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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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Empresa pública: Espinosa, que estas en los cielos

Es este artículo dúplica al que escribió el vicepresidente del INI, Carlos Espinosa de los Monteros, en estas páginas. En el debate creado se discuten aspectos tan decisivos en la empresa pública española como son la cuantificación y causa de sus pérdidas, la función desempeñada por estas sociedades en la economía española, las formas de control y el grado de cualificación profesional de sus dirigentes.

Contribuir al "conocimiento objetivo" de lo que es y de lo que debe ser "en esta coyuntura histórica" la empresa pública en España -por utilizar los términos del vicepresidente del INI- fue el propósito que presidió la elaboración de nuestro anterior articulo sobre el tema en estas páginas, e igual aspiración tienen las líneas que siguen. Y desde una posición -esto debe quedar muy claro- que considera al sector público empresarial de la economía española susceptible de constituir una base de partida firme para avances importantes en la producción y en las relaciones sociales, aunque no ignora cómo hasta hoy las empresas públicas presentan un balance insatisfactorio tanto en sus resultados contables como en términos de protagonismo y estrategia, así como en los niveles de profesionalización.No estará de más volver a considerar cada uno de estos puntos al hilo de la defensa que de ellos se ha querido hacer: una defensa que es tanto más vulnerable cuanto más global y cerrada pretende ser. Las buenas intenciones tampoco son suficientes en este caso, ni tan siquiera para mostrar, como parece deducirse a la postre del articulo del vicepresidente del, INI, el discreto encanto de la empresa pública en España.

Las pérdidas del INI

Los datos de la última Memoria del INI, publicada hace sólo unos días, correspondiente al ejercicio de 1980, no parecen desmentir, sino todo lo contrario, que el déficit de la empresa pública aumenta en los años más recientes. De 39.700 millones de pesetas en 1979, las pérdidas de las empresas directas del INI han pasado a 66.200 millones de pesetas en 1980 (un 67% de incremento). Por sectores, destacan las pérdidas de las empresas navales, que en 1980 duplican la cota alcanzada el año anterior, las de la siderurgia, que también se doblan las del sector transporte (Iberia casi triplica sus pérdidas), experimentando registros igualmente malos las empresas de bienes de equipo y fertilizantes. No es, pues, "absoluta mente incierto afirmar que las empresas de los mencionados sectores pertenecientes al INI multiplican sus pérdidas en los últimos años". Al menos mientras no se desmientan los datos de la propia Memoria del Instituto. Esa misma fuente indica dónde se han producido saldos positivos: los más llamativos corresponden al sector energético, en particular a las empresas eléctricas -con espectaculares beneficios para ENDESA y UESA- que saben aprovechar un marco institucional (sistema de tarifación, reparto del mercado) establecido para las grandes empresas privadas dominantes en dicha actividad.

La disparidad de los resultados por sectores y empresas permite algunas observaciones adicionales. Primero, la necesidad de introducir nuevos criterios de clasificación de las empresas del INI, con objeto de arrojar luz sobre la naturaleza y la significación de sus respectivos beneficios o pérdidas. En concreto, lo más urgente es separar las empresas públicas que tienen su origen en forzadas situaciones adquiridas -auténticos "restos de naufragios" privados- de aquéllas que responden a iniciativas públicas no condicionadas previamente, esto es, a programas originales del sector público. Y segundo, los resultados positivos de algunas empresas públicas y el saneamiento que en poco tiempo ha conseguido el INI de otras a él traspasadas en condiciones de bancarrota, prueba que la gestión de las empresas públicas no es per se menos competente que la de las empresas privadas.

Un punto aparte merece el tema de las amortizaciones. A las dudas sobre si su contabilización enmascara resultados aún peores que los cifrados, paladínamente responde el vicepresidente del INI que "los criterios de amortización" de las empresas del Instituto "son ortodoxos, se ajustan a las disposiciones legales y se aplican. de forma consistente, con independencia de los resultados de explotación de cada año". Pues bien, para replicar no tenemos sino que citar la opinión editorial de otra publicación oficial: el boletín semanal de Información Comercial Española, del Ministerio de Comercio, en su número 1.676, de 17 de mayo de 1979. Comentando las pérdidas de las empresas del INI en un ejercicio anterior, se afirma literalmente que "las pérdidas no dicen toda la gravedad de la situación; si miramos la cifra de amortizaciones hay que pensar que las pérdidas reales son varias veces las que aparecen en los balances de las companías". Insistiendo a continuación en que "difícilmente se puede admitir que sectores con una tecnología en rápido desarrollo, como la petroquímica, gas o química, tengan porcentajes de amortización tan reducidos; realmente, todo hace pensar que estas compañías están en pérdidas efectivas no contabilizadas" (las cursivas son del original).

Protagonismo y estrategia

Tampoco el vicepresidente del INI es convincente en lo que respecta al papel de la empresa pública en la economía española. No se vencen las reservas acerca del escaso, cuando no nulo, protagonismo de la empresa pública, ofreciendo tan sólo datos de la inversión global del INI: se puede en seguida contraargumentar que la inversión destinada en 1980 a sectores cruciales para el desarrollo futuro de la economía no alcanza cotas presentables, según datos de la propia Memoria del INI: de la inversión global, tan sólo un 0,9% corresponde a la industria alimentaria, y un 0,7%, a la electrónica e informática, y a la Dirección de Desarrollo Regional únicamente se destina el 0,8%, porcentajes que se mantienen prácticamente inalterables en el Plan Financiero del INI para 1982. Ni es suficiente apelar al "plan estratégico", que "desde 1980" define los criterios de actuación del INI a medio y largo plazo. Ni tampoco puede afirmarse que "en los últimos- dos años al INI no se ha traspasado ninguna empresa en dificultades", porque no es cierto, ya que la citada Memoria de 1980 registra las adquisiciones de Minas de Figaredo, Viajes Marsans, Fábrica San Carlos y Babcock Wilcox, lo que no requiere mayores comentarios.

La cuestión hay que plantearla con más profundidad. Una mirada retrospectiva revela de inmediato cómo la empresa pública en España, y a diferencia de lo sucedido en otros países europeos, ha tenido muy poca autonomía con relación a los principales grupos patronales. Y ello no puede desconocerse, máxime si se quieren justificar los resultados contables de las empresas del INI, pues la fuente de muchas ineficiencias de la empresa pública en España no se derivan tanto de su gestión propiamente dicha cuanto del papel que le asigna la política de gobierno. Los ejemplos son abundantes en momentos anteriores y ahora mismo: la infrautilización de las centrales eléctricas de ENHER y ENDASA en años pasados; la renuncia de las petroquímicas del INI a acometer sucesivos procesos de transformación de sus producciones de oleofinas; en fin, por citar un caso más, los frenos sistemáticos al proceso de expansión y equilibrio interno de Ensidesa, la más importante y moderna siderúrgica española, supeditada, sin embargo, desde su creación hace treinta años, a las influyentes empresas privadas del sector. Más que el de protagonista o el de actor principal, a la empresa pública parece haberle correspondido un secundario papel de reparto, nunca brillante y casi siempre ingrato.

Frente a todo esto, ¿qué puede ofrecer como novedoso la estrategia actual del INI? El vicepresidente del Instituto habla de la creación, en los dos últimos años de "varias sociedades en sectores de importancia", citando tres: Carboex, en el sector del carbón; Inisolar, en la energía solar, y la Empresa Nacional de Innovación. Y hace bien en subrayar la importancia de los sectores, porqué la verdad es que no podría decir lo mismo de la! empresas menciona das. Para que el lector pueda juzgar si a partir de estas iniciativas puede hablarse de una verdadera "estrategia encaminada a compensar, mediante el desarrollo de nuevas actividades, el importante peso de la crisis que al grupo INI le ha correspondido soportar" (según las palabras textuales de Espinosa de los Monteros), he aquí los elocuentes datos que la Memoria del INI de 1980 ofrece del capital social de dos de las tres empresas aludidas: Inisolar tiene un capital de 37,5 millones de pesetas y el de Carboex alcanza los 57,5 millones de pesetas (el de la Empresa de In novación no consta). Ciertamente, no resulta afortunado utilizar el verbo compensar, a menos de que se emplee con soterrada ironía...

Control y profesionalización

Quienes firman este articulo no ignoran la competencia y la capacidad de algunos dirigentes del INI y de sus empresas. Pero reconocer esto -y cuantas veces sea preciso- no impide que tampoco deje pasar ninguna ocasión para reclamar un mayor control y una mejor profesionalización de la dirección de las empresas públicas españolas. Porque hay que volver a decir con rotundidad que la empresa pública en España no parece fácilmente permeable al proceso de construcción de la democracia ni en la transparencia informativa, ni en la rendición de cuentas, ni mucho menos aún en el nombramiento de los cargos directivos.

En lo que respecta a este último aspecto, en particular, los recientes nombramientos de presidentes de algunas empresas públicas, sí, parece dar toda la razón a quienes denuncian la pervivencia de residuos corporativistas y de favoritismo político, y que no se nos obligue a señalar. Por descontado que la experiencia acumulada por altos cargos de la Administración puede servir para cubrir puestos en defensa de los intereses públicos; pero de la experiencia de algunos altos cargos de la Administración española en los últimos años, quinquenios y aun decenios -que de todo hay en la relación de vocales, consejeros delegados, directores generales, vicepresidentes y presidentes de las empresas del INI-, más vale no acordarse ni, menos aún, ponerla osadamente a prueba.

Por lo demás, la obligación de la empresa pública de acomodar las líneas maestras de su actuación a "la voluntad política resultante del veredicto electoral sucesivo", según escribe el vicepresidente del INI, no es lo mismo que someter a la empresa pública a las cambiantes y sucesivas orientaciones y programas que vienen impuestas por el presidente de turno. ¿Con qué fuerza puede hablarse de rigurosos criterios de profesionalidad en la designación de altos cargos en las empresas del INI si la propia presidencia del Instituto ha cambiado, en los últimos diez años, siete veces de titular?. Si hay que predicar con el ejemplo, el que ofrece el INI en punto a profesionalización no es en verdad edificante. Sobre todo si se piensa que a la empresa pública, en una sociedad moderna, más que por unos resultados contables, hay que juzgarla por su eficacia, por su capacidad en el campo de la investigación e impulso de las actividades de futuro y, en fin, por su contribución al desarrollo y al logro de una sociedad más justa y solidaria.

es el nombre del colectivo formado por José Luis García Delgado, Juan Muñoz y Santiago Roldán, catedráticos de Estructura Económica.

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