Los siete grandes bancos esperan que las autoridades aprueben la "superpastoral" en los primeros días de 1982

A principios del próximo año la gran banca espera que el Banco de España y el Ministerio de Hacienda den luz verde a la nueva orden de la entidad emisora sobre saneamiento de los activos en cartera de las instituciones de crédito, que se ha dado en llamar superpastoral. Esta norma se encuentra paralizada desde el pasado mes de octubre por las discrepancias surgidas en torno al tratamiento fiscal de las partidas que sean destinadas a la cobertura de riesgos de dudoso cobro por los bancos y cajas de ahorro. Fuentes de Hacienda mostraron cierta reticencia a la redución de impuestos.

La posible aparición de esta orden es considerada en los medios financieros como la petición a los Reyes Magos que han hecho casi todos los presidentes de las grandes entidades del sector. El término de los efectos de la circular 157 del Banco de España ha dejado las dotaciones a las previsiones de impagados al libre albedrío de las propias entidades, y esto es algo que ni los representantes de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) ni los responsables de las mayores entidades ven con buenos ojos. En estos medios se estima que la actual situación puede dar lugar al agravamiento de la crisis que atraviesan algunos bancos pequeños y medianos, si éstos, al no verse obligados a dotar fondos cautelares ante los posibles fallidos, se deciden a incorporarse a la carrera por incrementar sus dividendos.La polémica se suscitó cuando la orden del banco emisor estaba a punto de ser emitida por el tratamiento fiscal que se proponía que recibiesen las cantidades destinadas a la previsión de impagados. El proyecto establecía que estas cantidades no estuviesen sujetas a tributación en tanto que no fuesen incorporadas a la cuenta de resultados de las respectivas entidades porque se hubiese producido su pago.

Este punto fue considerado en algunos medios como un sistema de eludir impuestos o, cuando menos, un aplazamiento en la satisfación de las obligaciones tributarias de uno de los pocos sectores en este país que presentan unas cuentas de resultados con beneficios importantes. Rafael Termes, presidente de la AEB, salió rápidamente al paso de estas estimaciones con una doble argumentación. Por una parte, señaló que es absurdo que se contabilice como beneficio una serie de partidas cuya materialización es más que improbable, y por otra, apuntó que el impuesto sobre sociedades contempla la posibilidad de que se realicen dotaciones, exentas de tributación, para aquellas partidas cuyo cobro se considere dudoso.

Con todo, lo que sí parece claro es que antes de que finalice este ejercicio la nueva orden del Banco de Españá no saldrá a la luz, y su alumbramiento lo establecen diversos medios en las primeras semanas del próximo año, para que su aplicación se inicie en el próximo ejercicio.

Precisamente, y a partir de los datos que las diversas entidades han ido avanzando a lo largo de 1981, se aprecia, en general un menor esfuerzo en la dotación de las cuentas de deudores de dudoso cobro, aunque existen entidades, como sería el caso del Popular, que, acogiéndose a la normativa genérica, realizarán una dotación para la previsión de incobrables que superará ampliamente los 1.000 millones de pesetas, "aunque para ello tengamos que justificar operación por operación", según comentaba un alto directivo de la entidad.

La gran banca pierde cuota de mercado

El ejemplo del Popular no se sabe todavía si será seguido por alguna otra entidad, ya que este banco y el Vizcaya han sido los únicos entre los siete grandes que han ganado cuota de mercado en los diez primeros meses del presente año, lo que no quiere decir que los resultados de sus compañeros vayan a quedar muy lejos de los suyos.El fenómeno de la pérdida de cuota de mercado por parte de la gran banca tiene diversas explicaciones. La primera es el menor interés que están mostrando estas entidades en la captación de cuentas de pasivo. El fenómeno de las segundas marcas, esto es, los pequeños bancos que las grandes entidades van comprando o integrando en sus grupos, produce algunas desviaciones de negocio de la casa matriz hacia los hermanos menores.

Quizá el punto más novedoso, al menos a la vista de los datos que ya se conocen, es la menor preocupación de la gran banca por captar pasivo para evitar el incremento en sus costes, como respuesta directa a la menor demanda de crédito por parte del sector privado que ha venido caracterizando a todo el año actual. La fórmula alternativa de empleo a los recursos conseguidos en el mercado que acometió una buena parte de estas instituciones fue la compra de certificados de depósito y bonos del Tesoro, que ofrecían las máximas condiciones de garantía, liquidez, costes bajos e incluso unos niveles de rentabilidad muy aceptables, en torno al 16%, que llevaron a que la posición de la banca en su conjunto, en los últimos días del mes de noviembre, en estos activos, se situase en torno a los 700.000 millones de pesetas. Esta cifra se ha ido reduciendo hasta quedar situada en torno a los 500.000 millones de pesetas en la segunda semana de diciembre.

Precisamente esta elevada posición en certificados de depósito y bonos del Tesoro ha tenido, en opinión de diversos especialistas, la virtud de moderar las ácidas críticas que algunos representantes de la banca mantenían en torno al déficit del sector público, que sigue siendo considerado por los más conspícuos dirigentes bancarios como uno de los principales defectos de la política económica del Gobierno.

La deuda a corto para inversores individuales

Los sistemas de financiación de este déficit han sido, son y probablemente serán siempre criticados en medios bancarios; pero las aguas estaban notablemente calmadas, precisamente por la rentabilidad que el sector estaba consiguiendo a sus inversiones en papel del Estado realizadas a corto plazo. Precisamente ha sido el anuncio de la emisión de deuda pública a corto plazo para colocar posiblemente entre los particulares la razón que ha hecho desemplovar la vieja polémica.Mientras que los representantes de la Administración mantienen que esta fórmula representará un abaratamiento de las emisiones, los representantes de la banca afirman que terminará por provocar indefectiblemente un alza de los precios del dinero.

Frente a las manifestaciones oficiales que apuntan que el Tesoro obtendrá un abaratamiento en su deuda al pasar los tipos desde el 16,5% que actualmente se practica en la colocación de los pagarés del Tesoro, en los circuitos restringidos a las instituciones financieras, al 13%, aproximadamente, que es el precio al que se piensan retribuir las nuevas emisiones. Por su parte, la AEB ha manifestado que, efectivamente, el abaratamiento del precio del dinero se producirá, pero sólo para el emisor, en este caso el Estado, ya que automáticamente se generará un encarecimiento de los depósitos que la banca toma entre los particulares, precisamente por la competencia que presentan estas emisiones públicas a corto; encarecimiento que habrá de ser repercutido en los préstamos o créditos que las entidades concedan.

Según estos mismos círculos, la subasta interbancaria continuará fijando los precios del dinero. Al ser la autoridad monetaria quien, en definitiva, los fija y al venir influida su determinación por criterios políticos en muchas ocasiones no es previsible que se produzcan oscilaciones a la baja en estos precios en un futuro inmediato. Esta impresión vendrían a corroborarla las declaraciones del gobernador del Banco de España.

Para el próximo año la banca tiene una serie de incógnitas abiertas y no resueltas. En primer lugar están los intentos que algunos representantes de los más pequeños de los siete grandes están realizando, de forma más o menos encubierta, para que se produzca una separación entre las cuatro primeras entidades y las tres restantes. La inclusión del Exterior, el más privado de los bancos públicos en el pelotón de cabeza, y las reiteradas filtraciones sobre la unidad de intereses de los cuatro grandes parece indicar la preocupación que a alguno de estos dirigentes les produce no tanto el lejano fantasma de la nacionalización como el de un incremento de la intervención del Estado en la banca.