Una confusa reforma

EN ESE continuo tejer y destejer con el que la Administración Pública simula su propia reforma, objetivo siempre anunciado pero nunca acometido seriamente (baste con recordar el fracaso de la cartera creada para tal fin y luego, eliminada), el Ministerio de Trabajo, y Seguridad Social ha, suprimido el Instituto,de Estudios de Sanidad y Seguridad Social (IESSS) y la traspasado sus funciones al Instituto de Estudios Sociales, organismo autónomo dependiente de dicho departamento, y que en adelante se llamará de Estudios Laborales y de la Seguridad Social. El Instituto de Estudios Sociales fue creación del Gobierno de la transición y bajo la dirección de su primer catedrático Juan Antoilio Sagardoy, con un presupuesto exiguo y soportando Ia carga inevitable de funcionar los que no trabajan y coran suculentos sueldos mientras un personal contratado con menos derechos y remuneración realiza las tareas del organismo, cumplió un papel esencial en la creación de la legislación laboral del nuevo régimen. Se puede decir que el Estatuto de los, Trabajadores es e gran, parte fruto de los estudios y trabajos encomendados al equipo del profesor Sagardoy. Ello no obstante existe la impresión de que la propia capacidad de este organismo se encuentra subestimada y de que, como en tantos otros de su especie, se ha seguido utilizando como tapadera para la absorción del aparato funcionarial y burocrático del antiguo régimen, tapando con algunos sueldos y prebendas las lealtades vivas al franquismo.Si por lo menos del Instituto, de Estudios Sociales se puede reconocer una efectividad práctica elogiable en sus servicios a la comunidad española, mucho nos tememos que las aportaciones -descónocidas- a nuestra conviencia y a la ciencia en general del ahora desaparecido IESSS no puedan competir en calidad y número. El extinguido Instituto de la Seguridad Social disponía empero de una robusta nómina de 153 funcionarios, cuyas retribuciones Y cargas, asignadas al presupuestó de la Seguridad Social, sumaban aproximadamente unos 340 millones de pesetas artuales. La intención de la reforma pareceria, a primer golpe de vista, evidente: se trataría de quelas tareas hasta ahora atribuidas al instituto ahora desaparecido sean desempeñadas por el de Estudios Sociales con la incorporación a éste de exclusivamente aquellos funcionarios cuya especialización o capacidad no estuviera eventualmente cubierta por el personal ya existente en el mismo siguiendo con esta lógica la Seguridad Social debería hacerse cargo del resto de la nutrida nómina del organismo desaparecido, ya que, entre otras cosas, a ella pertenecía y de su presupuesto -no del presupuesto del Estado- es del que dependía. Informaciones confidenciales señalan que, no obstante, existe ya un proyecto para que con las funciones que se trasladan, se trasladen. también los funcionarios. Si semejante dislate -uno más de los muchos que se cometen en el desafuero contra el dinero que procede de los impuestos de los ciudadanos- llegara a perpetrarse, asistiríamos al espectáculo de que el presupuesto del Instituto de Estudios Sociales, ahora estabilizado en 121 millones de pesetas tendría que ser artificialmente estirado para cubrir los 340 millones de pesetas devengados por el personal del extinguido IESSS. La barroca solución de transferir fondos desde la Seguridad Social hasta un organismo estatal para hacer frente al pago de esos sueldos resulta demasiado artificial para ser tomada en consideración, máxime si responde a conveniencias políticas, y no a necesidades técnicas.

Por lo demás, no deja de resultar anormal que un asunto de este género no haya merecido la atención del Comité de Seguimiento del ANE, al que, al menos en' teoría, se le reconoce el derecho de tener conocimiento "del actual sistema de la Seguridad Social, orientado a su, mejora y. racionalización". La organización. empresarial y las centrales sindicales- no deberían ser los convidados de piedra de una Administración pública que persiste en sus propósitos de maneja¡ de forma unilateral, por su cuenta pero con riesgo de todos, su propio desorden mediante el procedimiento de aumentar los gastos y hacer descender la productividad de su personal gracias a que son los contribuyentes quienes pagan sus dispendios. Los funcionarios del extinguido IESSS no están amenaz-ados por el desempleo, ya que la Seguridad Social tiene la obligación de pagar sus sueldos y utilizar sus servicios.

Si segú dicen como muestra basta un botón, sirva hoy este de ejemplo y aviso de navegantes. La democracia española no será estable, mientras la reforma de la Administración no se lleve a cabo y se aligeren corruptelas y corrupciones. Pero en tanto el Gobierno no sea capaz de hacerlo, n cree por lo menos situaciones nuevas de mayor confusión y despilfarro.