El 'decreto de los radicales' de la RFA afectó a 800 izquierdistas en un decenio

Cuando se cumplen diez años de la entrada en vigor del llamado decreto de los radicales contra el acceso de extremistas a la Administración pública en la República Federal de Alemania, por lo menos 866 personas fueron rechazadas por su ideología o actividad política, y en 780.000 casos los servicios secretos consultaron sus ficheros sobre la fidelidad a la Constitución de los aspirantes a funcionarios.

El 28 de enero de 1972, en una reunión del entonces canciller, el socialdemócrata Willy Brandt, con los presidentes de Gobierno de los Estados federales, se aprobó el "acuerdo de los jefes de gobierno de la federación y los Estados federales", que luego pasaría a la historia con el nombre de decreto de los radicales.El decreto estableció que "todo aspirante que desarrolla actividades contrarias a la Constitución no puede obtener un empleo en la Administración pública" y que sólo pueden ser funcionarios del Estado "los que ofrezcan garantías de actuar en todo tiempo conforme al orden liberal y democrático fundamental".

Al amparo de la defensa de la Constitución, se puso en marcha una auténtica caza de brujas que llegó a asustar a los mismos padres del decreto de los radicales. Willy Brandt reconoció que "fue un error", y los daños causados al Estado democrático fueron superiores a los peligros que se trataba de conjurar.

'Actividades anticonstitucionales'

De hecho, el decreto de los radicales se aplicó sólo contra los izquierdistas, y apenas en una docena de casos contra extremistas de derechas. Entre los empleados en los servicios públicos se llegaron a dar denuncias e interrogatorios de personas por presuntas actividades anticonstitucionales.El mecanismo puesto en marcha por Willy Brandt y por los presidentes de Gobierno llegó incluso a molestar a los funcionarios de los servicios secretos y a la policía, que se quejaron de que "por tantas consultas sobre los antecedentes de aspirantes a ingresar en la Administración no nos queda tiempo para nuestro verdadero trabajo de perseguir a los terroristas y a espías".

Hasta ahora, los intentos de acabar con el decreto de los radicales han resultado inútiles. La Administración de justicia y la burocracia estatal no renuncia a un arma represiva que se aplica todavía hoy, aunque en menor medida que en los años setenta.

El decreto de los radicales es una mancha en la democracia de la RFA. La palabra berufsverbot, prohibición de ejercer una profesión por motivos políticos, pasó a incorporarse al léxico internacional. En la RFA, un comunista no puede, legalmente al menos, ser conductor de locomotoras, tocar en una orquesta estatal o ser jardinero municipal.

Clima de temor

El peligro mayor del decreto de los radicales no es el del volumen de la represión, que afectó a 866 personas en diez años, sino el clima de temor creado en toda una generación a partir del movimiento estudiantil de 1968.El premio Nobel de Literatura alemán Heinrich Boell llegó a escribir que con el decreto de los radicales "la República Federal se aísla y se aislará todavía más. Llegará el día en que miraremos con envidia la vida política y cultural de España, cuyas reservas democráticas, después de cuarenta años de dictadura franquista, son más fuertes y más vivas que las nuestras".

Boell dijo que se iba a crear una nueva generación de "hipócritas, serviles, amedrentados, oportunistas y cobardes".