El anteproyecto de ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, considerado "regresivo" por los sindicatos de policía

Los portavoces de los dos sindicatos mayoritarios de policía coincidieron ayer al calificar de «vago, regresivo, impreciso e improvisado» el anteproyecto de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que recientemente les fue facilitado por orden del director general de la Policía, José Luis Fernández Dopico. Los referidos portavoces, consultados por este periódico, insistieron en que el citado anteproyecto, fundamentalmente, no resuelve efectivamente los grandes conflictos de competencias existentes entre los diversos cuerpos de policía, aumenta el gasto corriente de este organismo y no permite el derecho de huelga a los funcionarios, entre otras observaciones.El citado anteproyecto, que fue facilitado recientemente a los sindicatos de policía y a los representantes de los cuerpos auxiliares para que presentaran, en breve plazo, observaciones al mismo, puede ser presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados a principios de año. Según el citado texto, corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, de las autoridades gubernativas y de las fuerzas y cuerpos proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadanía. El borrador establece las funciones y principios básicos de actuación de estos cuerpos y concreta las competencias de cada una de estas fuerzas. Asimismo señala el campo de actuación de los cuerpos de gestión, administrativo y auxiliar de seguridad. Un portavoz del Ministerio del Interior informó ayer que el referido texto. será elevado a proyecto de ley orgánica.una vez que sean incorporadas aquellas sugerencias que se estimen oportunas.

José Luis López Esteban, portavoz de la Unión Sindical de Policía (USP), manifestó a este periódico que el anteproyecto, que está siendo estos días ampliamente debatido en asamblea nacional permanente, «es considerado como regresivo respecto a la ley de Policía de 1978 y, en especial, consagra una policía gubernativa sin que se arbitre un cuerpo que colabore estrechamente con el poder judicial, como recoge la Constitución en su artículo 126». Asimismo, indicaba el citado portavoz, «se globaliza a todos los cuerpos sin ninguna clase efectiva de coordinación, margina a la Policía Municipal, a la que engloba claramente en el sistema de policía autónoma, y no permite el derecho a la huelga».

Por su parte, el presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP). Pablo Sánchez, hacía hincapié en el conflicto creado en torno a la Policía Nacional, «a la que el anteproyecto define como civil, mientrás que mantiene su estructura militar y además no se permite a esos funcionarios el derecho de sindicación», opinión en la que coincidían los representantes de la USP.

Conflictos

Los portavoces sindicales consideraban muy negativo el hecho de que no se contemplara claramente la existencia de un cuerpo que tenga jurisdicción sobre todo el territorio nacional, sino que se hacen adjudicaciones parciales de competencias, lo que puede ser origen de numerosos conflictos. Por un lado, los inspectores del Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional tienen adjudicados las competencias sobre las ciudades e importantes núcleos urbanos, mientras que la Guardia Civil está encargada del «resto del territorio nacional», sin definirse claramente nada más sobre la coordinación en estas funciones.Este anteproyecto, en opinión de los dos referidos sindicatos, aumenta el gasto corriente de este organismo, al crear un nuevo cuerpo denominado de «gestión», asignado a la Dirección General de la Policía y los cuerpos -de la Guardia Civil femenina-y auxiliar.

La USP se opone también a la creación de una segunda actividad para todos los cuerpos y opina que debería dotar a sus funcionarios de una jubilación adecuada que permitiera al mismo tiempo contratar a más personal, lo que contribuiría, en parte, a paliar el problema del paro.

En cuanto al tema de la policía autónoma, los representantes sindicales opinaron que el anteproyecto la dota de muy pocas funciones y deja toda la responsabilidad en manos de las juntas locales y provinciales de seguridad.

Por su parte, la USP, que inició ayer una asamblea nacional permanente, en la que se viene estudiando este tema, elaborara una serie de enmiendas a este texto.