Posiciones marcadamente conservadoras en los abogados defensores

La lectura atenta de las biografías de los abogados que actuarán en la defensa de los implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero hace inevitable una conclusión de importancia: buena parte de esos letrados, entre los que figuran cinco militares, sostienen posiciones políticas marcadamente conservadoras, cuando no decididamente ultraderechistas. De su historial profesional se obtiene idéntica deducción, puesto que aparecen en aquél referencias abundantes de actuaciones en casos penales protagonizados por extremistas de derecha. Estas circunstancias explican la existencia de posturas comunes en el caso del 23 de febrero, con una intencionalidad política claramente definida.

Algunas de estas implicaciones llegan, incluso, al ámbito familiar. Este es el caso de Antonio Muñoz Perea, (34 años), defensor del capitán José Pascual Gálvez, que es yerno del dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar y ha sido considerado en diversas ocasiones como el jefe natural de Fuerza Joven. Muñoz Perca se ocupó de la defensa de David Martínez Loza, implicado en el asesinato de la joven Yolanda González y de los hijos del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas, cuando éstos, junto a su padre, fueron detenidos en junio del año pasado, por su presunta implicación en un nuevo intento desestabilizador preparado para el 23 de junio.Angel López Montero y Adolfo de Miguel son de sobra conocidos por sus posturas políticas reaccionarias. Cada uno de ellos tiene una columna fija en el semanario El Heraldo Español, cuya línea editorial e informativa es, incluso, más intransigente que la de su colega Fuerza Nueva. El primero, nacido en 1935, defensor del teniente coronel Antonio Tejero, es un curioso caso de evolución ideológica. Según diversos testimonios, sus primeros contactos con la política se realizaron a través de organizaciones de izquierda, y llegó a militar en el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno, que abandonó. En las elecciones municipales de 1979 se presentó como candídato a concejal por Madrid, por el llamado Partido Liberal Español. López Montero defendió a Juan Luis Méndez Moreno, uno de los funcionarios de policía implicados en la inuerte en Carabanchel del etarra Arregui.

Adolfo de Miguel

De Miguel, uno de los letrados de más edad de los que intervienen en este juicio, defiende al capitán de navío Camilo Menéndez, al comandante Pardo Zancada y a Juan García Carrés. Fue presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hasta 1979, en que cesó por una resolución administrativa que recientemente fue anulada. De Miguel consideró su cese como una represalia política. Mientras presidía la Sala Segunda del Supremo se celebraron diversos juicios inculpatorios de dirigentes de Comisiones Obreras, posteriormente encarcelados.

Se le identifica con la persona que, bajo el seudónimo Togado, firmó artículos en El Alcázar contrarios a la Constitución. En 1979 dirigió un escrito al Tribunal Supremo para que éste trasladara al Rey su preocupación por la supuesta situación de desgobierno en que se encontraba España y para que el monarca legitimara algún tipo de actuación.

Muy relacionado por estrechos lazos de amistad con Blas Piñar está Guillermo Quintana, de 41 años, defensor del general Luis Torres Rojas y del teniente José Núñez Ruano. En su nómina de actuaciones profesionales se observa que es uno de los abogados preferidos por ultraderechistas. Defendió, entre otros, a Leocadio Jiménez Caravaca y Gloria Herguedas, implicados en la matanza de abogados laboralistas del despacho de la calle Atocha, en Madrid; al teniente coronel Alejandro Molinero, procesado por la fabricación de bolígrafos-pistola; a los integrantes de un comando de Fuerza Joven que asaltó violentamente la facultad de Derecho de Madrid, suceso en el que resultaron heridas trece personas; a miembros del ultraderechista Batallón Vasco-Español y a los autores del asalto al bar San Bao.

Militares significados

Otros dos defensores significados por circunstancias comunes son Salvador Escandell y Carlos de Meer de Rivera. Ambos son militares y los dos ocuparon cargos políticos de cierta relevancia durante el franquismo. Escandell, nacido en 1918, coronel de Ingenieros, defiende en este proceso al teniente general Milans del Bosch y al coronel Diego Ibáñez Inglés. En Valencia, su ciudad natal, fue presidente del sindicato provincial de Cerámica y Vidrio, delegado de la Vivienda, consejero del Movimiento y presidente de la Diputación. También ocupó el cargo de gobernador civil de Las Palmas.

Escandell, cuyo nombre apareció ligado a la gestación de un partido de extrema derecha, integrado por miembros de un sector descontento con la línea de Alianza Popular, defendió al general de la Guardia Civil Juan Atarés, procesado y posteriormente absuelto por los incidentes ocurridos en, Cartagena a finales de 1978, en los que Atarés se enfrentó verbalmente con el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

Carlos de Meer, de 53 años, es teniente coronel de Caballería, número uno de su promoción, además de licenciado en Políticas, Económicas y aparejador. Fue, durante el pasado régimen, director general de Cultura Popular y del Libro, subdirector general de despacho del presidente del Gobierno y gobernador civil de Baleares. Defiende al capitán Francisco Dusmet.

El capitán de Aviación Antonio Hernández-Griñó, nacido en 1947, y defensor del teniente de la Guardia Civil Vicente Ramos, es conocido como simpatizante, desde muy joven, de grupos dé extrema derecha. Está casado con una sobrina del también procesado teniente coronel Pedro Mas, ayudante del teniente general Milans. Ha sido protagonista de algunos incidentes relacionados con esta causa. En una reunión de defensores del 23 de Febrero, celebrada en el Colegio de Abogados, se presentó vestido de uniforme y con pistola. Cuando se produjo el interrogatorio, en el Congreso, del diputado Enrique Múgica, Hernández-Griñó se negó a los requerimientos de los servicios de seguridad de la Cámara para que depositara el arma que portaba. El letrado respondió que "nunca entregaría su arma a un civil" y tuvo que intervenir un capitán de la Policía Nacional para resolver el incidente.

Amigo personal de José Antonio Girón es otro de los defensores, Santiago Segura, nacido en 1918, y sobrino del cardenal del mismo apellido. Segura es asesor legal de Edmundo Alfaro, último propietario de Fidecaya, e intervino como acusador particular, en nombre de los familiares de las víctimas en el juicio contra el periodista Xavier Vinader.

Pedro Liñán, uno de los abogados más jóvenes de los que intervienen en el proceso, (nació en 1952), y José Zugasti, tienen en común la defensa de funcionarios de policía implicados en la muerte del miembro de ETA Arregui. Liñán defiende en este caso al capitán Francisco Ignacio Román, y Zugasti al capitán Juan Batista.

Es circunstancia reseñable la del letrado Pedro Martín Fernández, de 73 años, defensor del teniente coronel Pedro Mas Oliver y que se ocupó de la defensa de uno de los implicados en la matanza de Atocha. Este abogado se hizo cargo de la defensa de los jefes y oficiales del regimiento de Caballería Calatrava que participaron, en 1932, en la sublevación del general Sanjurjo. Finalizada la guerra, Franco le encargó la defensa de oficio en los consejos de guerra permanentes que se constituyeron desde que finalizó la contienda hasta su disolución, en 194.6. En uno de ellos defendió al líder anarquista Cipriano Mera, cuya condena a muerte fue conmutada. Es teniente coronel de Caballería.

Son también militares, pertenecientes a la Guardia Civil, Miguel Caballero, (40 años), defensor del capitán del mismo cuerpo Juan Pérez de la Lastra y José Pardos Aldea, comandante de 52 años, encargado de la defensa del también capitán de la Guardia Civil, y cuñado suyo, Carlos Lázaro Corthay. Se da la circunstancia de que el comandante Pardos es el único defensor no licenciado en Derecho de los que actuarán en esta causa.

Jesús Gómez García, de 37 años, defensor del capitán Carlos Alvarez-Arenas, pertenece al estudio jurídico de la calle Pintor Juan Gris, de Madrid, donde se reunieron, según recoge el fiscal en su escrito definitivo de acusaciones, los principales implicados en el golpe. Guillermo Salva, que defiende al teniente César Alvarez Fernández, es un frecuente colaborador espontáneo del diario El Alcázar.

Ramón Hermosilla, de 47 años, que dirige uno de los bufetes más prósperos de Madrid, es hijo de un conocido periodista liberal, que dirigió el periódico La Libertad y que durante la guerra civil se exilió en Argentina. Se encarga de la defensa del general Alfonso Armada.

Relacionado de algún modo también con el periodismo aparece el abogado defensor del teniente Santiago Vecinos, Alfredo Nieto Funcia, de 74 años. Antes de la guerra fue secretario del comité provincial de la CEDA en Zamora. Finalizada la contienda, fue asesor del entonces director general de Prensa, Juan Aparicio., y colaboró en la fundación de la Escuela Oficial de Periodismo.

Manuel Novalvos, de 42 años, defensor del teniente Manuel Boza, ocupa la cátedra de Derecho Natural y de Filosofía del Derecho en la Complutense, en la que sustituyó a Gregorio Peces-Barba.