Pocas diferencias en los programas de cobertura social de partidos, sindicatos y patronales

La evidencia de los graves problemas que deterioran los sistemas de protección en el mundo (mayor lucha por elreparto de la renta en tiempos de crisis económica, para generalizado, envejecimiento de la población), todos ellos acrecentados en España, ha impedido diferencias sustanciales en las propuestas de reforma durante los últimos años. Sin embargo las coincidencias no han sido aprovechadas desde el poder; la crítica actual más generalizada de los sindicatos es que Gobierno y patronal han seguido la táctica de degradar el sistema público, para facilitar la inversión del sector privado.

La coincidencia en el diagnóstico, e incluso en la elección de temas a reformar, ha sido resaltada en el último Libro Rojo que redactaron el pasado verano expertos del Instiuto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social (que, por causa, el Gobierno no ha publicado, al entender que no refleja la postura de la Administración). Ciertamente, no resulta extraña: al menos, tiene un antecedente impactante en la Constitución, redactada por los grupos políticos mayoritarios y refrendada en 1978.El artículo 41 de la Constitución dice: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de SS para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones Sociales sufientes situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencoia y prestaciones complementarias serán libres". También es especialmente, imperativo el artículo 50: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas, y periódicamte actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

Pero la extensión de la SS a todos los ciudadanos no está su jeta a ningún plazo. Cabría universalizar, de una tacada (la propuesta del Gobierno es empezar por la asistencia sanitaria) o generalizarla por ampliaciones sucesivas, práctica característica del régimen franquista, cuyas leyes fundamentales contenían un mandato semejante, jamás agotado en su realización. Y todas las fuerzas sociales, incluso la patronal, desean el sistema universalizador, yendo más allá de sus programas iniciales.

En las alternativas de partidos políticos y fuerzas sociales, algunos ya apartados de sus primitivas ofertas, destacan los fundamentos comunes en materia de financiación del sistema, incrementando las aportaciones del Estado. Sí hay matices importantes en materias de estructura, organización y gestión de los servicios, y diferencias de alguna entidad en ciertas, manifestaciones de acción protectora, particularmente en desempleo, protección familiar y pensiones.

Las alternativas más "depuradas, completas y profundas", en expresión del Libro Rojo, son las que proceden de las organizaciones sindicales (UGT, en particular) y de la CEOE. El hecho resulta curioso, pues los partidos políticos saben que los temas de sanidad y protección social son absolutamente prioritarias entre los electores, sobre todo en tiempo de crisis. En síntesis, las posturas eran hasta hace varios meses han sido:

Universalización. Los cuatro partidos mayoritarios, los sindicatos y la CEOE demandan este objetivo, si bien UCD no considera apropiada la actual situación económica para proceder a dicha extensión, de inmediato (en la Ley Básica de Empleo. (dejó fuera de protección a quienes buscan primer empleo, autónomos, algunos agrarios, madres trabajadoras...). La CEOE propugnaba un necesario gradualismo.

Niveles protectores. Todos aceptan la existencia de un nivel básico (el universal, a financiar exclusivamente vía fiscal) y otro profesional, pagado con cotiza ciones sociales. UGT quería extender el básico a las pensiones ("pensiones de solidaridad", según CEOE), protección familiar y asistencia sanitaria, que tiendan a ser protegidas en Europa con independencia de la actividad profesional.

Cuantía mínima de las pensiones. UCD prometió una "cobertura económica suficiente", extendida a incapacidad, invalidez, muerte ' jubilación y desempleo; el indicador del mínimo de subsistencia "se fija en la cuantía del salario mínimo interprofesional". Alianza Popular defrende que no debe existir ninguna pensión por debajo del salario mínimo ("Soluciones para una década"). Conclusión semejante sé desprende de los programas electorales del PSOE y PCE. CEOE no relaciona los mínimos del salario interprofesional con los mínimos de pensión; habla de suficiencia. UGT propugnaba cuantías mínimas diferenciadas a las situaciones familiares y circunstancias personales.

Aleance del nivel profesional. El PSOE propone "una pensión complementaria proporcional a las, cantidades cotizadas". Los otros tres partidos no explicitan nada al respecto. CEOE hace de este nivel el pilar de protección, sustancial para:el futuro. UGT le atribuía el "máximo alcance sofidario".

Nivel libre y gestión de los tres. Para UCD, el nivel libre o tercer nivel no debe tener nece sariamente carácter profesional. AP le otorga gran confianza como régimen di protección libre e instrumento de ahorro y capitalización. CEOE subraya también el efecto-ahorro, y lo reserva exclusivamente a los aprivados, que deben gestionar mayoritariamente el anterior o profesional y tener las mismas oportunidades que el sector público en el primero o básico.

UGT entiende que este tercer nivel comporta la exclusión gestora del Estado y de otras instituciones públicas, y reserva a la iniciativa pública los dos anteriores. CC OO admite únicamente los dos primeros.

En resumen, CEOE rechaza que las instituciones públicas puedan participar en el nivel libre, igual que los sindicatos rechazan a los privados en las otras dos manifestaciones de la SS obligatoria.

-Sistema gestor. CEOE y, UGT quieren más participación social en las entidades gestoras, donde el sindicato desea excluir: a la burocracia oficial y dar, mayor. peso a los trabajadores que a los empresarios.AP y PCE se pronuncian decididamente porque la gestión, la lleven las actuales entidades gestoras, intensificando y clarificando las funciones de sus consejos generales. PSOE y UCD no aportan excesivas críticas al sistema, si bien el partido del Gobierno, al hablar de cauces de participación, incluye a los ancianos en los servicios para la tercera edad y a los minusválidos en los de incapacitados.

-Financiación. Tres son aqui las coincidencias fundamentales: descargar a las empr6as del excesivo coste que ahora soportan, principalmente reconduciendo las prestaciones básicas del régimen público a financiación, estatal plena; equilibrar mejor la contribución de empresas y beneficiarios en el nivel público profesional, acercando sus proporciones a las europeas; y localizar una base de determinación de la carga que no sea ni el nivel de empleo ni el nivel de los salarios pagados.