Mayor Zaragoza confía en que la LAU no corra la misma suerte que el Estatuto valenciano
El titular de Educación y Ciencia, Federico Mayor, confía en que la ley de Autonomía Universitaria no corra en el Pleno del Congreso la misma suerte que el Estatuto de Valencia. El ministro dijo ayer en una conferencia de Prensa que aunque no quería hacer previsiones, creía que no hay ninguna razón especial para temer que de aquí a entonces pueda romperse el pacto con el PSOE .
El profesor Mayor Zaragoza dedicó vivos elogios a la labor realizada por la comisión parlamentaria que ha dictaminado la ley, de la que dijo que había perfeccionado considerablemente el texto, y añadió que estaba absolutamente seguro de que este proceso de perfeccionamiento continuaría en los trámites parlamentarios que aún quedan hasta su definitiva sanción y promulgación. Para el ministro de Educación, que rindió tributo de agradecimiento a sus antecesores y a los grupos parlamentarios que han contribuido a su consecución, "fruto de una suma de aportaciones y no de ninguna resta", la LAU es una ley moderna que responde a la situación real de nuestra universidad, profundamente transformada a lo largo de los tres últimos lustros, y que la sitúa en el marco de referencia de la Constitución".En cuanto a aspectos concretos de la ley, el ministro se refirió al nuevo sistema de acceso del profesorado, "que contribuirá a invertir la situación actual", caracterizada por el elevado porcentaje que representan los profesores no numerarios.
Rechazó, por injustificadas, ciertas críticas que la ley ha recibido, sobre todo de los partidos nacionalistas, en el sentido de que la LAU es un claro anticipo de la LOAPA (Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico), aunque admitió que hay en ella una clarificación sobre competencias de las comunidades autónomas y del Estado que tal vez pueda dar pie a tales interpretaciones, pero que en cualquier caso resultaba absolutamente necesaria.
Acompañaban al ministro el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Saturnino de la Plaza, y el director general de Ordenación Universitaria y Profesorado, José Manuel Pérez Prendes. Este último, con respecto a la cuestión de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, dijo que la ley se ajusta en esta materia a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la alta inspección del Estado. "Hay que destacar", añadió el director general, "que el artículo 67.7 , en donde se explicitan las potestades del Estado en materia universitaria, coincide plenamente con las líneas maestras de dicha sentencia del Tribunal Constitucional".
En relación al número de profesores no numerarios que podrán beneficiarse de la exención de la habilitación estatal para ser contratados por las universidades como profesores permanentes, el secretario de Estado de Universidades, dijo que era prácticamente imposible conocerlo por la dificultad que entraña saber en estos momentos quiénes están en condiciones de computar los cinco años de docencia que se exigen en la ley, que, como la misma establece, pueden haberse realizado en España o en el extranjero. Por otra parte, está la dificultad adicional que representa el hecho de que el acogerse a esa cláusula depende de la voluntad de los profesores, que habrán de elegir entre acudir a la habilitación o al contrato.
El propio profesor De la Plaza apuntó la posibilidad de que en el Pleno del Congreso se modifique el artículo 58, que tanta oposición ha encontrado entre los profesores agregados de escuelas universitarias. Tal modificación supondría mantener la posibilidad de que los titulados de estas escuelas puedan ser contratados como profesores permanentes, pero no, como sucede según la redacción actual, llevando esta posibilidad hasta su integración en el cuerpo de profesores agregados.
