Sindicatos y patronal presentarán hoy su última oferta para la reforma de la Seguridad Social
Sindicatos y CEOE entregarán hoy por escrito sus propuestas de reforma de la Seguridad Social a la comisión tripartita que formaron con la Administración hace mes y medio para pronunciarse sobre el proyecto que presentó el Gobierno. Ante la falta de acuerdo en el tiempo transcurrido, el profesor Fuentes Quintana, que preside la comisión, propuso esta fórmula, con el fin de tratar de buscar antes del día 31 un común denominador y, allí donde no sea posible, elevar al Gobierno los informes separados. A este respecto, ayer cada parte ultimó su documento.
Frente a la postura de la CEOE, que desea que se cumpla el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) y el Gobierno dicte inmediatamente normas para adaptar el sistema español al europeo y descargar las aportaciones de los empresarios, los sindicatos desean que se mediten seriamente las medidas para impedir recortes en las prestaciones y una reprivatización o contrarreforma.EL PAÍS conoció anoche el texto íntegro de la posición de UGT, que fue aprobado por la ejecutiva del sindicato y que ocupa un centenar de folios. Sus propuestas más destacadas son: constituir un comité de expertos para que estudie en profundidad y con tiempo suficiente la imprescindible reforma global (elaboraría un informe que después sería sometido a las fuerzas políticas sindicales y empresariales), el abono sin plazo del 75% del salario mínimo interprofesional a los parados con cargas familiares que agoten su período de subsidio y la libertad para que cada trabajador elija médicos en los ambulatorios.
El documento aprobado anoche por la ejecutiva de UGT señala que, ante la amenaza de reprivatización y degradación de las prestaciones sociales, el acuerdo social sobre la reforma es imposible, pese a la absoluta necesidad de ésta. Y una reforma sin acuerdo -advierte el sindicato socialista- tiene evidentes costes en términos políticos y de conflicto social.
La opinión de UGT sobre las propuestas del Gobierno es que producen estupor. Unas se presentan como inquietantes (desempleo, farmacia); las más, insuficientes (campo de aplicación, financiación, acción protectora y gestión) o meramente reiterativas, a nivel de buenos propósitos, de previsiones incumplidas. Todo ello sin un examen crítico de la situación actual.
Tras una descripción de los problemas de la Seguridad Social, que ocupa la tercera parte de su documento, el sindicato socialista señala que la gravedad de la situación actual y la incapacidad del Gobierno requieren, sin forzar un desmantelamiento del sector público social, la defensa del sistema público de seguridad social frente a los intentos de reprivatización y la necesidad de abordar una reforma que racionalice el funcionamiento del sistema y mejore sus niveles de protección. En el primer aspecto dice que no tiene sentido la concurrencia de privados, pues no existe mercado en el que esa concurrencia pueda operar en términos de competencia (las prestaciones y las cotizaciones se determinan legalmente, y no por el juego de la oferta y de la demanda). Asimismo rechaza como alternativa los fondos de pensiones privadas para la Seguridad Social pública.
Entre las medidas de racionalización y mejora propuestas, UGT considera que unas son de la exclusiva responsabilidad gubernamental: clarificación y eficacia en la gestión recaudatoria para eliminar el elevado índice de impagados y fraude; disciplina y equidad en la incorporación de nuevos colectivos; control efectivo y publicidad sobre la irregular situación de los montepíos sustitutivos, mutuas patronales y empresas colaboradoras; disciplinar el gasto y corregir las desviaciones extraordinariamente anormales registradas en la asistencia sanitaria y servicios sociales; agilizar el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas; introducir medidas urgentes en el área de la medicina asistencial primaria; consecución de un sistema de calificación de la invalidez ágil y equitativo; inmediata regulación de los pagos de subsidios complementarios para desempleados acordados en el ANE, y elaboración de un presupuesto de gastos fiscales.
El otro paquete de medidas las apunta UGT como susceptibles de negociación social; entre ellas figuran la inclusión en el régimen general de los colectivos de trabajadores por cuenta ajena ahora integrados en regímenes especiales, reforma del régimen especial de autónomos para incluir a los profesionales libres, creación de un régimen unitario para toda la función pública y mantenimiento del de empleadas de hogar.
En el aspecto financiero, UGT propone el incremento de las aportaciones estatales, no sólo para cumplir los compromisos ya adquiridos en los acuerdos de la Moncloa (17,5% en 1983 y 20% en 1984), sino para descargar de costes laborales a las empresas con motivo de la futura implantación del impuesto sobre el valor añadido.
La mayor recaudación de éste podría sustituir cotizaciones (ocho puntos sobre los tipos vigentes, a juzgar por las estimaciones de Hacienda), si bien deben establecerse medidas que impidan perjuicios para las pequeñas y medianas empresas.
