La supuesta destrucción de importantes pruebas documentales dificulta la investigación judicial

Pregunta. ¿Cuál es, a su juicio, el valor de las declaraciones que vienen realizando ante eljuez los procesados y detenidos en el sumario del síndrome tóxico?Francisca Sauquillo. La verdad es que estos interrogatorios se producen siete meses después de que hiciera aparición el síndrome tóxico, por lo que ha dado mucho tiempo a los procesados y detenidos para prepararse sus declaraciones con asistencia jurídica. Hay que tener en cuenta, además, que, excepto los hermanos Bengoechea, el resto de los detenidos han permanecido juntos en la cárcel y han hablado entre ellos. De ahí que entre estas declaracionts y las primeras que se hicieron ante la policía o ante el juez existen claras contradicciones.

Antonio García Pablos. De todas formas, estos interrogatorios están aclarando algunos datos que estaban sin esclarecer, a la vez que se están planteando nuevas incógnitas. Por ejemplo, habría que saber por qué en 1973 se sustituye el aceite de ricino por la anilina como desnaturalizante, sobre todo si se sabe que es muy dificil determinar la anilina en los análisis. ¿Por qué hay contradicciones entre el olor, el sabor y, el color en este aceite? ¿Qué es ACEPROSA, una empresa que aparece por primera vez en el sumario, o SOLPE, que también aparece como nuevo importador y que además no figura en la lista de importadores del Ministerio de Comercio?

Hay que saber también si la anilina se puede quitar del aceite de colza, porque en el sumario aparece un procedimiento que se hacía de 150 a 300 grados en continuo, y convendría aclarar cómo se hacía la limpieza de los bidones y la mezcla de los aceites. Otra cosa que queda por saber es qué pasó con los 22.000 litros de aceite de colza refinado que se devolvió a Rapsa en el mes de febrero. Sobre todo porque ahora se ha detectado un caso del síndrome que apareció en el mes de marzo, y sería conveniente saber qué uso hicieron de este aceite los hermanos Bengoechea.

A través de estas declaraciones hemos conocido el viaje que, en junio de 1980, realizaron los directivos de Rapsa a Madrid para visitar RAELCA, y donde pudieron observar cómo en esta empresa se envasaba en garrafas de uno y cinco litros aceite destinado al consumo humano. También que, en mayo de 1981, los Bengoechea llamaron a RAELCA para preguntarles si tenían problemas con el refino y saber a qué público estaban vendiendo el aceite, y que en una reunión que se celebró en el puerto de Barcelona, Jorge Pich se convenció, según sus declaraciones, de que en Alcorcón se vendía aceite de colza para el consumo humano.

De todas estas declaraciones lo que no entendemos es por qué, si había inquietud, temor o certeza de que se estaba comerciando con este aceite, como lo demuestran las llamadas, no se informó a los medios correspondientes.

Las declaraciones no despejan incógnita alguna

José María Mohedano. Yo creo que habría que preguntarse si estas declaraciones responden a dos hechos concretos, que son: si han servido para avanzar en la localización del aceite y si se ha descubierto la naturaleza del tóxico que ha producido las muertes.

De las declaraciones no se desprende absolutamente nada que despeje ninguna de estas dos incógnitas; tan sólo han valido para mostarnos cuáles van a ser las líneas de la defensa. Hemos podido ver contradicciones y falta de pruebas en los tres bloques del aceite (Bengoechea, RAELCA y circuito catalán, y compradores del mismo circuito), y, sobre todo, hemos comprobado que los documentos contables han sido destruidos y en otros casos sustituidos.

Según las declaraciones de los procesados, todos han mezclado y todos han refinado, pero hay ausencia de pruebas periciales y documentales que nos serían útiles para aclarar la selección del tráfico comercial, por lo que, de momento, contamos con las pruebas testificales.

El problema radica aquí en que, desde un principio, a estos delincuentes se les ha tratado con deferencia, llegándoseles a permitir incluso comer y dormir en sus domicilios, o pidiéndoles los documentos en vez de habérselos cogido la policía después de personarse en sus casas. Por todo ello, la contabilidad de estas empresas no ha estado ni perseguida ni interceptada.

Otro dato, con el que no hemos contado hasta el 25 de septiembre, ha sido el del análisis anatomopatológico de las autopsias, que hasta esta fecha se ha venido haciendo por el tradicional método del serrucho.

Antonio García Pablos (hijo). Aquí está pasando lo que se estudia en sociología, y es que, según el tipo de delitos, de delincuentes y de víctimas, el celo se relaja.

A. G. P. Sin embargo, contamos con una pruebadocumental que es imposible de destruir, como son los cheques nominales que se han cruzado y que podemos tener a través de los bancos. De todas formas no se comprende cómo la policía empezó a actuar tan tarde, dando tiempo y levantando la alerta para que los procesados pudieran destruir las pruebas. Como tampoco se comprende la actuación del fiscal pidiendo que se archivara la querella que yo había presentado el día 12 de junio, por falta de pruebas.

Absoluta pasividad del fiscal

P. ¿Cuál es el papel que el ministerio fiscal, es decir, la acusación pública, está jugando en la investigación de unos hechos que afectan tan gravemente a los ciudadanos?

F. S. El Gobierno debería haber nombrado a una persona que, aparte de las distintas comisiones que se han creado, coordinara el papel de la policía y de la parte judicial. En cuanto a la actuación del fiscal, lo menos que se puede decir es que su pasividad ha sido absouta, ya que hasta ahora no ha aparecido en ningún momento, ni siquiera cuando comparecieron los funcionarios de Aduanas. Aquí tendría que haber intervenido el Ministerio de Justicia, excitando el celo del fiscal.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha prestado máquinas de escribir al juzgado instructor y ha designado dos jueces adjuntos, pero esto no es suficiente para tramitar y hacer avanzar un sumario que en estos momentos ya tiene veinte tomos y varias piezas.

A. G. P. El retraso de la puesta en marcha de la investigaciónjudicial, como ya he dicho antes, puso sobre aviso a los culpables, a los que, además, no se les ha hecho ningún embargo de bienes, lo que está acrecentando de manera prodigiosa las cuentas de las respectivas esposas. Para los procesados, la época del poder matriarcal acaba de empezar. Pero, centrándonos en el tema del fiscal, lo más importante que yo recalcaría es que no haya hecho hasta ahora ninguna proposición de pruebas. Esto, unido a que no aparece en los interrogatorios, hace que el juez esté tomando su papel, haciendo casi una labor de inquisidor en vez de la de mediador.

Por otro lado, el fiscal se ha negado a que los científicos estén presentes en los interrogatorios, tal y como había autorizado el juez y la Administración pública. Esta presencia sería fundamental a la hora de preguntar y de conocer datos sobre los tóxicos.

J. M. M. La misión del fiscal es defender el interés de la sociedad, del Estado, además de ser el protector de los intereses de los ciudadanos. Digo esto porque creo que es importante definir, antes que nada, su figura para poder juzgar luego la importancia de su presencia. Si observamos cronológica mente los hechos, veremos que el día 11 de junio se inmovilizaron los depósitos de aceite; el día 13 se produce la denuncia de García Pablos y el fiscal pide que se archive por falta de pruebas, y el día 26 es el mismo fiscal el que presenta la querella en nombre del poder público, sin promover diligencia alguna de pruebas.

Posteriormente, no participa en los interrogatorios ni pide nuevos procesamientos, y hasta se podría asegurar que no se ha leído el sumario. Y digo esto porque hasta el momento no ha promovido ninguna prueba nueva que aporte más datos, y si se hubiera leído el sumario es seguro qué tendría que haberlas pedido.

Por tanto, tal y como están las cosas, yo vería la necesidad de que se nombrara otro fiscal especial, que no sea el de la Audiencia Nacional, en vista del trabajo que éste tiene tramitando querellas contra los periodistas y la libertad de expresión, lo que le impide acudir a los interrogatonios del síndrome tóxico.

F. S. Otro dato significativo es la querella que han presentado varios ciudadanos, acogiéndose a la accion popular, y a la que el fiscal impuso, en un primer momento, una fianza de cien millones de pesetas. Como se sabe, esta cuantía fue luego rebajada por el juez a diez millones y, posteriormente, tras el recurso presentado por los querellantes, la fianza ha quedado fijada por la Audiencia Nacional en 100.000 pesetas. El hecho de que el fiscal pidiera esta cantidad significaba la imposibilidad de ejercer la acción popular por lo excesivo de la cuantía, impidiendo, de hecho, que se ejercitara un derecho constitucional. Por otro lado, hay que decir que a los abogados acusadores no se nos ha dado en ningún momento traslado de las querellas ni del recurso que luego se interpuso.

P. ¿Piensan que esa pasividad del ministerio fiscal impide, o puede dificultar, que la investigación judicial se extienda a esferas de la Administración del Estado?

J. M. M. La pasividad del fiscal no impide, pero tampoco coadyuva, y lo que está claro es que la acusación particular no puede ir más allá de lo que está haciendo ahora. Sería importante que las organizaciones sociales tuvieran en cuenta las necesidades que tenemos todos de que se persone el ministerio fiscal. Por otra parte, el juzgado debería trabajar, en un caso tan complejo como este, con medios del siglo XX, ya que ahora mismo no dan a basto.

Nosotros estamos viendo cómo los funcionarios están trabajando hasta los domingos por la noche; cómo, a pesar de esta buena voluntad, se pierden y se traspapelan carpetas, y cómo ni siquiera se ha elaborado un índice del sumario. El trabajo que tiene el juzgado es tan enorme que el juez, en estos momentos, no puede admitir más querellas por falta de carpetas. Yo mismo me he quedado sin poder presentar 2.000 querellas más por este motivo.

A. G. P. Ahora mismo, en el juzgado, hay presentadas 8.000 querellas, lo que significa menos de la mitad de los afectados, si nos atenemos al último informe de la comisión clínica, que fija la cifra de afectados en 17.000. Por otro lado, desde el mes de julio que solicitamos al Ministerio de Sanidad la cifra exacta de los fallecidos, no se nos ha facilitado ni a nosotros ni al juzgado.

Estafa y salud pública

P. Hay un componente de estafa en el aceite y un delito contra la salud pública por una adulteración alimentaría. ¿Se están analizando los dos aspectos por separado?

F. S. En el sumario se han llevado los temas conjuntamente, porque los procesados han intentado mezclarlos. Una de las tácticas de exculpación es la de aludir a la posibilidad de mezclas de semillas y a la falta de reglamentación sobre ácidos grasos, donde la Administración puede haber actuado con negligencia. Pero lo que ellos tratan de probar en el proceso es que las mezclas de aceites las hace todo el mundo y aquí también entraría la permisividad de la Administración.

A. G. P. Nuestra acusación está basada en un delito masa (1) contra la salud pública. La puesta en marcha de un riesgo ya de por sí es un delito que tiene sus sanciones penales. Yo, como acusador, no tengo por qué entrar en la responsabilidad de la colza, de los desnaturalizantes o de los colorantes, y no encuentro dificultad en aplicar la doctrina tradicional, según la cual: el que es causa de la causa, es causa del mal causado; y si el aceite es causa de las enfermedades, para mí, el delito contra la salud pública es clarísimo.

Además hay una infracción de disciplina de mercado. Aunque en el Indime (Servicio de Inspección de la Disciplina del Mercado) se han cursado muchas denuncias, hasta ahora no ha habido un solo juez en España que haya abierto un sumario por delito de estafa. Este caso, a mi juicio, es un delito de estafa, porque se vende como aceite de oliva o de semillas algo que no es oliva ni semillas.

Lo grave en este caso es que estamos acostumbrados a convivir con un fraude del aceite de oliva de 80.000 a 100.000 toneladas anuales por la adicción de semillas, pero que no había sido espectacularmente dañoso para la salud. En este caso se buscó, en un principio, el aceite a granel, pero luego hemos visto que también ha habido botellas con marca y precinto que han causado la enfermedad.

Cuando yo hice la querella tuve mucho cuidado de no hablar de aceite de colza, ni desnaturalizantes, pero espero que los científicos lleguen, si pueden, a unas conclusiones definitivas; ahora yo, en el sumario, me encuentro con que el juez ha dictado auto de procesamiento a partir de un documento de Sanidad, en el que se dice que en estos productos hay anilinas y que estas son tóxicas, y hay relación causal. Quizá por esto el juez no ha procesado a Danesa Bau ni a ITH, ni a ninguno de sus químicos, porque la basta con la relación causal.

Si esto es por anilinas o por orujo, a mi me da igual. No rechazo ni asumo calificaciones científicas. Ahora, si en Bilbao aparece una persona que compró aceite en marzo, esto quiere decir que la primera cisterna devuelta por RAELCA a Rapsa estaba en el mercado. Si aparece una empresa, CEPROSA que refina en Portugalete aceite de colza, o aparece SOLPE como importador ilegal de 40.000 kilos de colza, parece que la teoría de la colza está bastante avalada. En cualquier caso, mi posición es esperar a que los científicos nos expliquen convenientemente todo esto.

Angel Pestaña. El efecto de esto es que incrimina a un determinado comercio de aceites heterogéneos e incrimina también al aceite.

Política de aceites

J. M. M. Del sumario se deduce que una de las responsabilidades es la política de aceites y grasas del Gobierno, tanto más sospechosa cuanto que los intereses económicos eran muy importantes, y esto llevaba a que esta política era beneficiosa para los que no actuaban legalmente, y muy desfavorable para los consumidores. En el sumario hemos podido comprobar otros datos importantes, como la inexistencia de una fiscalización por parte de la Administración sobre este tipo de consumo, o como el desnaturalizador que se ha usado para invalidar el aceite de colza, a pesar de que el sistema de análisis no puede luego precisar si existen anilinas, o, lo que es peor, la compra, en los meses de septiembre y octubre, de aceite de colza con anilina en la residencia Primero de Octubre, precisamente del mismo que se estaba persiguiendo, lo que quiere decir que, aun después de instruirse el sumario, enfermos de la colza estuvieron en peligro de consumir otra vez ese aceite.

Para mí, hay una relación de causalidad entre el aceite tóxico y las víctimas, aunque eso no quiere decir que aparezcan nuevos datos y que el sumario, por otro lado, se siga por delito contra la salud pública, por estafa, por homicidio y por falsedades de documento.

Sin embargo, creo que es difícil la investigación y determinación de la sintomatología de la enfermedad, por dos razones: la tecnocracia en materia de salud que existe en este país, que ha impedido aunar una investigación científica multidisciplinar en el área clínica, farmacológica y biomédica; y, segundo, porque, junto a investigaciones científicas realizadas con rigor, hay otras en las que se busca el tremendismo ibérico, la búsqueda de laureles o la desviación interesada y premeditada de la opinión pública, respecto a la causa de la toxicidad, y todo esto se refleja en el sumario.

F. S. Yo creo que es muy grave, por parte de los medios de Prensa y por todos los que hacen declaraciones, el que se diga que puede no ser el aceite la causa de la enfermedad, ya que esto es una irresponsabilidad que da argumentos a la defensa, y está claro que ellos son los primeros interesados en que esto ocurra.

A. G. P. En un hecho de esta trascendencia es muy difícil que el juez conceda la libertad bajo fianza, pero también es muy difícil que, si prosperan las opiniones científicas dubitativas, mantenga la prisión para algunas personas.

El fenómeno que está viendo la opinión pública es muy distinto de lo que vivimos nosotros, ya que una manifestación, apoyada periodísticamente, de que no se sabe nada y de que puede ser cualquier cosa, puede producir el que estos señores se vayan a la calle, dejando a los familiares; de los fallecidos y enfermos sin ningún tipo de indemnización.

J. M. M. Desde mi punto de vista, la relación de causalidad está clara, aunque hay dificultades, pero hemos dado un paso adelante que va a hacer muy difícil que la defensa intente la relación de causalidad. Un dato es el importe del Instituto Nacional de Toxicología, donde se establece que estos ácidos grasos del aceite de colza son determinantes del síndrome tóxico. Este es un dato importante que hace imposible que el juez ponga en libertad y deje de procesar, no sólo a los que están ya dentro del sumario, sino a otras personas. (1) El término delito masa se aplica a una acción delictiva que tiene efectos múltiples o generalizados.