UCD y PSOE mantienen sus diferencias sobre la libertad para la creación de nuevas universidades

El artículo 5 del proyecto de Ley de Autonomía Universitaria (LAU), relativo a la libertad de creación de centros docentes y dictaminado ayer por la comisión de Educación del Congreso, con el voto en contra del grupo socialista, no ha quebrantado el pacto global entre UCD y PSOE aunque ha puesto de manifiesto la radical diferencia que ambos partidos mantienen en su concepción de la Universidad, a pesar de la aparente solidez del pacto que, muy probablemente, va a permitir la aprobación definitiva de esta conflictiva ley. Las divergencias entre centristas y socialistas también surgieron al abordar el artículo 14, que alude a la financiación de las universidades privadas.

En el primer día de sesiones de esta nueva fase en la larga tramitación de la ley se había puesto de manifiesto la ambigüedad de la fórmula con que las dos mayorías parlamentarias habían resuelto la vieja cuestión de la Universidad como servicio público, con el añadido "en los términos establecidos por la presente ley". La diferente interpretación que ambos grupos hacen de la libertad de creación de centros, contenida en el artículo 27.6 de la Constitución y que constituye precisamente el objetivo del artículo 5 de la LAU, aclara definitivamente el dispar sentido que los legisladores de UCD y del PSOE dan a aquel extraño añadido.El grupo parlamentario centrista obtuvo ayer la mayoría necesaria para que prosperase una redacción que extiende aquella libertad constitucional de creación de centros docentes hasta la posibilidad de crear universidades. Pero los socialistas, que admiten que tal libertad de creación puede ser referida a centros docentes de enseñanza superior, no están dispuestos a aceptar que ésto implique necesariamente la libertad para creación de universidades en estricto sentido. El PSOE pone este argumento en coherencia con su concepción de la Universidad como servicio público cuando razona, por ejemplo, que la expedición de títulos es una competencia exclusiva del Estado, que sólo puede ser atribuida a los entes privados por delegación.

Polémica coalición

No obstante, el debate sobre este artículo no ha abierto ninguna laguna insuperable en el consenso alcanzado con anterioridad por UCD y el PSOE, que parece mucho más firme de lo que se pensaba en un primer momento. Consenso que el portavoz centrista, Juan Antonio Gómez Angulo, no acepta que se defina como nueva coalición, tal y como pertinazmente se empeña en calificarlo el ex centrista Díaz Pinés. Gómez Angulo, en efecto, le pidió ayer expresamente al ahora diputado de CD "que no vuelva a referirse a nueva coalición, porque la única coalición es aquella a la que se ha adherido dicho diputado", una coalición que el portavoz centrista apostilló además con el adjetivo pétrea.

La diputada comunista Eulalia Vintró abundó en los argumentos socialistas contra la inclusión de la palabra universidades entre aquellas instituciones docentes susceptibles de ser creadas por promotores privados, en lo que ella entiende como una interpretación abusiva del artículo 27.6 de la Constitución. Eulalia Vintró rechazó la acusación de anticonstitucional que se había dado a una enmienda suya en la línea de la mantenida por los socialistas, que, según dijo, "lo que pretende es precisar las condiciones que debe reunir una universidad para ser creada por personas o entidades privadas".

UCEI consiguió el dictamen favorable para su redacción con el apoyo de CD y de las minorías Vasca y Catalana.

El problema del idioma en las comunidades autónomas

Esta última, representada por el diputado Carles Gasóliba obtuvo ayer un éxito muy significativo al conseguir de centristas y socialistas la supresión del artículo 8, cuyas diferentes redacciones desde la del primitivo proyecto del Gobierno han contado siempre con la radical oposición de las nacionalidades históricas con lengua propia.

El texto suprimido decía: "Todo universitario tiene derecho a expresarse a su elección en la lengua oficial del Estado o en la propia de la comunidad autónoma en que radique la Universidad. En todo caso los poderes públicos y las autoridades académicas garantizarán la no discriminación en razón de dicha elección".

Gasóliba (Minoría Catalana), Aguirre (Grupo Vasco), Bandrés (Grupo Mixto) y Eulalia Vintró (diputada del grupo, comunista, por Cataluña) coincidían en pedir la supresión o, en el peor de los casos, modificar el segundo punto de esta redacción en el sentido de suprimir la referencia a los poderes públicos y de darle una forma más positiva, que no hablase de garantizar la "no discriminación" sino "la efectividad del derecho" a que se alude en dicho artículo.

Gesto de buena voluntad hacia la Minoría Catalana

Curiosamente, los grupos mayoritarios estaban dispuestos a aceptar esta redacción, pero en el momento de ir a votar el presidente de la comisión, el centrista Miguel Durán, suspendió por unos momentos la sesión, durante los cuales los dos grupos mayoritarios se pusieron de acuerdo para votar favorablemente la supresión solicitada por los catalanes y reservarse, en calidad de voto particular, la posibilidad de defensa ante el Pleno del mantenimiento del texto o la redacción solicitada por los otros grupos.

La decisión de UCD y del PSOE se interpretaba en los pasillos como un gesto de buena voluntad hacia la Minoría Catalana al que quizá ésta podría corresponder adoptando una posición más flexible hacia la totalidad del proyecto pactado.

Los diputados consumieron la mayor parte de la sesión de la mañana en el debate de los artículos 5 y 8. El resto de los artículos aprobados se refiere a todas las instancias públicas a las cuales compete velar por el buen funcionamiento de las universidades (artículo 3.2); a la definición de las libertades académicas de cátedra y de estudio (artículo 4); a la organización que asegure la participación en su gobierno de la sociedad y de los diferentes sectores de la universidad (artículo 6), y a la definición de los aspectos que abarca el concepto de autonomía de la universidad (artículo 7).

La financiación

Otro artículo que resultó conflictivo, este en la sesión de tarde, fue el 14. Los socialistas votaron con los comunistas en contra del texto que se limita a establecer que "el reconocimiento de una universidad privada no implica la concesión de subvenciones económicas con cargo a los presupuestos generales del Estado ni de los fondos públicos de la comunidad autónoma". Tanto el socialista Cristobal Montes como la comunista Eulalia Vintró mantuvieron que era preciso declarar en la LAU que solo será posible la subvención estatal de las universidades privadas cuando esté garantizada la suficiencia económica de las universidades públicas.

Por el grupo centrista , Arturo Moya defendió el tratamiento dado a la creación de universidades privadas , sin privilegios, según dijo, pero con absoluto respeto a la libertad de enseñanza que abandera UCD".

En el debate de los artículos 13 y 14, comunistas y socialistas se opusieron a las competencias que el proyecto atribuye al Consejo de Universidades sobre las comunidades autónomas. Con la aprobación de estos artículos según la redacción apoyada por UCD, la Comisión de Educación aplazó el debate de este proyecto de ley hasta el miércoles próximo.