El PNV pedirá mañana al Parlamento vasco la celebración de un referéndum sobre la central nuclear de Lemóniz.

El Gobierno vasco y el partido mayoritario que lo sustenta -PNV-, que han superado ya la primera prueba del Parlamento autónomo, consiguiendo descartar las objeciones expuestas por la izquierda que justificaban la no puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz, prepara el plato fuerte de la sesión plenaria la petición al Gobierno central -y posiblemente a las Cortes Generales- de un pronunciamiento acerca de la conveniencia o no de un referéndum sobre la puesta en marcha de la mencionada central. Esta solicitud, junto a la disparidad de criterios en la mesa de negociaciones, es la causa principal que explica el "bloqueo" en el diálogo mantenido entre las dos administraciones sobre Lemóniz.

A pesar de que el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo ha manifestado públicamente su negativa a la celebración del referéndum, los nacionalistas vascos insisten en la necesidad de que Lemóniz sólo puede funcionar después de que se haya sometido su puesta en marcha a consulta popular. En ese sentido se explicaban los portavoces del grupo parlamentario del partido mayoritario del Gobierno en la última sesión plenaria, diciendo que "Lemóniz se pondrá en marcha, después de un referéndum, si el pueblo de Euskadi lo quiere".

Las dos fórmulas

La fórmula ofrecida por el PNV en el curso de su asamblea plenaria el pasado octubre-celebración de una consulta popular y/o establecimiento de un control público-, provocó cierto optimismo en la Administración central y en representantes del sector eléctrico, que creían que el Gobierno vasco se inclinaría por la segunda opción, descartando el plebiscito.El ejecutivo de Carlos Garaikoetxea era consciente de la imposibilidad de que la consulta se lleve a efecto -fundamentalmente, porque depende de la decisión del presidente del Gobierno central, que ha manifestado en más de una ocasión su oposición a ello-; pero tras el interregno de tres meses, en los que se intensificaron las negociaciones acerca del control público, rompió el silencio en el curso de la sesión plenaria del Parlamento vasco, celebrada el pasado mes de noviembre, para anunciar su intención de emplazar públicamente al Gobierno español y a las Cortes Generales a un pronunciamiento acerca de la consulta popular sobre Lemóniz.

El referéndum de la discordia

La segregación de Lemóniz de la sociedad Iberduero para que un ente público de la comunidad autónoma -ejercite un control sobre la gestión, con existencia de honorarios y facultad para paralizar las obras en caso de que se presenten irregularidades, era la fórmula que -a pesar de no conseguir hasta la fecha un consenso entre las partes negociadoras- se estaba discutiendo. Pero el diálogo, a partir del momento en que el Gobierno vasco anunció públicamente su emplazamiento al Gobierno central sobre el referéndum, si no está roto, se encuentra totalmente aparcado.

El pasado mes de abril, el Gobierno vasco señalaba cuatro condiciones previas para poder hablar de producción de energía eléctrica, que representaría en el año 1990 alrededor de un 75% del consumo energético de este sector en Euskadi. En opinión del Ejecutivo autóriorno, el funcionamiento definitivo de Lemóniz sólo podría llevarse a efecto después de la realización de los informes de la comisión parlamentaria de encuesta, que han resultado aprobados en el Parlamento; de la celebración de la auditoría, que aún tardará más de medio año en elevar sus conclusiones; de un plan de emergencia, que aún se encuentra en estado embrionario, y de la convocatoria de una consulta popular, en una última Fase.

Es el último punto el que ha provocado profundas tensiones entre las dos administraciones y serias discrepancias entre el Gobierno vasco y líderes significativos del PNV, que defienden, con mucho menos énfasis que Carlos Garaikoetxea, la posibilidad de que el plebiscito se realice.

En la comunicación del Gabinete vasco al Parlamento, que se debatirá el próximo lunes en la cuarta sesión plenaria, se especifica que el Gobierno expresa, una vez más, su voluntad de realizar una consulta popular sobre habida cuenta de las circunstancias de todo tipo que concurren en la misma. No obstante, teniendo en cuenta la negativa manifestada por el Gobierno central al respecto, el Ejecutivo autónomo señala en su documento que "impulsará las iniciativas parlamentarias conducentes a posibilitar la celebración de una consulta popular relativa a la central nuclear de Lemóniz".

La exigencia del Gobierno vasco en fórmulas de control público sobre Lemóniz sería de mayor dimensión, según explica el propio Ejecutivo, en el caso de que el plebiscito no se realice.

El interés del Gobierno autónomo en el pronunciamiento popular -justificado en la petición del Consejo General Vasco, cuando Garaikoetxea era presidente del órgano autónomo provisional, y en la solicitud del propio Parlamento vasco en julio de 1980- reside en la necesidad de contar, por parte del Gobierno vasco, con un aval para acallar las sensibilidades antinucleares.