El Gobierno ordenó la intervencion de los teléfonos de la Academia de Caballería

El Gobierno solicitó el pasado mes de noviembre, a través de la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE), que se ordenara la intervención de los teléfonos de la Academia de Caballería de Valladolid, por considerar que en dicho centro existen «indicios racionales que permiten suponer que se pudieran estar realizando actividades con fines involucionistas», según reza en una comunicación que dicho departamento envió con carácter de urgencia a la Audiencia Nacional.

Esta comunicación, con fecha 5 de noviembre de 1981, y firmada por el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, fue interceptada por sectores golpistas, que cuentan en la actualidad con fotocopias del original en cuestión. Estas fotocopias están siendo enviadas a jefes y oficiales del arma de Caballería, acompañadas de un panfleto anónimo, mediante el cual se lanzan virulentos ataques y calumnias contra el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general José Gabeiras-, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, y el titular de Interior, Juan José Rosón.Fuentes de la Seguridad del Estado, que reconocieron la legitimidad del documento que hoy circula en fotocopias, indicaron a EL PAIS que el Ministerio del Interior está informado de la distribución de los panfletos, pero no revelaron las sospechas que, al parecer, existen sobre la forma y el lugar donde se produjo la filtración. En este sentido otra fuente del mismo departamento señaló a este periódico que los servicios policiales dedicados en exclusiva a investigar la trama golpista detectaron en su día la Filtración del documento, aunque no pudieron evitar la organización de la posterior campaña de difusión clandestina.

El documento, que lleva sello de salida de la Dirección General de la Policía, con fecha 7 de noviembre, iba dirigido al magistrado del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Esta comunicación oficial se amparaba en la ley orgánica 11 / 1980, de 1 de diciembre (antiterrorista), para solicitar de la autoridad judicial la orden de observación telefónica.

Precisamente esta ley, en su artículo 5.2, indica que la intervención de teléfonos podrá ordenarla en caso de urgencia «el Ministerio del Interior o, en su defecto, el director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al juez, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la observación». Medios próximos al Ministerio del Interior indicaron a este periódico que toda la tramitación de esta orden se hizo siempre amparada en la legalidad vigente, tal como lo refleja el escrito de comunicación.

Panfleto dirigido a Caballería

El panfleto anónimo, dirigido exclusivamente al arma de Caballería, contiene conceptos calumniosos y frases de clara apología del golpe. Los redactores, entre los que no se descarta haya civiles, tratan de aprovecharse del momento desensibilidad que atraviesa cierto sector de Caballería, a consecuencia del proyecto de creación del Arma Acorazada, y mezclan el caso de la concesión de la medalla al teniente general Jaime Milans del Bosch y algunas falsedades que desde la Prensa de extrema derecha fueron lanzadas en contra del jefe del Estado Mayor del Ejército.Fuentes militares señalaron que la distribución de panfletos se viene produciendo desde bastante tiempo, y en determinados momentos clave, por estos sectores involucionistas. En este sentido, recordaron la intervención de don Juan Carlos el pasado día 6, con motivo de la Pascua Militar. El Rey dijo textualmente: «No puedo ignorar, aunque quisiera hacerlo, las campañas que se han desatado, los panfletos y las hojas profusamente repartidas entre los militares, la planificación de unas versiones de los hechos ocurridos (se refería al 23-F), con las que se ha pretendido intoxicar y desorientar a las Fuerzas Armadas con la mentira como lema, la confusión como método y la afrenta como objetivo».

La Academia de Caballería, con sede en Valladolid, está dirigida por el general de brigada José Tena-Dávila, y entre sus principales actividades se encuentra la formación durante dos años de los alféreces-cadetes de este arma y los cursos de ascenso a jefe. Desde hace tiempo, incluso con anterioridad a los sucesos del 23 de febrero último, los servicios de información militar habían detectado la celebración de reuniones de tipo involucionista entre miembros de este arma destinados en Valladolid, hecho que se confirma ahora con la comunicación remitida por la Dirección de la Seguridad del Estado a la Audiencia Nacional.

Las fuentes militares consultadas por este periódico señalaron que los protagonistas de estas reuniones son «minorías que pretenden ampararse en que Valladolid, por ser sede de la Academia y de un importante regimiento, es, en cierto modo, la cuna del arma, por lo que buscan este punto de partida para sus fines ilegales, que no compartimos la mayoría de los miembros del Ejército».