El censo de la población española

CON UNA prudente eficacia y admirable celeridad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confeccionado el censo de la población española para 1980. En los últimos diez años, la población española ha crecido en 3.640.824 personas, de modo que el total de habitantes al terminar el pasado decenio ascendía a 37.682.355. Al finalizar este año, la cifra será seguramente de 38 millones.El crecimiento de 3,6 millones no ha tenido un carácter regional uniforme. Tres regiones -Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura- han perdido población: más de un cuarto de millón de habitantes en diez años. Por el contrario, la población de Madrid y su provincia ha crecido en 926.000 habitantes, y la de Barcelona y su provincia, en 708.000. En 1980, la población de Madrid y su provincia supera a la de Barcelona en unos 60.000 habitantes, mientras que en el censo de 1970 Barcelona y su provincia superaban en unos 150.000 habitantes a Madrid. Este crecimiento de las dos grandes concentraciones urbanas y su entorno ha estado acompañado de aumentos también elevados en Baleares, Canarias, Valencia, Cataluña, Murcia y Vascongadas. Crecimientos, aunque ya inferiores a la media nacional, han tenido lugar en Andalucía y Galicia (descenso de la emigración), en la cornisa cantábrica y en las zonas de Navarra y Rioja.

La consecuencia de esta evolución total es una mayor concentración en las diez provincias más pobladas y una disminución en las diez menos pobladas. Madrid y el litoral aumentan en densidad de población y se intensifica la despoblación entre el núcleo central y la periferia. Naturalmente, esta distribución produce un incremento de la población urbana que vive en las capitales de provincia, aunque se da la circunstancia de que el crecimiento de la población de Madrid y Barcelona capitales se estanca en el decenio y que prácticamente ocurre lo mismo en Bilbao y San Sebastián. Por otro lado, el número de municipios se ha reducido en 633, produciéndose un aumento en el número de municipios de menos de cien habitantes (que han debido absorber poblaciones dispersas de núcleos de pequeño tamaño), así como en los municipios mayores de 20.000 habitantes. El descenso en el número de municipios y las mayores concentraciones de población en municipios superiores a los 20.000 habitantes permiten, sin duda, mejorar y abaratar el coste de muchos servicios, mientras que el parén de la población de las grandes capitales indica, junto a las menores posibilidades de empleo, la conveniencia de tratar de suscitar un crecimiento urbano más equilibrado.

Otra de las importantes características de lo ocurrido en la población española es la desigual evolución de su crecimiento durante los dos quinquenios del decenio. En el primero, el incremento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) ha sido superior al del segundo; pero a causa de la evolución de la emigración, salidas en la primera mitad y retornos en la segunda, el crecimiento final ha sido superior entre 1976 y 1981 (1,96 millones) que entre 1971-1976 (1,68 millones). La natalidad ha venido cayendo, de manera acelerada y la mortalidad ha remitido ligeramente, pese al envejecimiento de la población.

En conclusión: como señaló hace unos días el director del INE al presentar el censo, los movimientos demográficos detectados el último quinquenio, vegetativos y migratorios, ofrecen una innegable brusquedad. Se ha pasado de una tasa de natalidad alta, propia de un país joven y vigoroso, a otra que apenas garantiza la reproducción. Igualmente, de un quinquenio a otro, el saldo migratorio fue de 200.000 emigrantes en el primero y de 270.000 retornos en el segundo. Esta brusquedad, impropia del lento acontecer de los movimientos de población, es paralela o tiene su causa en la crisis de la economía europea, por una parte; pero, sobre todo, en la evolución de la tasa de crecimiento de nuestra producción de bienes y servicios. También, sin transición, se ha pasado de una tasa de crecimiento del PNB del 6%-7% a otra del 0,5%-1,5%, propia ya, en la amable terminología de Anthony Sampson, de un país maduro.

Estos fenómenos demográficos, unidos al paro y a la concentración, de la población española en el intervalo entre 24-64 años de edad, plantean una profunda y cuidadosa revisión de los comportamientos y actividades, pero también de la política económica. La población adulta todavía mira al pasado, añorando altos y contínuos incrementos de bienestar material vía salarios y sueldos. Pero esto dificulta el acceso de los parados a un puesto de trabajo. La reducción de jornada, con la consiguiente reducción en las remuneraciones, y el trabajo a tiempo parcial, para dar entrada a las mujeres y a los jóvenes, es una mera necesidad de supervivencia. Un mayor empuje y flexibilidad en la formulación de la política económica, estimulando nuevas iniciativas empresariales, incluida una mayor liberalización de la inversión extranjera, es asimismo algo más urgente y vital que planteamientos de prestigio, como la propia entrada en la CEE.