Indignación ante la posible adjudicación directa de Hacienda a IBM de 40 ordenadores que pueden fabricarse en España

Indignación y desmoralización han sido las reacciones más características recogidas en las empresas Secoinsa (INI) y la multinacional Univac, y en amplios medios del sector electrónico, ante la eventual adjudicación directa, sin concurso público, del Ministerio de Hacienda a IBM de los 650 millones de pesetas del sistema informático para controlar los impuestos de todos los españoles. Una parte importante de estos equipos -40 pequeños ordenadores para otras tantas provincias-, que pueden fabricarse por Secoinsa en Málaga, serían importados por la multinacional IBM si el Ministerio de Industria no lo impide a tiempo en cumplimiento de la vigente ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. Univac, por su parte, está redactando un pliego de reclamaciones por daños y perjuicios a Hacienda para el caso de que sea excluida.

Entre los técnicos y directivos de la empresa española Secoinsa, que, junto con Univac, fue propuesta por la Comisión Interministerial de Informática como ganadora -por once votos contra uno- del concurso público declarado luego desierto por Hacienda, existe una gran confusión por lo que han calificado de "chapuza legal" del citado Ministerio al intentar saltarse las reglas en favor de la empresa IBM y contra los intereses del sector nacional.Por otra parte, "las graves razones técnicas" que, según Hacienda, justifican la adjudicación directa a IBM de este importante contrato, que afecta a temas fiscales de cierto interés estratégico, están haciendo un daño irreparable al prestigio de las otras empresas competidoras y puede asustar a futuros usuarios de informática.

El Ministerio no ha comunicado oficialmente a nadie haber declarado desierto el concurso, pero ha comenzado, sin embargo, negociaciones con la empresa española, a la que ha ofrecido promesas de contratos en futuras ampliaciones y una exigua participación en este proyecto de control fiscal.

Al parecer, las últimas ofertas, supuestamente destinadas a silenciar las eventuales protestas de Secoinsa, le adjudicaban directamente quince pequeños ordenadores para las quince provincias mas pequenas, mientras el grueso de los 650 millones de pesetas, ampliados posiblemente a ochocientos millones y que incluyen las veinticinco provincias con mayores perspectivas de crecimiento demográfico, irían a manos de IBM.

"Una solución humillante"

Algunos directivos de Secoinsa se mostraron profundamente molestos por la presencia "humillante" de su empresa en la negociación de tales limosnas. "No hay nada que negociar", señalan dichos medios, "ya que ha habido un concurso público y unos concursantes, lo hemos ganado con suficientes pruebas ante la Comision Interministerial de Informática y no tenemos por qué entrar en pactos de dudosa legalidad con el Ministerio de Hacienda".El propio director general de la Agrupación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL), Pedro Higuera, ha declarado que "no es una cuestión de promesas ni de limosnas para la industria nacional, sino que estamos ante un problema mucho más grave. Se cuestiona la validez de los procedimientos administrativos, y ello supone una alteración arbitraria de las reglas de juego y una pérdida de seriedad como país frente a un sector de futuro como éste".

"Los funcionarios del Gobierno", según Higuera, "fijaron el pliego de condiciones, Secoinsa-Univac cumplieron todas las pruebas satisfactoriamente, pero al ser IBM descalificada por no ajustarse al pliego, el Ministerio de Hacienda rompió la baraja y trata ahora de adjudicar el contrato al perdedor sin el control de concurso previo alguno. Esto es una falta de seriedad característica de las repúblicas bananeras que no debemos permitirnos".

Otras fuentes del sector informático han comentado, no sin cierta ironía, que la llamada solución salomónica de Hacienda dando migajas a la empresa nacional y el grueso del contrato a IBM recuerda la actitud del Gobierno en la reciente adjudicacion de equipos para la futura televisión vasca a la firma norteamericana Page Ibérica desechando ofertas de la industria nacional más económicas y generadoras de empleo.

Un miembro de la recién constituida Comisión del Plan Nacional Electrónico e Informático ha mostrado su "perplejidad por la actitud de Hacienda, que constrasta con la del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, que el mismo día en que se declaraba oficiosamente desierto el concurso fiscal testimoniaba su apoyo al desarrollo de estos sectores en España".

Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten, sin embargo, en que están haciendo todos los esfuerzos precisos para incrementar la recaudación en 1982 mediante una mejor gestión informática de los impuestos, reduciendo de esta manera el fraude fiscal.

Estas prisas recaudatorias son utilizadas para justificar las decisiones de Hacienda, acosado por el creciente déficit público.