Un contrato fraudulento de Fidecaya pudo ser escrito en la Dirección General de Seguros

Los abogados de los dos implicados en la querella del fiscal por presuntos delitos de estafa en Fidecaya tratan de demostrar que el director general de Seguros, Luis Angulo, conocía y dio su aprobación a dos de las tres operaciones investigadas por el juez, como prueba de la ausencia de indicios de criminalidad. En opinión de medios jurídicos, el expediente penal, en el que se reclaman responsabilidades pecuniarias por más de 45.000 millones de pesetas, se encuentra con grandes interrogantes, y quizá no incluye directamente otras posibles irregularidades. Pero incluso los defensores no descartan que termine con auto de procesamiento para los dos últimos propietarios de la entidad de ahorro particular.

Mientras se espera que el jueves próximo y el de la semana siguiente continúen las declaraciones de testigos, en dichos medios jurídicos se comenta que la confirmación de la venta de los restos de Fidecaya a Rumasa, esperada para finales de la presente semana, podría rebajar la apreciación de daño a los ahorradores que exige toda estafa. Como se sabe, la operación Rumasa se iniciaría con la devolución inmediata de ahorros a los dos centenares de miles de cedulistas que faltan, quienes terminarán por cobrar todo su dinero, al igual que el Tesoro Público, aunque este último con un plazo muchísimo más amplio (entre diez y veinte años).

Las noticias recogidas por este periódico señalan que, aproximadamente desde hace un año, el Gobierno tenía conocimiento de la dificil situación de Fidecaya, La empresa enfrentó al Ejecutivo ante la alternativa de disolverla (con el coste político que supondría el hecho entre casi medio millón de ahorradores) o prestar ayuda institucional a un empresario no muy conocido y cuya solvencia podía suscitar dudas, pero dispuesto a aportar bienes por más de 6.000 millones. Esta ayuda fue posteriormente denegada.

El intento de los defensores de Miguel Soriano Carrasco y Edmundo Alfaro Villén, los abogados José María Stampa y Julio Ferrer, respectivamente -el último acaba de sustituir a Santiago Segura, letrado de dos implicados en el 23-F-, fue extremado el pasado viernes, con motivo de la testificación de Luis Angulo. Ante las preguntas de ambos abogados, el director general dijo que la venta de Fidecaya de Soriano a Alfaro fue firmada en la Dirección General, negó que conociera en aquellos momentos la venta de Gráficas Cosol (fue una de las compensaciones por Fidecaya e iba a pagarse con dinero de ésta), y admitió la posibilidad de que el contrato fuera escrito en su secretaría. Los letrados mantienen que fue escrito en la máquina de su despacho.

Varios testigos

Según las noticias parciales recogidas sobre las dos horas largas de testificación de Angulo, estuvieron presentes también juez, fiscal, mecanógrafa y los dos abogados. El director general respondió primero a las preguntas sobre. los tres hechos investigados: la compra de Fidecaya con créditos de la propia empresa, pagados luego con una finca supervalorada (unos 2.000 millones de pesetas, frente a los cuatrocientos estimados después por auditoría); la ampliación de capital de Fidecaya con bienes cifrados en mil millones y luego valorados en 189, y el paso de Gráficas Cosol a Alfaro, que iba a pagar Fidecaya en 850 millones (el precio de la empresa era negativo). Al parecer, el testigo repitió datos enviados en los tres expedientes, los dos primeros por su dirección y el tercero (contrato de Cosol) por los liquidadores que nombró el Gobierno en septiembre.

Tras su exposición, que iba dictando a la mecanógrafa por sugerencia del juez, Luis Angulo respondió a una pregunta de cada uno de los presentes. A Stampa (abogado de Soriano) le reconoció que el entonces propietario de Fidecaya tenía derecho, por el artículo 32 de la ley de Sociedades Anónimas, a hacer su valoración y a retirar los bienes cuando la de la otra parte o la de un árbitro sean inferiores.

El fiscal preguntó si la Administración sugirió o impuso la venta de Cosol. Angulo, abogado durante quince años y profesor de derecho mercantil en Granada, contestó que ni esa operación ni otras. Añadió que aquel contrato no se firmó en su presencia y lo desconocía, razón por la cual no fue unido a los expedientes que elevó al fiscal.

Según el director general, Soriano, requerido tras una inspección a que disolviera Fidecaya o ampliara capital en mil millones de pesetas para recomponer su equilibrio patrimonial, le había hablado varias veces de posibles colaboradores en la ampliación. Después le habló de eventuales compradores de Fidecaya (entre ellos el Banco de Bilbao y Rumasa), el último de los cuales fue Alfaro, presidente de Cemesa y otras empresas, quien en alguno de sus escritos de presentación y proposición de planes de saneamiento decía tener apoyo del grupo holandés Hilders Almathon, su financiador de Cemesa en la construcción de Puerto Príncipe, en Benalmádena.

Conocimiento previo del Gobierno

El día de laventa de Fidecaya a Alfaro, 27 de junio, se presentaron en la Dirección General de Seguros, Soriano, su asesor jurídico y tasador de fincas, Alfaro y uno de los colaboradores de éste. Ya en el despacho del director general, introdujeron algunas modificaciones; en el contrato.

Según el director general, en la redacción del contrato de Fidecaya, realizado totalmente en el marco de la iniciativa privada, hubo dos cautelas principales: impedir que Soriano cayera en quiebra, porque ésta podría retrotraerse y anular la venta, y cumplir la aspiración expresada por el comprador de quedarse con casi el 100% de las acciones. Unos cuidados llevaron a introducir entre las obligaciones del grupo comprador la de cancelar deudas de Soriano y eximirle de cualquier responsabilidad en Fidecaya. Otros, a introducir una condición suspensiva: si el contrato no era aceptado por el Banco de Promoción de Negocios (los interventores nombrados por el Banco de España en dicha entidad, que Soriano quiso fusionar con Fidecaya, le habían embargado las acciones) en el plazo máximo de diez días, quedaría resuelto. Los de Promobanc se declararon incompetentes, aunque aceptaron aportaciones de Alfaro para levantar el embargo y la compra de las acciones de Promobanc en Fidecaya.

El contrato de venta de Fidecaya, cinco fólios conocidos en fotocopia por este periódico, no hace alusión alguna al de Cosol. Sin embargo, éste, de cuatro fólios con el mismo tipo de letra, dice al final: "Queda sometido a la condición suspensiva de que se lleva a cabo la transmisión del 71,010% de acciones de Fidecaya". Y fue formalizado el 8 de mayo ante agente de cambio y Bolsa, pasando la enipresa a Fidecaya, que compraba así las acciones de Cosol por 850 millones de pesetas. El tipo de cambio de las acciones fue 21.250%, cuando meses antes lo había valorado el propio Soriano al 87%, a pesar de que Gráficas Cosol acumuló pérdidas por más de cien millones en los tres últimos anos y tenía expediente de regulación para sus cien trabajadores.

Al parecer, los defensores de los dos implicados insistieron en indagar por qué coinciden las letras de los dos citados contratos, entre ellas y con otros escritos realizados por el propio director general, que tiene una máquina eléctrica IBM en su despacho. Este dijo, ya fuera de la testificación, según la versión contrastada por EL PAIS, que habrían sido escritos con la misma bola (los tipos de estas máquinas están impresos en una bola de fácil intercambio), quizá en su secretaría, pero no en su despacho ni en su presencia.

Algunos medios jurídicos consultados no entienden por qué el fiscal archivó el expediente que recibió en el verano de 1980. En su opinión, puede haber otras irregularidades, como la actuación de quienes otorgaron desde Fidecaya los créditos a Soriano y luego le vendieron por dicho dinero, en diciembre de 1978, el 99,5% de las acciones.