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Editorial:

Incompatibilidades para los parados

LOS RUMORES que atribuyen a Félix Pérez Miyares, actual delegado del Gobierno en Andalucía, varios ingresos remunerados con cargo a fondos públicos están seguramente lastrados por la conocida tendencia a la exageración que reina al sur de Despeñaperros. Sin embargo, también en Madrid circulan asombrosas listas que, de confirmarse hasta en dosis rebajadas, demostrarían la prodigiosa capacidad de algunos políticos y altos funcionarios para simultanear puestos oficiales al mismo tiempo o para figurar en diversas nóminas del sector público sin necesidad de justificar otros servicios que la buena disposición para cobrar sus sueldos a fin de mes. Hasta tanto no se demuestre que los profesionales del poder y los miembros de grandes cuerpos de la Administración Pública gozan del don divino de la ubicuidad o de la virtud de multiplicar las veinticuatro horas del día para consagrarlas al trabajo, los ciudadanos tendrán pleno derecho a sospechar que la enérgica resistencia del partido del Gobierno y de sus aliados a aprobar un régimen de incompatibilidades claro y decente guarda relación directa con los intereses materiales de diferentes sectores del grupo parlamentario centrista y del aparato del Estado, para quienes los presupuestos generales son fuente de inagotables recursos.La Comisión de Presidencia del Congreso resolvió ayer, con los votos favorables de UCD, Coalición Democrática y la minoría catalana y la significativa ausencia del PNV, dejar fuera del régimen de incompatibilidades a los médicos que prestan sus servicios al Estado y a la Seguridad Social en régimen estatutario, situación laboral a medio camino entre el contrato de trabajo y la condición de funcionario público. El gesto para justificar tal decisión es que ya se sabe que muchos médicos acostumbran a alternar sus consultas privadas no sólo con el desempeño de un trabajo remunerado por el sector público sino con dos o mas nóminas de ese carácter. También se aduce que los ingresos de la medicina pública son escasos, omitiendo con esta verdad a medias el dato decisivo de que los hospitales y consultorios públicos constituyen para la mayoría de los médicos un procedimiento no solo para madurar en el ejercicio de su profesión sino también para revalorizar su nombre y aumentar su prestigio en función de los honorarios de sus consultas privadas. Otro de los argumentos cuchicheados para amnistiar la irregularidad de que un profesional de la medicina atienda deprisa y corriendo varias consultas públicas, con quebranto de la atención que merecen los enfermos, es que una aplicación estricta del régimen de incompatibilidad, que obligaría a los multiempleados a dejar algunos de sus traba os, debilitaría la cobertura sanitaria española . Ahora bien, los defensores del realismo y del mal menor con respecto a los doctores que monopolizan hospitales, dispensarios y consultorios sufragados con dinero público tienen el deber de explicar a los miles y miles de licenciados de medicina parados las razones por las que el Gobierno colabora al engrosamiento de la bolsa del desempleo médico, que fuerza a esos jóvenes titulados a aceptar trabajos en régimen de subarriendo o como negros de otros galenos multiempleados.

Para mayor sarcasmo, el único esfuerzo sostenido y coherente desplegado hasta ahora por la Administración Pública en el terreno de la moralidad ciudadana frente al despilfarro ha sido la lucha contra el fraude en la percepción del subsidio de desempleo, cuestión que suscita la santa cólera de la prensa bien pensante, tan abundante en asesores ministeriales o miembros de gabinetes de prensa de departamentos oficiales y empresas estatales que compatibilizan, sin rubor, esos trabajos con su oficio de periodistas presuntamente independientes. Es absolutamente censurable que los parados simultaneen la percepción del subsidio de desempleo con los ingresos que puedan obtener de los trabajos irregulares, sin alta en la seguridad social, que les ofrezcan los aprovechados de la economía golfa o sumergida. Pero este abuso de los fondos públicos, que es preciso perseguir y castigar, resulta casi una chapuza en comparación con la desenvoltura con la que algunos funcionarios abordan por flancos múltiples los presupuestos generales. La ley autoriza a los pluriempleados de lujo para cobrar como ministros, diputados, concejales, funcionarios, asesores de altos cargos y consejeros de empresas estatales, para hablar tan solo de algunas de las formas más conocidas de entrar en pródigo contacto con el tesoro, mientras que parece solo sancionar a los defraudadores del seguro de desempleo. La solución, claro, no está en tolerar también este fraude, sino en castigar todos los otros igual o prioritariamente. La resistencia del partido del gobierno a establecer un régimen de incompatibilidades digno y decente para la función pública solo tiene una explicación verdadera: a nadie le gusta ser incompatible consigo mismo. Lo que los diputados centristas que no quieran contribuir a este enfadoso embrollo tienen que preguntarse es durante cuanto tiempo van a ser a este paso compatibles con ellos sus electores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 1982