25.000 millones para obras públicas y 2.500 para investigación

Entre los acuerdos de trámite aprobados por el Consejo de Ministros destaca el de construcción de un nuevo centro penitenciario en Castellón de la Plana, una inversión de 25.000 millones de pesetas para obras públicas y urbanismo, así como de 2.500 millones de pesetas para el desarrollo de la investigación científica y técnica, y una serie de transferencias de servicios a la Generalidad de Cataluña, a la comunidad autónoma vasca y a otros entes autonómicos y preautonómicos.El nuevo centro penitenciario constará de tres unidades diferentes: un centro de preventivos con 150 celdas y un centro de cumplimiento para jóvenes menores de veintiún años, con capacidad para doscientos internos. El centro constará también de un departamento de mujeres con capacidad para quince internas. La inversión total prevista supera los 1.523 millones de pesetas, y el plazo de ejecución de las obras será de once meses. El Gobierno aprobó también el expediente de obras de reparación de daños producidos en el centro penitenciario de jóvenes de Carabanchel en agosto de 1981, por 175 millones de pesetas.

El Consejo de Ministros aprobó la modificación de la composición de la Junta Superior Consultiva de la Licencia Fiscal, en cumplimiento de los acuerdos del pasado verano entre el Gobierno, UCD y PSOE, según la información oficial facilitada. En los citados acuerdos se convino que en la citada junta estén representados los departamentos ministeriales, entidades locales, cámaras de comercio y organizaciones empresariales.

El volumen de inversiones aprobadas a propuesta del ministro de Obras Públicas y Urbanismo asciende a 25.000 millones de pesetas, mientras que, a propuesta del de Educación y Ciencia, se dedicarán 2.500 millones de pesetas con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, para financiar proyectos de investigación de centros universitarios y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El Gobierno aprobó una nueva regulación de las retribuciones complementarias de los funcionarios docentes, sobre cuyas características no existe más información oficial que la de que el nuevo régimen retributivo «siente las bases para llegar a una solución favorable de los problemas de un sector de la función pública». Se aprobó la creación de dieciocho centros de educación permanente de adultos, y se introdujeron modificaciones en la estructura orgánica del departamento, calificadas por el propio Gobierno de leves.

Entre las transferencias de servicios realizados destacan las que tienen como destinataria la Generalidad de Cataluña en materia de ordenación territorial del litoral y el traspaso de servicios del Estado al País Vasco en materia de comercio interior, colegios oficiales de agentes comerciales y certámenes feriales.