Calvo Sotelo y Garaikoetxea se entrevistarán mañana en la Moncloa con una larga lista de cuestiones para negociar
El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el lendakari Carlos Garaikoetxea celebrarán mañana un encuentro en la Moncloa. Han transcurrido seis meses desde que los dos presidentes mantuvieron su última entrevista y, desde entonces, la negativa de la Administración central a la celebración de un referéndum sobre Lemóniz y el recurso de inconstitucionalidad contra la creación del Consejo de Relaciones Laborales, aprobado por el Parlamento vasco, son dos nuevos temas que -junto a la LOAPA y la LAU- engrosan la lista de discrepancias en materia autonómica entre los dos Gobiernos.
Aunque el portavoz del Ejecutivo vasco, Ramón Labayen, anunció ayer -en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en Vitoria- el próximo encuentro entre los dos presidentes, con la fórmula habitual de " sin orden del día predeterminado", la agenda de la reunión está repleta de puntos de desacuerdo en lo que a interpretación del Estatuto de Autonomía se refiere.
La cuestión de Lemóniz
Con fecha 1 de febrero, el lendakari recibió la comunicación del presidente del Gobierno central, en la que se señala que no se toma en consideración la solicitud del Ejecutivo vasco acerca de la celebración de una consulta popular en relación a la central nuclear de Lemóniz. Sin embargo, en la comunicación, al parecer, no existe una exposición de motivos, que esperaba Carlos Garaikoetxea. El presidente del Gobierno vasco, por su parte, después de expresar su deseo de tratar "urgentemente y en profundidad todos los aspectos de esta decisión", calificaba la negativa del Gobierno central como "un desacierto", ya que, en su opinión, "un referéndum es un cauce apropiado para adoptar una decisión política de especial trascendencia, como la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz; todo ello, a la luz de la lectura y el espíritu del artículo 92-1 de la Constitución".
Aunque el Ejecutivo vasco considera que el tema de la central nuclear de Lemóniz no está lo suficientemente maduro para ser abordado por las representaciones de los dos Gobiernos al más alto nivel -ya que prefiere tratarlo, en una primera fase, con los interlocutores técnico-políticos del Ministerio de Industria-, resulta inevitable que este punto ocupe un lugar preferente en la reunión que mañana celebrarán en Madrid Calvo Sotelo y Garaikoetxea.
En relación al recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto la Administración central contra la creación del Consejo de Relaciones Laborales, aprobado por mayoría absoluta en una sesión del Parlamento vasco que tuvo lugar en Vitoria el pasado mes de octubre, el Gobierno autónomo vasco todavía no conocía ayer las razones concretas del recurso. Sin embargo, el vicepresidente del Ejecutivo, Mario Fernández, manifestó ayer su "decepción" ante tal decisión, ya que, en su opinión, esta actitud se inscribe "en una política de fiscalización de las autonomías".
En este sentido, Mario Fernández declaró a EL PAIS que el Gobierno vasco está estudiando nuevas fórmulas de funcionamiento del Consejo de Relaciones Laborales que respeten el contenido de dicho organismo, aprobado por el Parlamento vasco, sin esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Otras discrepancias
Las discrepancias del Ejecutivo de Carlos Garaikoetxea en relación con los pactos autonómicos que configuraron la ley de armonización volverán a tener un tratamiento estelar en el encuentro entre los máximos representantes de las dos administraciones. "Las últimas declaraciones sobre la LOAPA por parte de significados portavoces del Gobierno español han contribuido a aumentar la tensión", señalaba ayer el vicepresidente Mario Fernández, que hizo especial hincapié en uno de los mensajes del propio Leopoldo Calvo Sotelo la semana pasada en Málaga: "Decir que el Ejecutivo se ha dedicado a fiscalizar el funcionamiento de las comunidades autónomas significa haber aplicado la LOAPA sin que se haya aprobado todavía en las Cortes".
Así las cosas, el Gabinete de Carlos Garaikoetxea descartaba ayer posibles fórmulas de cooperación con el Gobierno central. Teniendo en cuenta el listado de discrepancias en materia autonómica, fuentes cercanas a la presidencia del Gobierno autónomo vasco señalaban a este periódico que "no existe la menor posibilidad de prestar apoyo a la actual política de UCD". No obstante, resaltaban su interés en afrontar las tareas de Estado, "pero desde el cumplimiento de la legalidad, y eso implica no recortar el Estatuto de Autonomía, y la LOAPA, la LAU y la ley de bases están contribuyendo a la degradación de su contenido".
El marco de relaciones laborales en Euskadi
La creación del Consejo de Relaciones Laborales para la comunidad autónoma fue aprobada por el Parlamento vasco, el pasado mes de octubre, con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra. Según la ley aprobada el mencionado organismo deberá formular propuestas laborales o sociales al Gobierno, adoptar acuerdos de carácter interprofesional sobre materias concretas y fomentar la negociación colectiva, entre otras cosas.UGT se opuso al proyecto por considerar que el organismo debía asumir funciones meramente consultivas.Aunque el Ejecutivo vasco aún no tiene conocimiento de las razones que acompañan a la interposición de recurso de inconstitucionalidad, formulado por la Administración central, al parecer se barajan dos aspectos como posibles causas de apelación al tribunal correspondiente.
En el orden jurídico, una de las razones que podría haber motivado la presentación del recurso es que el Parlamento vasco no tiene facultad para legislar en materia laboral.
No obstante, razones de índole político, también podrían haber inspirado el mencionado recurso de inconstitucionalidad ya que las responsabilídades ejecutivas que asume dicho organismo podría poner en entredicho el marco de negociación laboral a nivel estatal. La ley del Consejo prevé que el mencionado organismo pueda "adoptar acuerdos de carácter interprofesional sobre materias concretas y aquellas otras que tengan como finalidad el desarrollar un marco propio de relaciones laborales en Euskadi".
Por su parte el viceconsejero del Gobierno vasco, Mario Fernández, declaraba ayer a EL PAIS que la posibilidad de concertar acuerdos interprofesionales en las comunidades autónomas está previsto en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
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