Inseguridad en el transporte del gas que originó la tragedia de Los Alfaques

Ocho peritos encargados de emitir dictámenes en el sumario de Los Alfaques comparecieron en la mañana de ayer ante la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Tarragona. A través de sus declaraciones puede desprenderse una mayor falta de medidas de seguridad en relación a la cisterna que transportaba el gas propileno causante de la catástrofe. Se constató, asimismo, una grave desorganización en las instalaciones de carga de la factoría de Enpetrol. El control de los suministros se efectuaba en esta refinería con una finalidad más comercial que de seguridad.

Por otra parte, según ha podido saber este diario, las indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros a los perjudicados por el accidente ascienden aproximadamente a 2.200 millones de pesetas. Estos pagos han sido asumidos en su mayor parte por Enpetrol, a través de la mutualidad del Instituto Nacional de Industria.Con los dictámenes periciales, el juicio adquirió ayer proporciones de mayor interés, centrándose la polémica en torno a la cisterna, así como las condiciones del cargador existente en la planta de Enpetrol. La tercera cuestión debatida fue la falta de atribuciones ejecutivas de los técnicos de seguridad sobre la línea productiva de la factoría, en concreto, sobre la sección de carga.

Línea de defensa

Alrededor de estos tres puntos se sitúan en diferentes planos las defensas de los procesados, cuya línea de actuación se está practicando a tres bandas. Por un lado, se encuentran los acusados de Cisternas Reunidas, representados por el letrado Marcial Fernández, quien intenta demostrar que tanto la cisterna como el conductor reunían los correspondientes requisitos. En el extremo opuesto se sitúan los abogados del Estado, contratados por Enpetrol, Francisco Galván y Antonio del Pozo, en defensa del director de la factoría y del empleado que cargó la cisterna. Enpetrol ha venido sosteniendo que la sobrecarga de propileno fue debida a defectos de la cisterna.Por último, los abogados Jaime Miralles y Tomás de la Cuadra, en representación de los asesores de seguridad de Enpetrol, centraron su actuación en demostrar, con bastante acierto, que sus defendidos no tenían competencias ejecutivas en la sección de carga de la factoría. Esta sección dependía, al parecer, del jefe de trasiego de la planta y de otros cuadros directivos que no han sido procesados.

El fiscal y la acusación popular, ejercida por Rafael Nadal en nombre del PSC-PSOE, practicaron la prueba pericial insistiendo en los puntos relativos a la cisterna, el cargador y los responsables de la carga. Antonio Carbajo, fiscal de la Audiencia de Tarragona, tomó posesión de su cargo hace escasamente un mes, siendo esta su primera actuación ante este tribunal. De la acertada actuación del fiscal puede desprenderse la posibilidad de modificar las conclusiones provisionales, que podrían aumentar las penas solicitadas a alguno de los procesados. Resulta probable, asimismo, que la acusación popular atenúe la responsabilidad de los asesores de seguridad de Enpetrol. La acción popular se ejercita en este sumario con la módica fianza de cien pesetas, cantidad fijada por el juez de Tortosa, que instruyó el sumario.

Tanto los peritos judiciales como el ingeniero de proyectos José Gilabert, autor de una maqueta de la cisterna, afirmaron que ésta había sido diseñada con un orificio para instalar una válvula de seguridad. Esta válvula era obligatoria en 1973, fecha de construcción de la cisterna. Discrepó en este aspecto el ingeniero industrial Jesús Alarcón, perito propuesto por Cisternas Reunidas. Alarcón insistió en que la válvula no era obligatoria en la fecha del accidente. Pudo comprobarse a lo largo de la sesión que la válvula sí era obligatoria o, en su defecto, otro sistema de seguridad de la cisterna, que debía ser aprobado administrativamente.

Responsabilidad de la factoría

La constatación de defectos en la cisterna no disminuye, sin embargo, las responsabilidades en la carga de propileno por parte de Enpetrol. Según declaró otro perito, la factoría no debió suministrar el gas a un vehículo sin comprobar que cumplía todos los requisitos.En cuanto a la responsabilidad de los técnicos de seguridad, el experto en esta materia, Manuel Baselga, afirmó que la prevención de accidentes no es atribución de los asesores de seguridad, sino de la dirección ejecutiva de la factoría.

Los dictámenes de los peritos no consiguieron aclarar, sin embargo, las causas de la sobrecarga de propileno. Aparece como un misterio, a lo largo del procedimiento, las razones por las que el conductor del camión salió de Enpetrol con 4.000 kilos de exceso de gas. Es opinión generalizada entre los entendidos que la sobrecarga era una práctica, al parecer, habitual entre los transportistas. La factoría, por su parte, ejercía un control sobre el exceso de carga únicamente a efectos de facturación. La estructura de seguridad de Enpetrol se dirigía en especial al interior de la factoría, no previéndose medidas de seguridad hacia el exterior.