El juicio de Los Alfaques concluyó sin el testimonio de altos cargos de Enpetrol

A primeras horas de la tarde de ayer concluyó el juicio oral contra los procesados por el grave accidente de Los Alfaques, causante de 215 muertos y 67 heridos de diversa consideración. Aunque las pruebas practicadas en el juicio han sido exhaustivas, la ausencia de altos directivos de Enpetrol ha impedido debatir en profundidad las últimas responsabilidades de la factoría. Podrían producirse otros procesamientos si el tribunal dictaminara en su sentencia deducir testimonio al juzgado instructor sobre hechos nuevos conocidos durante el juicio.

La vista oral de Los Alfaques, desarrollada en la Audiencia Provincial de Tarragona durante seis largas sesiones, ha puesto de manifiesto graves deficiencias en materia de seguridad por parte de Enpetrol y Cisternas Reunidas. La polémica sobre el concepto de seguridad integrada, así como las atribuciones de los dos técnicos de Enpetrol procesados constituyeron el tercer eje del debate.Sobre estos tres puntos se han pronunciado cada una de las partes en sus extensos informes a la sala. Antes que la calificación del delito de imprudencia imputado por los acusadores, la discusión ha venido centrándose en la atribución de responsabilidades recíprocas entre las dos empresas.

El informe del ministerio público calificó como causa desencadenante del accidente la sobrecarga de la cisterna. Argumentó las deficiencias del tractor como concausas que intervinieron en el hecho. De estas primeras consideraciones dedujo el fiscal la responsabilidad solicitada para el director de Enpetrol -tres años de prisión-, así como, en menor grado, la pena correspondiente a los directivos de Cisternas Reunidas. Pidió para estos últimos dos años de cárcel. En cuanto a la discutida responsabilización de los técnicos de seguridad, el informe fiscal señaló que «no advirtieron los peligros de la sobrecarga», reclamando para ellos dos años de privación de libertad. El operador que llenó la cisterna incurrió, según el informante, en un delito de imprudencia con la pena mínima prevista, por «no prestar atención suficiente al suministrar el propileno».

Por su parte, Rafael Nadal, ejercitando la acción popular, se refirió en su informe a la importancia que para la Administración de justicia representa la acusación popular. Nadal afirmó que esta acción se ejerce por primera vez en Tarragona, así como en España, en nombre de un partido político. El acusador agradeció al juzgado instructor la mínima fianza exigida en este caso para el ejercicio de la acción. De muy graves calificó Nadal las responsabilidades de Enpetrol como empresa pública, refiriéndose también a la preocupación que para Tarragona representan las grandes industrias petroquímicas. El acusador popular solicitó altas penas de ocho años para el director de la factoría y los dos ejecutivos de Cisternas Reunidas. Pidió, por el contrario, la absolución de los otros procesados, considerando que no habían intervenido en los hechos.

Por último, el representante del PSC-PSOE criticó duramente la conducta de la Administración en los hechos de Los Alfaques. Apuntó, en este sentido, la inasistencia del delegado de Industria de Tarragona al lugar del accidente. Según un documento que obra en el sumario, el delegado de Industria no acudió a Los Alfaques por indicación del gobernador civil de Tarragona.

Informes de la defensa

Marcial Fernández, representante de Cisternas Reunidas, informó sobre la inexistencia de relación de causalidad entre el accidente y las conductas personales de sus representados. La reparación del daño, según este defensor, no entraría en la esfera estrictamente penal, siendo rechazable, a su criterio, la tendencia de penalizar resultados en lugar de conductas.

Las defensas del director de Enpetrol y del empleado de la factoría, representadas por los abogados Galbán y Del Pozo, se refirieron asimismo a la falta de responsabilidad de sus defendidos en el accidente. La penalización del hecho, según estas defensas, debe recaer en personas individuales, nunca en la figura, institucional del director de una empresa. Los informes de ambos abogados se limitaron a excluir la participación de sus representados en los hechos, sin que en ningún momento argumentaran la responsabilidad de los otros procesados.

Los abogados Jaime Miralles y Tomás de la Cuadra, en representación de los técnicos de seguridad de Enpetrol, pusieron de relieve en sus informes la carencia de mando de los técnicos, así como sus repetidas advertencias a la dirección de la empresa.

Miralles, defensor de Alfredo Marco, coordinador general de seguridad, criticó la postur a del fiscal al disminuir en sus conclusiones la responsabilidad del técnico en forma cuantitativa. La graduación cualitativa de la responsabilidad del técnico hubiera llevado al fiscal a solicitar su absolución, según Miralles. Este abogado informó que «o bien mi representado actuó competentemente, en cuyo caso debe ser absuelto, o, por el contrario, actuó mal, siendo en este último caso incongruente la disminución de su responsabilidad por parte del fiscal».

En el mismo sentido, Tomás de la Cuadra, representante del técnico de Tarragona, se refirió a su voluntad de llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos. «La actuación de Enpetrol a lo largo del sumario», dijo, «responde a una política cuyos inspiradores seguramente no llegaremos a conocer». De la Cuadra concluyó su larga exposición advirtiendo que las empresas no deben apoyarse en sus técnicos como un seguro de responsabilidad. «Si esto fuera así», añadió, citando la frase de Dante en las puertas del infierno, «técnicos de seguridad, perded toda esperanza».