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Tribuna:

El hilo del fiscal, la linealidad de Milans y el 'suspense' de Armada

La trama inexplicada del 23-F sigue desplegándose para mayor confusión de cuantos siguen su desarrollo desde los bancos de la Prensa. Durante varias sesiones pudo seguirse con alguna claridad el hilo conductor del fiscal, que abrió ya el espectro de las contradicciones; luego vino la linealidad del coronel Escandell, defensor del general Jaime Milans del Bosch, que erró el efecto buscado con la remisión a la hoja de servicios de su patrocinado; y el último acto ha corrido a cargo del letrado Hermosilla, defensor del general Alfonso Armada, quien con la más depurada técnica del suspense ha devuelto impecablemente el servicio, como gustan decir los tenistas.Las limitaciones del procedimiento escrito restan a la vista de la causa por el 23-F las espléndidas posibilidades que brinda la técnica moderna. ¡Cómo hubiéramos seguido la vista con el concurso de la luz y el sonido, el vídeo y el magnetófono, la proyección sobre pantalla de los recintos donde tuvieron lugar los hechos que se narran y un relator señalando, puntero en mano, la situación de procesados y testigos que se citan!

Han sido seis jornadas de vista con once sesiones y casi treinta y cinco horas de audiencia. El contacto ha suavizado las incomunicaciones iniciales y ya empieza a ser frecuente en las esperas ante las puertas de la sala, o en las breves pausas de mediodía, la charla de periodistas con familiares o defensores, así como con lós miembros de las comisiones de jefes y oficiales que han sido designadas para asistir oficialmente a la vista. Esos contactos permiten descubrir la figura que compone la línea de puntos marcada por los folios cuya lectura han ido hasta ahora solicitando el fiscal, el coronel Escandell y el letrado Hermosilla.

El fiscal lo tenía tan claro como sus conclusiones permitían anticipar. Al servicio de esa claridad, para permitir una mayor iluminación, solicitó la lectura de los folios que estimó pertinentes, casi todos ellos referidos a declaraciones de los propios procesados. A los oyentes terminaban por zumbarles los oídos las contradicciones no sólo de matiz sino sustanciales, no sólo sobre la significación de los hechos sino sobre su propia realidad, no sólo entre distintos procesados sino entre las sucesivas declzlraciones de un mismo encausado.

Las claridades del fiscal están prendidas de un hilo conductor en el que cobran toda su fuerza determinados silencios y omisiones.

Los interrogatorios a los procesados no incluyen pregunta alguna sobre el carácter anticonstitucional del asalto por las armas al Congreso de los Diputados y la toma como rehenes del Gobierno y los representantes electos del pueblo. Tampoco hay menciones sobre lo dispuesto en las Reales Ordenanzas en torno a los límites de la obediencia debida. Y se echan en falta algunas intervenciones del fiscal y del propio juez instructor ante insolencias provocadoras como la proferida por Tejero en su careo con Cortina donde ofrece una del siguiente tenor literal: "La próxima vez que entre en el Congreso, tomaré nota de las horas en que suceden todas las cosas". Por bastante menos se han visto incoar nuevos procedimientos a declarantes en otras causas. En el caso presente ni siquiera consta observación o apercibimiento de quien podía formularlo.

No aparece por ningún lado la tierra firme. Las declaraciones se sitúan en el panta,no de las excusas. Como señalaba un observador jurídico, todos los encausados parecen mucho más preocupados por establecer con seguridad su coartada que por contribuir con eficacia al propio golpe. Desde el pretexto del notario sin cita, hasta la invocación del vacío de poder que iba a provocarse deliberadamente, o la insólita atribución que un boletín del CESID hace a Comisiones Obreras de pretender nada menos que el asalto a los cuarteles. Incluso las declaraciones más contundentes y que ofrecen el contraste de mayor sinceridad nacen de actitudes cuya valoración militar resulta discutible. Ese es el caso del comandante Pardo Zancada, alguno de cuyos subordinados, como el capitán Cid Fortea, declara que de haber sabido el destino de la columna no hubiera salido de los cuarteles de El Goloso.

Los oficiales de la Guardia Civil coinciden en versiones tendentes a asegurar que su presencia en el Congreso obedecía al deseo de evitar incidentes y tensiones. A ninguno pregunta el instructor o el fiscal por su reacción al conocer que tienen secuestrado bajo sus armas, sufragadas por el contribuyente, al Gobierno y a los diputados representantes electos de la soberanía nacional. Tampoco intentan el instructor ni el fiscal establecer la contradicción entre las invocaciones de las arengas para la recluta de los guardias -"¡Por Espafía, la Corona y la Democracia.'"- y la grosera realidad de un secuestro a punta de pistola a gentes inermes con tan alta responsabilidad nacional. ¿Cómo se puede homologar la validez del comportamiento militar de quienes dicen a sus guardias que van a prevenir un atentado terrorista al Congreso, para desembarcarles después en la Carrera de San Jerónimo convertidos en miembros de la columna secuestradora?.

Una personalidad militar de primer rango comentaba recientemente que en todo el periodo de pronunciamientos, iniciado en 1814 por Elío, capitán general de Valencia, hasta el de 1936 de Sanjurjo y Mola, se han catalogado cincuenta y cinco de todo signo político y con todos los finales posibles, desde el éxito clamoroso al fracaso completo. Pero en medio de tal diversidad, añadía el aludido general, se ha podido establecer una característica común: en todos los casos hubo unos hombres que asumieron con integridad las responsabilidades. Para subir al podium del poder o caminar hacia el paredón de la ejecución. A veces con gestos tan escalofriantes como el de algún romántico que solicitó y obtuvo mandar el pelotón que había de darle muerte. En el procedimiento del 23-F todavía no hemos salido de las incertidumbres.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de febrero de 1982

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