La oposición critica al Gobierno en el Congreso por el caso Fidecaya

La solución dada por el Gobierno al asunto Fidecaya recibió ayer amplias críticas de los grupos de oposición en la Comisión de Hacienda del Congreso. El ministro Jaime García Añoveros acudió por propia iniciativa a dar cuenta de la venta de los restos de la entidad de ahorro particular a Rumasa. No obstante, tuvo que contestar a las acusaciones socialistas sobre incompetencia del Gobierno, así como a una opinión mayoritaria recelosa respecto a las condiciones de pago pactadas con el grupo bancario de Ruiz Mateos.

El ministro de Hacienda aportó, como principal novedad, que el Consejo de Estado ha dictaminado la necesidad de aprobación,Siel convenio con Rumasa por el Consejo de Ministros, al que será sometido en su próxima reunión. El acuerdo con Rurriasa, de 24 de diciembre, fue ratificado por Orden ministerial el 17 de febrero, cuando se giraron a dicho grupo los 5.912 millones de pesetas, que se ocupará de devolver a los ahorradores de Fidecaya en nombre del Estado.Según García Ahoveros, el contrato quizá no sea el mejor de los posibles, pero sí el único posible. En este sentido, subrayó que, tras decidirse la liquidación de Fidecaya, el pasado 4 de septiembre, los liquídadores ofrecieron una solución global. Había que devolver los 14.927 millones de pesetas garantizados por el Estado (todo menos 938 millones de pesetas) junto a créditos frente a Fidecaya por 2.500 millones de pesetas.

Al no alcanzar soluciones globales, según el ministro, se llegó a acuerdos parciales con ocho cajas de ahorro o rurales para devolver el 60% del dinero garantizado, encajar a 207 empleados: vender o traspasar 93 locales. Para el resto (Norte, Cataluña, Levante y parte de Castilla), en diciembre la Caja de Ahorros de Cataluña concretó una oferta, que no prosperó porque dicha entidad quería expansionarse fuera de su zona y ello que rechazado por criterios predominantes en la Confederación de Cajas de Ahorro".

El posterior acuerdo con Rumasa contempló la devolución de los últimos 5.912 millones de pesetas garantizados por el Estado, astimir los 326 empleados pendientes de colocación y todo el patrimonio de Fidecaya, comprometerse a pagar a cedulistas y acreedores no beneficiados por dicha garantía, y abonar como precio por todo los 14.927 millones de pesetas puestos por el Tesoro. El plazo de esta cantidad se hará en 20 años, con 4 de carencia. También resultaron infructuosos los tanteos en las mismas condiciones ofrecidos a principios de año a bancos y cajas de ahorro.

La abeja y los zánganos

En el turno de preguntas y opiniones de los grupos parlamentarios, Enrique Granados (PSOE) afirmó que Fidecaya ha mantenido operaciones irregulares desde su constitución, en 1952, todo ello "tolerado por el Gobierno". En su opinión, ahora "la abeja reina (alusión al emblema de Rumasa) ha logrado una operación genial y los zánganos y obreros tenemos que pagar".

En la misma línea, Carlos Solchaga (Socialistas Vascos) dijo que el Gobierno debía haber afrontado la liquidación desde el principio y no presentarse luego como víctima. Asimismo, Ramón Tamames, del Grupo Mixto, afirmó que en pesetas de 1982, Rumasa sólo habrá pagado el año 2002 unos 4.700 millones de pesetas, menos de lo recibido ahora. Las intervenciones de Antonio Monserrat (PSUC) y Carlos Gasoliba (Minoría Catalana) se centraron, respectivamente, en la actuación de "bancos que hacen y deshacen", y en pedir información sobre las ofertas a otras entidades.

El ministro contestó a Granados que todas las irregularidades denunciadas por él estaban en la información que le facilitó Hacienda, y que un Gobierno responde sólo de su gestión. A Tamames le dijo que la pérdida para el Tesoro es la menor posible. Y a Monserrat y Gasoliba, que ninguna otra entidad aceptó o mejoró las condiciones de Rumasa.