La crisis económica degrada el sistema de protección y dificulta la reforma

La crisis económica y la inoperancia política de las dos últimas décadas han situado a la Seguridad Social en una encrucijada. Aunque los diagnósticos coinciden en los problemas, son lejanos los caminos deseados por las diversas fuerzas sociales para llevar a la reforma tan pesada carga, cuyos ingresos y gastos superan los del Estado. La serie que hoy iniciamos trata de exponer el origen y reacciones ante los retos de mayor urgencia: responder mejor a la crisis, satisfacer las crecientes necesidades y demandas sociales, integrarse en Europa, y cumplir la Constitución.

Todos estos problemas, no obstante, dejan en el alero una pregunta fundamental: por qué la reforma de la Seguridad Social se ha planteado en serio precisamente en las últimas semanas, cuando las soluciones no pueden improvisarse y tenemos por delante, unaselecciones generales. Ciertamente, aparte de que los problemas se hayan agravado por improvisación durante los años de pujante riqueza, la crisis económica que las ha precipitado va a cumplir una década. Y en ese tiempo se ha hecho poco más que aumentar las aportaciones del Estado y escribir libros (en el último lustro dos rojos, dos verdes y uno blanco).Quizá el principal imperativo de la reforma lo revela el hecho de que la necesidad de ésta ha resonado con fuerza ante la opinión pública a raíz del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). En la negociación del ANE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) consiguió incluir un punto que comprometía al Gobierno a presentar un proyecto de racionalización y mejora de la Seguridad Social en el plazo de seis meses, para que las partes lo informaran en el mes y medio siguiente. Este tiempo acaba de expirar sin acuerdo, lo que obliga al Gobierno a obrar bajo su exclusiva responsabilidad.

Sin embargo, entre las evidencias finales ha quedado, por parte empresarial, la de que la competitividad y el desarrollo económico exigen medidas inmediatas; y, por parte sindical, la de que ello no debe ser incompatible con la regresividad en las prestaciones. Eran demasiados los temores de que la traslación de las reivindicaciones sociales desde los centros de trabajo a la estructura estatal, registrada sobre todo en el presente siglo, hicieran válida en España la frase del economista norteamericano Galbraith: "una petición de reducción de los costes de Seguridad Social realizada por un banquero, un empresario, un bufete prestigioso o un economista resuenan con igual fuerza que los de varios miles de hogares que perciben beneficios o transferencias".

Problemas estructurales

Desde un punto de vista económico, según señalan cuatro expertos en el reciente libro Problemas actuales de la Seguridad Social en España, publicado Por el Instituto de Estudios Económicos, los cuatro fallos más comentados de la S S son: insuficiencia financiera, injusticia estructural, ínadecuación económica, y falta de control en la gestión de los recursos.

Con mayor concreción, José Barea Tejeiro, mano derecha de Enrique Fuentes Quintana en la presidencia de la comisión tripartita encargada de informar las citadas propuestas del Gobierno, ha expresado en un documento de trabajo que son cinco las características principales de nuestro sistema: intenso crecimiento del gasto, falta de correspondencia del mismo y las deficientes y costosas prestaciones, desigualdad entre lo que gasta y protege la S S, carencia de información para evaluar la eficacia y racionalidad de las prestaciones, y distancia del nivel español de protección social con el de la Comunidad Económica Europea y los mandatos de la propia Constitución. A ello hay que añadir el elevado peso de las cotizaciones y la falta de equidad en su distribución, que desincentivan la generación de empleo y restan competividad-a los productos españoles con respecto a los de aquellos países donde buena parte de la financiación de la Seguridad Social procede de impuestos.

Si bien es discutible que la sustitución de cotizaciones por impuestos introduzca grandes cambios en la eficacia económica (al fin el coste recae sobre precios y salarios), las cotizaciones han pasado de suponer un 16% de los salarios en 1970 a un 28% en 1980. Sólo así ha sido posible pagar unos gastos sociales que entre 1974 y 1980 han pasado del 8,8% del conjunto de los bienes y servicios producidos en España (PIB) al 13,9%. Quiere ello decir que la S S ha absorbido cada año 0,85 de los 2 puntos de crecimiento económico medio en el período. De los 5,1 puntos de aumento en los gastos, 3,2 han ido a las pensiones, que entre 1973 y 1980 han incrementado del 31,46% al 52,65% su participación en el presupuesto total de la S S; otros 1,8 puntos han ido al subsidio de desempleo; y el resto (1,3%) a asistencia sanitaria.

Poca satisfacción

Lejos de moderarse, en los últimos años esta evolución se ha acentuado, y en el último trienio las tres cuartas partes del aumento del PIB se ha destinado a S S. Las causas radican fundamentalmente en la caída: del crecimiento económico, próxima al 6% en la década anterior, en el envejecimiento de la población (no hay que olvidar que los activos de hoy pagan a los pasivos, pues hay 2,1 activos por pensionista), y en la expansión de las tasas de paro, complicada por la menor población laboral española. Causas todas ellas que no tienen visos de mejorar mucho, e incluso el estrechamiento de la pirámide de población se hará más agudo.

La prueba es que el grado de satisfacción dista mucho de ser satisfactorio. Así, pese al incremento de las dotaciones para pensiones y desempleo, son ambos capítulos donde el sentimiento de protección es menor, como muestra una encuesta realizada en 1978 por la revista Coyuntura Económica, de las Cajas de Ahorro. Menos de una cuarta parte de los encuestados consideraban entonces suficiewe la protección ante riesgos de pérdida de trabajo, retiro o muerte del cabeza de familia; ante casos de enfermedad y accidentes, la sensación de protección rondaba por término medio el 40%.

Desde entonces, la situación puede haberse deteriorado. El sindicato UGT acaba de poner de relieve que la tasa de cobertura del desempleo ha bajado del 40,44 al 35,77% entre el tercer trimestre de 1980 y el segundo de 198 1, último del que se han facilitado datos, cuando sólo 637.979 de los 1.783.500 parados estimados por la Encuesta de Población Activa recibían subsidio. Además, según el último Libro rojo de la S S, redactado por el ya extinto Instituto de Estudios de Sanidad y S S, cerca del 85% de los casi cinco millones de pensionistas reciben la pensión mínima (61 % del salario mínimo interprofesiojial en 1980), en el período 1976-1979 la mayoría de ellas se situaba en el 45% del !alarío anual medio de cotización, y el porcentaje de protección social sobre PIB es en España del 16%, frente a niveles del 20% al 31% en Europa.

Junto a dichos problemas, las desigualdades de contribución en las cotizaciones son excesivas, en perjuicio de la industria y los servicios, como puede observarse en el cuadro adjunto. Con el el actual nivel de cotizaciones, el régimen general, soportado por la gran mayoría de los 10,7 millones de cotizantes y sus empresas, tuvo un, superávit en 1980 de 225.000 millones de pesetas; todos los demás son deficitarios, aunque destaca el agrícola, que recibe transferencias anuales por 400.000 millones.

A ello se une el elevado nivel de fraude (30% para José Barea y 10% en S S y 20% en desempleo ,para el ministro de Trabajo y S S), una morosidad que se aproxima a los 400.000 millones de pesetas, y un sistema de topes de cotización que favorece a las grandes empresas y con salarios más altos, lo que explica el calificativo de socialista dado por dirigentes de CEOE al proyecto de suprimir los topes. Con el sistema de una base de cotización mínima que coincide con el salario mínimo y otra máxima, revisables anualmente, se estima que en 1980 de un 27,6% a un 32% de los salarios reales quedaron fuera del nivel máximo, cuyo incremento ha sido inferior en los últimos años al salarial.

Según una muestra realizada en 1980 entre grandes empresas, donde la masa salarial media era de 621.000 pesetas las cotizaciones pagadas por los empresarios representaban un 34,34%. En las que la masa salarial triplicaba aquella cifra, la presión efectiva alcanzaba el 22,90%.