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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El final de otro secuestro

JOSE LIPPERHEIDE ha sido puesto en libertad, sano y salvo, por los terroristas de ETAm, que le retenían en su poder desde hace un mes. Desde el punto de vista humano, al fin y al cabo el decisivo en estos atroces atentados, sólo cabe alegrarse ante el desenlace del suceso. Pero, a diferencia del caso del doctor Iglesias, este secuestro no ha llegado a feliz término como consecuencia de una operación policial. Dado que no parece que los terroristas se sintieran acosados o cercados, y descartando por absurda la idea de que se hayan apiadado gratuitamente de su víctima, lo más sensato es suponer que ha existido una negociación -cuyo contenido sólo se adivina y en torno a la cual el silencio de las autoridades es completa- entre los secuestradores y la familia del rehén. El excesivo triunfalismo que rodeó el brillante éxito de Trasmoz tal vez suscite ahora, como reacción, críticas injustificadas o excesivas contra unos cuerpos de seguridad alabados hasta la adulación hace sólo dos semanas por cumplir, con eficacia y acierto, su deber. Tan absurdo sería afirmar que nuestra policía es "la mejor del mundo", calificación que recuerda los acomplejados años de nuestra forzosa autarquía, como infravalorar las enormes dificultades inherentes a la liberación por los cuerpos de seguridad de un secuestrado. La comparación entre los casos del doctor Iglesias, secuestrado por ETApm, y José Lipperheide, apresado por la banda terrorista rival, obliga, por lo demás, a recordar que ETAm todavía puede jactarse de no haber perdido la partida en ninguno de los secuestros por ella perpetrados.El desenlace de este suceso, que crea una fuerte presunción a favor de la hipótesis del pago de un fuerte rescate, comprensible actitud de la familia Lipperheide a falta de suficientes garantías del Estado sobre una liberación policial rápida y segura de la víctima, dará, desgraciadamente, nuevos ánimos a los terroristas para proseguir sus actividades extorsionistas, y tal vez debilite la voluntad de algunos industriales, comerciantes y profesionales a quienes ETAm exige periódicamente dinero, con la amenaza de muerte o el secuestro, y que habían resuelto recientemente no ceder ante el chantaje. La campaña emprendida por el Gobierno de Vitoria y secundada por las fuerzas democráticas del País Vasco para que los ciudadanos no doblen las rodillas ante los terroristas deberá, así, elevar todavía más su tono y prolongarse, de añadidura, en planes de seguridad ciudadana y de protección que permitan a los amenazados confiar en que nuestras autoridades velarán por sus vidas como contrapartida de los sufragios y de los impuestos que reciben de la sociedad. La negativa a pagar las exacciones mafiosas nace en muchos casos del valor ético y del coraje cívico de los desafiados por el chantaje, pero el aparato del Estado -de la Administración central y de las instituciones de autogobierno- debe dar un respaldo político y una cobertura policial a esas decisiones morales.

Finalmente, la plausible hipótesis del pago de un rescate sitúa otra vez en primer plano el crucial tema del santuario que el Gobierno de París ofrece a los terroristas en el departamento de los Pirineos Atlánticos para descansar de sus crímenes, adquirir armamento, cobrar las exacciones mafiosas, blanquear el dinero negro de esos pagos en negocios legales franceses y planear nuevos golpes. El fenómeno de ETA, ciertamente, no es un invento fabricado allende nuestras fronteras, sino que tiene sus orígenes en la política represora del franquismo y hunde sus raíces en la la complejidad de la sociedad vasca. Ahora bien, el presidente de la República, su primer ministro, el ministro del Interior y los partidos que integran la mayoría parlamentaria en Francia no pueden ser ni tan ingenuos ni tan cínicos como para negar la evidencia de que el terrorismo nunca podrá ser suprimido -por muy eficaz que sea la combinación de soluciones políticas y medidas policiales aplicadas por las instituciones democráticas españolas- mientras las autoridades de París permitan a las diferentes ramas de ETA recomponer sus fuerzas, comprar y conservar armas, cobrar el fruto de sus chantajes y disponer de una casi completa libertad de movimientos a pocos kilómetros de la frontera de Irún.

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