El Consejo Supremo de Justicia Militar fijará, probablemente, el 11 de febrero la fecha del juicio por el 23-F

El Consejo Supremo de Justicia Militar, que preside el teniente general Luis Alvarez Rodríguez, podría reunirse el próximo 11 de febrero para fijar la fecha en que comenzará la vista contra los 33 procesados por el fallido golpe de Estado del pasado año, según informó ayer Europa Press de fuentes jurídicas solventes. La fecha del comienzo de la vista se determinará con siete días de antelación, por lo que, de confirmarse lo apuntado por esta agencia, el consejo de guerra sería convocado para el 18. Esta fecha del comienzo de la vista se viene barajando desde hace algunas semanas.

El fiscal recibió el pasado día 26 la causa para su examen y definitiva calificación de los hechos, y el próximo martes, 2 de febrero, la pondrá en conocimiento de los respectivos defensores. Los abogados tienen un plazo de cinco días, o sea, hasta el 7 de febrero, para elaborar sus escritos de conclusiones. A partir de ahí, será convocado el Consejo Supremo de Justicia Militar, que decidirá la fecha del comienzo de la vista. Esta reunión, según la agencia citada, se celebrará el día 11.

Ultimas resoluciones

El Consejo Supremo de Justicia Militar, en su última reunión, adoptó varios acuerdos sobre la causa, todos ellos remitidos mediante escrito a los abogados defensores, según informó ayer Efe. Las resoluciones son las siguientes:

-Justificar la conclusión del período de plenario "por no estimarse necesaria la ampliación de ninguna de las diligencias de prueba referidas ni la práctica de otras nuevas".

-Denegar la prueba de una práctica solicitada por los aboga dos Julio Ortiz Ortiz, defensor del teniente de la Guardia civil Pedro Izquierdo Sánchez, y Guillermo José Salva Paradela, defensor del también teniente de la Guardia Civil César Alvarez Fernández, consistente en un requerimiento al secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe Gonzalez, para que aportara la minuta que le facilitó el diputado Enrique Múgica Herzog acerca de la conversación que mantuvo en Lérida el pasado 22 de octubre de 1980 con el alcalde de esta ciudad, Antonio Ciurana, el general de división Alfonso Armada, procesado en esta causa, y el dirigente socialista catalán Joan Reventós..

-Revocar un auto por el que se impuso una multa de diez mil pesetas a diez letrados por msnifestaciones contenidas en un escrito dirigido al Consejo Supremo de Justicia Militar. La corrección impuesta se ha rebajado a la advertencia.

-Unir a la causa un. escrito formulado por el letrado Santiago Segura Ferris, defensor del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, en el que solicitó que se tenga por hecha la manifestación de que, "según se comprobó en la prueba de plenario exhibición vídeo de los hechos acaecidos en el Congreso de los Diputados, su defendido dirigió a los presentes en el salón de sesiones palabras demostrativas de que todos los ocupantes estaban subordinados a una autoridad".

-Denegar el permiso solicitado por el teniente de la Guardia Civil Pedro Izquierdo Sánchez para examinarse en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, si bien autoriza a este organismo para que designe a un grupo de profesores de la universidad, a fin de que examine al procesado en la institución militar en la que se encuentra recluido.

Sesiones de mañana y tarde

Las sesiones de la vista de la causa por el frustrado golpe de estado se desarrollarán, con toda probabilidad, en horarios de mañana y tarde, con un descanso de una hora para almorzar. Todos los procesados serán recluidos fechas antes del comienzo del juicio en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército, donde perrnanecerán durante todo el tiempo en que dure ésta.

Tal como adelantó en su día EL PAÍS, tan sólo podrán asistir un total de 360 personas, de las cuales sesenta serán periodistas. El resto, hasta los 360 asistentes, entre los que se encontrarán familiares e integrantes de comisiones de todas las regiones militares y zonas marítimas, lo completarán el tribunal militar, los procesados y sus defensores.

Los 33 procesados por el fallido golpe de Estado de febrero último son: teniente general Jaime Milans del Bosch; generales de división Luis Torres Rojas y Alfonso Armada Cornyn; capitán de navío Camilo Menéndez; coroneles Diego Ibáñez, José Ignacio San Martín y Miguel Manchado; tenientes coroneles Antonio Tejero Molina y Pedro Mas Oliver; comandantes José Luis Cortina y Ricardo Pardo Zancada; capitanes Francisco Dusmet, José Alvarez-Arenas, José Cid, José Pascual, Juan Batista González, José Luis Abad, Carlos Lázaro, Jesus Muñecas, Francisco Ignacio Román, Juan Pérez de Lastra, Francisco Acera, Enrique Bobis y Vicente Gomez; tenientes Vicente Carricondo, César Alvarez, José Núñez, Pedro Izquierdo, Vicente Ramos Rueda, Santiago Vecinos, Manuel Boza Carrasco y Jesús Alonso Hernaiz. El único civil procesado es Juan García Carrés.

El Consejo Supremo de Justicia Militar está presidido por el teniente general Luis Alvarez Rodríguez, y compuesto por los tenientes generales Federico Gómez de Salazar, Juan Retuerto Martín y José Hernández Ballesteros; vicealmirantes Jacinto Ayuso Serrano y Jorge GarcíaParreño; generales de división Jaime Llosa Rodón, Inocente Vázquez, José Chicharro, José Contreras Franco, Juan Vigón Sánchez, Manuel María Mejías y Fernando Morillo Flandes.

Los generales consejeros son José María García Escudero, José de Diego López, José Barcina Rodríguez, Juan Luis Fernández de Mesa, Francisco Jiménez y Gabriel Maestre García. El ministro togado es Justo Carrero Ramos, y el general auditor, Arturo Paz Curbera.