Menos de 10.000 médicos estarán sujetos a incompatibilidades entre los 60.000 pluriempleados en la Administración

La exclusión de la mayoría de los médicos en la nueva regulación de incompatibilidades en el sector público, que recoge el proyecto de ley dictaminado esta semana por la Comisión de Presidencia del Congreso de los Diputados, supone un retroceso respecto a la actuación de la propia Administración y el fortalecimiento de la actual estructura sanitaria, sobre la que el Gobierno de UCD ha señalado reiteradas veces la necesidad de que sea reformada.Según estimaciones fiables, dentro del margen de error que imponen las farragosas y laberínticas fuentes oficiales de datos administrativos, se pueden cifrar entre 3.000 y 10.000 los médicos que se verán afectados por las incompatibilidades, de un total de 80.000 médicos que actualmente trabajan en España, la mayor parte en puestos de la sanidad pública y pluriempleados.

Antes de describir el proceso de las incompatibilidades médicas es preciso señalar que desde finales de 1980, y en tanto se llegaba a una nueva reglamentación al respecto, la Administración central sanitaria venía aplicando un rudimentario sistema de incompatibilidades. A los titulares de nuevos puestos de trabajo se les hacía firmar un documento en el que textualmente se dice: "Don... Declaro no tener impedimento alguno para el ejercicio de la plaza de... que me ha sido adjudicada, así como no desempeñar ninguna otra del Estado, provincia o municipio u organismos y entidades de la Seguridad Social con la cual resulte incompatible, en virtud de lo dispuesto por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/79, de 29 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1979". La situación, tal como ha quedado planteada según el texto aprobado el pasado martes en la Comisión de Presidencia del Congreso de los diputados, incluye menos incompatibilidades que las marcadas por el documento indicado más arriba.

El proyecto de ley, que en su día, habrá de ser remitido al Pleno del Congreso, presenta ahora el tema de las incompatibilidades de los médicos reducido a aquellos que sean "funcionarios" del Estado y de la Seguridad Social y, aun en este caso, podrán ocupar dos puestos de trabajo cuando sólo uno de ellos sea hospitalario y siempre que dependan de Administraciones públicas diferentes, o si así lo hacen necesario determinadas circunstancias excepcionales. Según este texto, la mayoría de los médicos que trabaja para la sanidad pública, ya sea dentro de la Seguridad Social o en otros estamentos estatales, queda fuera de la incompatibilidad porque no trabajan como funcionarios, sino como estatutarios. Y a aquellos que sí afecta este proyecto legal se les da la citada posibilidad de un doble empleo. No obstante esta vía de escape al pluriempleo para los funcionarios que queden inmersos en el ámbito de incompatibilidades, se planteará una situación discriminatoria de hecho entre los funcionarios y los estatutarios: igual carácter de plaza en propiedad, similar función laboral, pero distinto trato ante la ocupación múltiple de puestos de trabajo.

Pluriempleo abundante

A principios del pasado mes de diciembre, en el transcurso de una mesa-coloquio celebrada en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se, hizo referencia a los datos recogidos por la revista del Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social sobre 1978. Según esta fuente, 165.000 puestos de trabajo diferentes y fijos (la práctica totalidad del sector público) estaban cubiertos. Si se tiene en cuenta que la población médica en situación de empleo en ese año era de 72.000 médicos, la citada revista señalaba una media de 2,3 puestos de trabajo por médico. Esté porcentaje de pluriempleo se incrementa realmente en quienes lo practican, al descontar los 12.000 médicos que, en esa fecha, se contabilizan con dedicación exclusiva, así como los facultativos dedicados sólo a trabajos privados, y que suponen un número mínimo.

De tales números se desprende que, en 1978, al menos unos 60.000 médicos ocupaban más de dos puestos de trabajo en la. sanidad pública. La situación actual se estima proporcionalmente similar con respecto a una población médica empleada de 80.000.

Fuentes informativas más próximas en el tiempo (Informe económico-funcional de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, Subdirección General de Administración) señalan que trabajan en dichas instituciones 56.314 médicos, de los cuales 36.226 lo hacen en instituciones abiertas y 20.088 en instituciones cerradas (hospitales); pero como tales funcionarios a los que afectarían las incompatibilidades sólo, están los inspectores médicos, que son 381.

En ese contingente están incluidos los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (también llamados APD, rurales y de cabecera), cuya función está a caballo de la Administración central y la local y cuyo status, a efectos de las incompatibilidades, no aparece claro, aunque quizá sería el grueso de los

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afectados por este proyecto de ley, puesto que pertenecen al Cuerpo de Funcionarios Técnicos del Estado al Servicio de la Administración Local. En tal caso, se supone que las excepciones previstas en el texto de incompatibilidades beneficien a este sector, cuyo número, según la Memoria Estadística del Instituto Nacional de Previsión 1976 es de 7.682.

La Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISN) absorbe también a un gran cantidad de médicos, pero el número de éstos con carácter de funcionarios sólo es de 1.668, según la documentación editada por el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales de 1982. Esta misma fuente señala un número de 561 forenses y 222 médicos del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia, catalogados como funcionarios, entre los facultativos que emplea este departamento ministerial. Y, con respecto al Instituto Social de la Marina, apunta datos de los que se extraen como médicos al servicio de esta institución un millar, si bien sólo una decena -no desglosada por esta documentación- de inspectores médicos caería bajo el criterio de funcionarios. No se perfila todavía con claridad si las incompatibilidades médicas alcanzarían a los estamentos militares, donde a través de la sanidad militar se cubre una amplia parcela de sanidad pública. En cualquier caso, el número de facultativos funcionarios en este sector no se especifica en los citados Presupuestos.

En total, y con referencia a las últimas estadísticas conocidas, cabe cuantificar el número de médicos funcionarios sujetos a relativas incompatibilidades, según el proyecto, entre 3.000 y 10.000, de un total de 80.000 médicos en ejercicio, en su mayor parte en puestos de la sanidad pública, y con un número de médicos en paro estimado entre 15.000 y 20.000, de los cuales unos 5.000 realizan trabajos de subempleo sustituyendo en los puestos menos gratificantes a los médicos pluriempleados.

La dispersión administrativa

La actual dispersión administrativa de la sanidad tiene su origen en el régimen político anterior, durante el cual no se realiza una planificación sanitaria global (sólo existía una Dirección General de Sanidad), sino que se dan respuestas a los problemas según surgen (hospitales antituberculosos, Instituto Social de la Marina, instituciones de beneficiencia socio-sanitaria). La estructura así generada sigue igualmente dispersa, a pesar de los intentos de agrupación.

En la actualidad, el Instituto Nacional de la Salud supuso la refundición del antiguo INP y las mutualidades laborales, fundamentalmente, así como otras instituciones de menor incidencia, como el Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es este organismo el de mayor capacidad de empleo.

Otro de los grandes estamentos de la sanidad pública es la Administración Institucional de la Sanidad Nacional. Es un cajón de sastre donde se incluyeron todos los centros sanitarios que dependían del Estado y que no tenían sitio orgánico en otro lugar. Fueron éstos, principalmente, los antituberculosos, los psiquiátricos, los dispensarios antivenéreos, algunos grandes hospitales de la Beneficencia del Estado (Gran Hospital de Madrid, y los hospitales del Rey y de Victoria Eugenia, situados también en la capital de España), algunos de carácter especial (el Oncológico) y otros auxiliares de la investigación (como los centros de Farmacobiología, Virología, Nutrición y Alimentación de Majadahonda, Madrid). Por si la confusión fuera poca en este sector, el personal que trabaja en el mismo tiene diferente situación orgánica y laboral: unos son funcionarios del Cuerpo de Sanidad Nacional -cuerpo de élite para la planificación, prevención y gestión sanitaria antes de que se creara la Seguridad Social, y hoy con menor incidencia-, otros son contratados laborales, y otros, de plantilla de la Seguridad Social, por citar los rasgos más sobresalientes y prescindir de casuística.

Las corporaciones locales constituyen un tercer bloque de esta dispersa estructura sanitaria. En ellas, los cabildos y las diputaciones suelen tener personal propio. Sin embargo, en los ayuntamientos la situación es más peculiar. El personal sanitario de éstos son sanitarios locales, pero el cuerpo en el que se integran los hace depender administrativa y económicamente de la Administración central, a la par que funcionalmente depende de esa corporación local. Es el caso de los médicos APD, veterinarios, farmacéuticos, practicantes y matronas titulados. Esta peculiaridad se establece con la centralización del franquismo y resulta especialamente expresiva en el caso de los médicos rurales. La creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad y la seguridad social agraria y de autónomos, en los años cuarenta, transforma la función de estos médicos, antes dedicados a la necesidades de su ayuntamiento y a su consulta privada (con las famosas igualas o sin ellas), y a partir de entonces, a las necesidades de aquella primitiva seguridad social estatal. Es el momento en que a estos médicos se les otorga un cupo del SOE, por lo que pasarán a ejercer de hecho un pluriempleo en dos administraciones públicas, la central y la local.

La Universidad, los tres ejércitos, el Ministerio de Justicia y el Instituto Social de la Marina completan este esquema, en el que hay que destacar otro estamento: las mutuas patronales de accidentes de trabajo, las cuales, con fondos públicos con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, no dan directamente empleo sanitario, sino que conciertan su demanda de asistencia con la empresa privada.

A pesar de la amplitud de la estructura quedan importantes lagunas asistenciales actualmente poco cubiertas o en tremenda desconexión: planificación familiar, psiquiatría, toxicomanías, geriatría, minusvalías, epidemiología, etcétera, así como, paradójicamente, se producen notables duplicidades en determinados aspectos asistidos desde diversos organismos sin apenas coordinación.