El Gobierno negociará con su propio partido y con el PSOE los proyectos de ley conflictivos

El Gobierno y los grupos parlamentarios centrista y socialista negociarán cada una de las leyes conflictivas pendientes de tramitación, del total de 125 proyectos que aguardan su debate en el Congreso de los Diputados. Para ello, en los próximos días se estudiará un orden de prioridades y se establecerán los textos sobre los que habrá de producirse la negociación.

En principio, existe acuerdo unánime en dar preferencia a las leyes en las que se materialice la construcción del Estado de las autonomías según el diseño de los pactos autonómicos firmados el 31 de julio último. En cambio, se producen discrepancias respecto al desarrollo de la Constitución y en varios proyectos de alcance económico-social.La delicada etapa que se inicia el próximo mes, sobre todo por el desarrollo y las consecuencias del juicio contra los golpistas y también por la amenaza latente de la disolución de las Cámaras, aconsejan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a extremar la prudencia en el ejercicio de su papel parlamentario como primer partido de la oposición. Altas fuentes del Grupo Socialista del Congreso manifestaron a EL PAÍS su buena disposición negociadora y su voluntad de "encontrar soluciones constructivas" para todos los problemas que se planteen en el Parlamento. En cambio, los socialistas no desean ligarse con un compromiso global -pacto de legislatura-, ya que la situación política de los próximos meses puede evolucionar en muy diferentes sentidos, y el PSOE quiere tener "las manos libres" para actuar según le convenga.

En todo caso, la actuación res ponsable de los socialistas en los próximos meses parece asegurada El secretario general del PSOE, Felipe González, insiste en la prioridad para su partido de la consolidación de la democracia, incluso sobre la victoria electoral que le vaticinan los sondeos.

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista manifestaron a este periódico: "Los socialistas no podemos permitirnos el lujo de perder votaciones sólo para evitar que las pierda UCD". La vía correcta, desde el punto de vista socialista, es, si el Gobierno continúa rechazando la coalición, y para el PSOE sigue siendo inaceptable el pacto parlamentario, negociar intensamente cada proyecto de ley. En esa negociación, los socialistas pretenden obtener el máximo acercamiento a sus posiciones políticas de los textos legales resultantes, pero sin apretar demasiado, ya que el Gobierno siempre contará con la facultad de retirar el proyecto de ley de que se trate. Para los socialistas, el ejercicio de esta facultad gubernamental debe ser evitado, porque produciría un deterioro de las instituciones democráticas en un momento especialmente delicado. El PSOE prefiere obtener ventajas políticas en los textos legislativos concretos.

El paquete autonómico

En materia autonómica, el proyecto de ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) tiene una importancia prioritaria. La única preocupación reside en la dura oposición nacionalista. Sin embargo, la probable coincidencia del juicio del 23-F con el debate de esta ley en el Congreso ha hecho decir a un alto dirigente centrista que "las protestas nacionalistas y comunistas contra la LOAPA y contra sus autores, el Gobierno y el PSOE, serán una buena música parlamentaria de fondo al juicio por el 23-F".Los estatutos de autonomía pendientes de debate no ofrecen problemas, a excepción del valenciano, cuya aprobación es necesaria para la prosecución del proceso autonómico, y que requiere un acuerdo entre centristas y socialistas, dado su carácter de ley orgánica, y, por tanto, la exigencia de 176 votos en el Congreso. La situación apunta hacia la reconsideración mutua de las posiciones centrista y socialista sobre la denominación y simbología de la comunidad autónoma.

El probable compromiso gubernamental -sobre el que ayer negociaba el PSOE con el Gobierno- de sacar adelante en breve plazo la ley de bases de Administración Local completaría el cuadro de leyes importantes del paquete autonómico. De menor entidad es el proyecto de ley de Agricultura de Montaña, que resulta polémico porque mantiene competencias estatales en temas atribuidos a las comunidades autónomas, el del sistema tributario local y el de financiación del transporte urbano. Los socialistas se niegan a que el déficit de los ayuntamientos por este capítulo repercuta sobre las tarifas.

El desarrollo constitucional

En materia de desarrollo constitucional, los máximos problemas los planteará la ley de Financiación de la Enseñanza obligatoria, que el PSOE, no votará favorablemente si no se negocia a fondo. Igualmente conflictiva es la ley de Incompatibilidades, cuyo debate en la Comisión de Presidencia fue iniciado en diciembre, pero sobre la que no existe acuerdo. Otra ley problemática es la que regulará la asistencia letrada al detenido establecida en el artículo 17.3 de la Constitución. El origen de este texto es una proposición de ley comunista.Entre otras leyes de desarrollo constitucional que originarán problemas, si no se negocian, figuran la orgánica del Tribunal de Cuentas (véase EL PAÍS del 24 de enero), la de objeción de conciencia, la que regula el derecho de asilo (consecuencia de una proposición socialista y cuya tramitación se encuentra actualmente paralizada), la de autonomía universitaria (con problemas internos deritro de UCD) y la del consumidor, a la que los socialistas tienen presentada una enmienda a la totalidad. El PSOE desea agotar todas las posibilidades de negociación de este proyecto, para cuya conversión definitiva en ley existe una fuerte presión social.

Junto a estas leyes, desarrollarán también la Constitución la que regulará el patrimonio nacional y la de defensa del patrimonio histórico-artístico español. A los problemas jurídicos y políticos de estas leyes se añade en fuentes socialistas que constituyen si no casus belli sí casus Guerra, con lo que apuntaban a la especial importancia que concede Alfonso Guerra a ambos proyectos de ley.

Leyes económico-sociales

Un último paquete en el que figuran algunas leyes conflictivas es el que contiene los proyectos de carácter económico y social. Uno de los textos más diriciles es el que regula los arrendamientos urbanos, muy conflictivo para los socialistas por las repercusiones sociales que lleva consigo. Procede de una proposición de Coalición Democrática y es probable que el PSOE plantee su aplazamiento. En cambio, los socialistas solicitarán vía libre para la ley de Protección Pública a la Vivienda, cuyo proyecto viene desde el comienzo de la actual legislatura, y la de Valoración del suelo, rescate de plusvalías y gestión urbanística, que procede de la legislatura constituyente.Los proyectos de ley sobre el patrimonio neto y sobre sucesiones y donaciones continúan paralizados por el Gobierno y saldrían adelante sin oposición socialista. El problema reside para estas leyes en las resistencias de la derecha. Otra ley importante y a negociar es la de sociedades cooperativas. El proyecto de ley sobre los Derechos de los profesores mercantiles no plantea conflictos políticos, sino de intereses entre estos profesionales y los economistas.