Estabilidad en el Ayuntamiento de Madrid

EL BUEN sentido de Santiago Carrillo ha evitado, casi fuera del tiempo reglamentario, que el pacto municipal Í gracias al cual socialistas y comunistas gobiernan el Ayuntamiento de Madrid desde abril de 1979, no haya saltado en añicos. Esa rectificación de última hora del secretario general del PCE descansa, probablemente, en la convicción de que el motivo esgrimido por los socialistas para realizar una redistribución de las competencias municipales, tras la espectacular purga de concejales comunistas, era una necesidad funcional y no un pretexto político para provocar la ruptura de los pactos. Tal vez haya desempeñado también un importante papel en ese inteligente viraje la evidencia de que los comunistas tenían todo que perder y nada que ganar en este divorcio. Que la estrategia del PSOE no incluya, si gana las próximas elecciones generales, un Gobierno estatal de coalición con el PCE es un dato que difícilmente podría ser alterado por los comunistas mediante la incongruente represalia de hacer imposible ese acuerdo, incluso en el terreno más modesto y menos decisivo de la Administración local.La exigencia del PSOE de que la Gerencia de Urbanismo, pieza clave en la política municipal de la izquierda, no fuera entregada a los adversarios político-partidistas de Eduardo Mangada y el grupo de los renovadores fue interpretada inicialmente por la dirección del PCE como un pretexto buscado por los socialistas para provocar la ruptura de los pactos municipales. Sin embargo, la postura del PSOE se justificaba sobradamente por sí misma, ya que hubiera sido inadmisible que los planteamientos urbanísticos del anterior equipo se fueran al traste como consecuencia de unas discrepancias en el seno del PCE que no guardan la menor relación con los asuntos de los que se ocupa esa gerencia. Eduardo Mangada y su equipo no dejarán de tener razón -o de carecer de ella- en sus proyectos de revisión del plan general por la circunstancia de que discrepen de Carrillo en cuestiones relacionadas con la democracia interna del PCE, el golpe de Estado en Polonia o la unificación de la izquierda vasca. Aunque hayan caído en desgracia política dentro de su, organización o hayan sido expulsados de sus filas, el trabajo que hasta ahora habían realizado no había recibido la menor crítica de la dirección del PCE.

La recomposición del pacto municipal tiene la consecuencia inmediata de que el Ayuntamiento madrileño podrá seguir siendo gobernable, cosa altamente improbable en el caso de que socialistas y comunistas hubieran roto la coalición que les ha permitido administrar la ciudad durante los últimos tres años. Hasta que las próximas elecciones municipales decidan mantener en el poder o expulsar de la Casa de la Villa a la izquierda, la gobernabilidad del Ayuntamiento madrileño es tan deseable como la del propio Estado. Las personas que forman hoy el equipo de gobierno en el Ayuntamiento madrileño no son, empero, las mismas que han trabajado juntas casi tres años, ya que las expulsiones y dimisiones de los concejales comunistas han respetado tan sólo a uno de los miembros de la lista votada en abril de 1979. No cabe descartar que esos cambios y la consiguiente pérdida de homogeneidad redunden en perjuicio de los resultados de la gestión municipal. De otro lado, socialistas y comunistas han mostrado un mundo subterráneo de recelos, suspicacias y desconfianzas mutuas que marca claramente las fronteras y los límites de sus alianzas de colaboración política. El pacto municipal, que algunos presentan, por razones electoralistas obvias, como el ensayo general de la unidad de la izquierda para el asalto definitivo al Gobierno de la nación, queda reducido a los más modestos perfiles de un acuerdo táctico. La crisis causada en el Ayuntamiento de Madrid por la expulsión y dimisión de concejales comunistas no ha sido, por lo demás, ni la única ni la primera. Desde que Carlos Revilla fue forzado a dimitir como presidente de la Diputación Provincial hasta la expulsión de Alonso Puerta, con motivo de su denuncia de corrupción municipal en la adjudicación de las contratas de limpieza de la zona norte de la ciudad, pasando por una huelga de médicos provinciales que atacó el sistema asistencia¡ de la Diputación, el gobierno municipal de la izquierda en Madrid ha conocido duros momentos y abundantes sobresaltos. En abril de 1983, los vecinos madrileños tendrán ocasión de pronunciar su veredicto sobre la gestión municipal de la izquierda, incluidos estos incidentes, mediante el ejercicio de su derecho de sufragio.