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Dureza de la CEE en las negociaciones pesqueras con España

Soledad Gallego-Díaz

La Comunidad Económica Europea (CEE) mantuvo ayer su dura posición en las negociaciones con España para la fijación de un plan de pesca en 1982. La reunión celebrada ayer en Bruselas finalizó con una oferta española en el sentido de aceptar la reducida propuesta comunitaria pero sólo durante los cuatro primeros meses del año, a carribio del compromiso de la CEE de discutir con calma a partir de abril un régimen de pesca "hasta la adhesión" sobre bases distintas a las empleadas.Los diez no se han movido prácticamente un centímetro de su posición inicial, dada a conocer el pasado 4 de diciembre: 8.500 toneladas de merluza (el doble de especies asociadas) y una cifra proporcional de licencias, un centenar aproximadamente. En 1981 los pescadores españoles capturaron en aguas comunitarias 10.500 toneladas, con 142 licencias.

Además, la CEE exige que se contabilice en la cifra total la merluza capturada por los barcos artesanales (lo que supone unas 1.000 toneladas menos) y reducir drásticarnente el número de barcos que pueden faenar en el golfo de Vizcaya (zona octava) porque, afirman, el rendimiento por barco y año es superior al que habían calculado: 97 toneladas, en lugar de las 87 que se contabilizaban hasta ahora.

En la reunión celebrada ayer, la representación de la CEE, dirigida por Mogen Marcusen, danés, jefe de división, se mantuvo en las mismas cifras: de 8.500 a 9.000 toneladas de merluza como máximo.

Dado que esta oferta, a juicio del subsecretario de pesca español, Miguel Aldasoro, "no puede ser aceptada nunca", la delegación de Madrid sugirió en el último momento una salida de emergencia: aceptar la posición comunitaria durante cuatro meses (es decir, poder pescar 3.000 toneladas de merluza hasta el próximo mes de abril) siempre y cuando la CEE se comprometa a, revisar a fondo su política pesquera con respecto a España.

"Los comunitarios han insinuado ya que la respuesta, que nos darán mañana (por hoy) será negativa", señaló Miguel Aldasoro, quien se negó a adelentar, sin embargo, cuál podría ser la reacción española en este caso.

Lo más curioso de la situación es que la propilesta española equivale, aproximadamente, a la que realizó la CEE en diciembre. Entonces, y ante la petición de Madrid de un régimen transitorio durante dos meses para poder discutir con calma, los diez se mostraron dispuestos, siempre que fuera sobre la base de la propuesta que realizaban para 1982 (es decir, 8.500 toneladas). Los representantes españoles pedían la base de 1981 (es decir, 10.500 toneladas) y rechazaron la oferta de la CEE. A fin de mes, y a través de una nota verbal, Madrid señaló que estaba dispuesta a aceptar la oferta de la CEE, pero, entonces, la Comunidad se negó a reconsiderar el tema.

La nueva posición española, expresada ayer, es, en el fondo, la misma que a fines del año pasado, disfrazada y ampliada a cuatro meses en lugar de a dos, además de suponer, teóricamente, un cierto compromiso comunitario de estudiar los problemas españoles hasta la adhesión en el capítulo de la pesca.

Uno de los principales problemas que se le plantean a España, al margen de la reducción sistemática de licencias y cuotas (aceptada en cierta forma al firmar el acuerdo marco que rige las relaciones pesqueras CEE-España), es el número de licencias y capturas en la zona octava (golfo de Vizcaya) de soberanía francesa.

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