privado sin respaldo institucional. Es el caso, por ejemplo, de un servicio de la Bolsa de Madrid, así como de la Asociación Española de Arbitraje, formada por catedráticos expertos en temas mercantiles. Los contratos entre empresas no se suelen olvidar de hipotéticos conflictos en el futuro, tanto en la interpretación de cláusulas dudosas como en su ejecución.Sin embargo, la ley de Arbitraje de Derecho Privado, promulgada en 1953, prohibe el de carácter institucional. Para la autarquía imperante hace treinta anos eran desconocidos los conflictos económico-comerciales con el exterior. Además, la dictadura reafirmó el monopolio judicial del Estado; excepto el derecho a solicitar un juez estatal, las partes se encontraban sin posibilidad ni tradición de que otras instituciones solucionaran sus conflictos.

Un activo político

La internacionalización de la economía favoreció que un decreto de 22 de mayo de 1981 autorizara al Consejo Superior de Cámaras de Comercio a realizar arbitraje internacional. Inmediatamente, esta entidad paraoficial creó un servicio, de¡ que ahora han salido la citada Corte y una fundación que financiará sus trabajos, sobre todo mientras supera el rodaje.

El presidente de la Corte, el abogado Bernardo Cremades Sanz-Pastor, 38 años, ha declarado que espera una próxima derogación del citado decreto, pues España ha suscrito numerosos convenios internacionales que prevén la realización de arbitrajes. En su opinión, aparte de múltiples beneficios económicos, la implantación del arbitraje internacional tiene una importancia jurídica extraordinaria y es un activo político.

Cremades cree que España puede convertirse en foro de resolución de conflictos entre empresas europeas y latinoamericanas y árabes, por la proximidad cultural y lingüística, además de su situación de puente geográfico. Actualmente, para problemas con países del Este las empresas recurren a Estocolmo o Viena. La Corte más reputada de Europa es la de la Cámara de Comercio Internacional de París, a la que pensaban someter su contrato sobre Seat el Instituto Nacional de Industria y la empresa multinacional italiana del automóvil, Fiat.

Según el presidente de la Corte española, que pretende guardar la máxima confidencialidad en torno a sus clientes, en la misma serán abordados asuntos comerciales e internacionales en general, desde problemas de compra-venta, pasando por entrega de factorías llave en mano, a problemas de nacionalizaciones.

La Corte funcionará en pleno y en comisiones. El pleno, con número abierto de miembros, lo han integrado, en su primera reunión, una treintena de representantes del Consejo Superior de Cámaras, CEOE, Consejo Superior Bancario, Instituto Iberoamericano de Cooperación, Consejo General de la Abogacia, Colegio de Abogados de Madrid, Banco Exterior de España, etcétera.

Las comisiones formadas en un principio y sus primeros responsables son: designación de árbitros, Marcelino Cabanas, exsubsecretario de Justicia con Garrigues y secretario general técnico de la Conferencia de Ministros de Justicia Latinoamericanos y Luxo filipinos; financiación, Rodrigo Etchenique, director general adjunto del Banco Exterior de España; redacción de reglamento, Alfonso Caro, del Consejo Superior Bancario; Relaciones con otras instituciones, Enrique Pastor, de CEOE; y Estudios y publicaciones, Otero Lastra, catedrático.