Querella por presunta negligencia en la aplicación del Plan de Prevención de la Subnormalidad
El ceramista valenciano Francisco García García ha presentado querella contra directivos del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, dependiente de la Caja de Ahorros, por presunta negligencia en la aplicación del Plan de Prevención de la Subnormalidad durante 1980. A su hija Amparo García Escrich, de un año, no se le diagnosticó a tiempo el hipotiroidismo congénito, por lo que padecerá irremisiblemente de cretinismo, una de las formas en que se manifiesta la subnormalidad.
El querellante, vecino de Villamarchante, localidad próxima a Valencia, ha interpuesto la querella contra el profesor Santiago Grisolía, director del instituto y discípulo de Severo Ochoa; contra Marcelino Alamar, presidente del patronato del instituto y de la Caja de Ahorros, y contra José Hernández Yago, subdirector.El padre de la niña estima que podría existir delito de imprudencia punible, y dentro de este tipo «el párrafo que se refiere a cuando se produjeren lesiones graves a consecuencia de empírica o negligencia profesional o bien, por el contrario, como un delito de lesiones». Para el querellante, Hernández Yago cometió un hurto, penado por el artículo 514 del Código Penal, al sustraer, en ausencia del director del programa, toda la documentación clínica y la totalidad de los análisis efectuados a recién nacidos para la detección de metabolopatías. El querellante pide abrir una investigación sobre las acciones u omisiones de todos ellos para determinar su grado de responsabilidad en el caso de la pequeña Amparo y de otros casos más que pueden haberse producido.
La niña nació en Valencia el 22 de diciembre de 1980, cuando el convenio ya estaba en vigencia en esta provincia y en Castellón, por un acuerdo conjunto del instituto con la Dirección General de Salud Pública. Su caso, sin embargo, fue detectado tres meses después, al no encontrarse las tarjetas preventivas en la maternidad del hospital general donde nació. Según los científicos, si el tratamiento contra el hipotiroidismo se inicia después de la sexta semana de vida existe una alta probabilidad de que el bebé hipotiroideo se transforme en subnormal. Se estima que en España nacen cada año 130 niños en estas condiciones.
Falta de interés en cumplir el plan
El plan de prevención para las dos provincias valencianas se puso en práctica en diciembre de 1980, después de nombrar como director del programa al doctor Teófilo Díez Caballero, quien ha mantenido, a lo largo del tiempo que ha desempeñado esta responsabilidad, una discrepancia abierta con el instituto por la falta de interés para aplicar el plan. El convenio había sido firmado en julio para atender el mayor número posible de recién nacidos. Dado el retraso de la firma, el instituto se comprometió a invertir los 3.800 millones del acuerdo en realizar 6.900 análisis, pero a finales de año sólo se habían estudiado 104 análisis. Entre los niños a los que no se les había recogido las muestras para analizar estaba Amparo.La querella señala que «los 104 niños estudiados en 1980 sobre los 6.900 a que el IIC se había obligado significa una dedicación de un 1,5 % sobre el convenio establecido, lo que significa igualmente que cinco niños de dicha población infantil han resultado subnormales y sin detectar, salvo uno de ellos, Amparo, que lo fue tardíamente, cuando ya sus rasgos eran de total cretinismo».
Si ese cálculo se efectúa sobre la población de 46.000 niños nacidos teóricamente en Castellón y Valencia durante 1980, supone, según la querella, una dedicación de un 0,22% y una población hipotética de veinte niños hipotiroideos que, al no haber tenido una detección precoz, han resultado ya afectados irremediablemente ».
