Fuertes enfrentamientos en la localidad leonesa de Toral de los Guzmanes por una controvertida concentración parcelaria

En medio de un ambiente de fuerte crispación los vecinos de Toral de los Guzmanes, a unos 45 kilómetros de León, comenzaron hace una semana a organizar piquetes para ocupar las tierras que les han sido concedidas por el IRYDA después de once años de concentración parcelaria. Un número indeterminado de fincas han sido ya ocupadas por la fuerza y posteriormente recuperadas por sus antiguos propietarios, que se resisten a entregarlas y han pedido protección a la Guardia Civil, a la vez que han denunciado la existencia de abundantes amenazas de muerte.

Las versiones que cada una de las partes da sobre la motivación de los hechos difieren radicalmente, del mismo modo que el pueblo aparece dividido en dos bandos irreconciliables. La mayoría de los vecinos está dispuesta a aceptar el proyecto del IRYDA como un mal menor, ante las fuertes pérdidas que supondría mantener la situación actual hasta que se fallen los recursos del otro grupo, todavía pendientes de sentencia en la Audiencia Nacional. Los veintisiete propietarios restantes, por su parte, basan su postura en un reciente auto de la Audiencia por el que se ordena la paralización de las ocupaciones de fincas hasta que se resuelvan los citados recursos, y alegan que la concentración parcelarla está viciada por tratos de favor hacia vecinos que ocuparon cargos municipales durante el antiguo régimen.

Once años perdidos

Para el presidente de la Cámara Agraria local, Ambrosio Huerga, y para la mayor parte de los vecinos, las fincas deben ser ocupadas ahora si se quiere impedir que se pierdan los cultivos. "Nosotros llevamos diez años callando", añaden, "pero, si hubiéramos tenido salero para pedir los perjuicios que ha habido, alguno los pagaría. A nosotros tendrían que darnos mucho dinero si nos uniéramos". Los mismos vecinos acusan al grupo rival de negarse a negociar cualquier arreglo -"sólo querían deshacer la concentración"- y de beneficiarse de la infraestructura de caminos y regadíos construida por el IRYDA.Los vecinos reconocen haber formado grupos -"o piquetes, según ustedes"- para ocupar por la fuerza las fincas, pero advierten que a ellos no les ha llegado ninguna orden de la Audiencia Nacional que se lo prohíba, y sí, en cambio, los documentos del IRYDA en los que se les autoriza a tomar posesión de las tierras. Acusan también a su vez al otro grupo de utilizar la violencia: "Aquí, hasta el sábado, nunca había habido mala convivencia, pero ellos salen armados con herramientas, aunque vayan de dos en dos y nosotros de quince en quince".

En el otro extremo del conflicto, los propietarios que han recurrido contra las actuaciones del IRYDA acusan directamente a la Subsecretaría de Agricultura de ignorar la orden judicial por la nes y de enfrentar a unos vecinos con otros, siguiendo una política de hechos consumados para sacarse de encima un problema originado por errores de la propia Administración.

Los recurrentes afirman estar dispuestos a defender sus tierras "como sea", incluso si son agredidos por el resto del vecindario, y advierten que no van a entregar las fincas hasta que la Audiencia Nacional no pronuncie sentencia sobre sus reclamaciones.

Por su parte, el delegado del IRYDA en León, José Lozoya, manifestó a EL PAIS que su departamento no tendría ninguna responsabilidad en cualquier eventual enfrentamiento entre los vecinos, "ya que", dijo, "nuestra actuación en este tema concreto ha terminado". El discutido proyecto proyecto abarca una extensión de 21.117 hectáreas de regadío, valoradas en unos 1.600 millones de pesetas, pertenecientes a un total de 676 propietarios de Toral de los Guzmanes y Algadefe.

El número actual de parcelas es de 4.827, que se pretenden reducir a sólo 841. El proyecto, iniciado en 1971, ha sufrido numerosas modificaciones, contra las que en algunos momentos llegaron a recurrir hasta 77 propietarios, sin que se pudiera llegar a acuerdos concretos entre éstos y el IRYDA, uno de cuyos funcionarios fue sancionado años atrás por introducir errores "voluntarios" en las mediciones de las fincas para favorecer a uno de los vecinos.