Aprobados los Estatutos de Asturias y Cantabria, los primeros tramitados por la vía del artículo 143
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer los estatutos de autonomía para Asturias y Cantabria, los primeros que se tramitan por la vía del artículo 143 de la Constitución. Ambas regiones se convertirán en enero en las primeras comunidades autónomas uniprovinciales.
Las votaciones fueron las siguientes: 279 votos favorables 2 en contra y 7 abstenciones para el Estatuto de Asturias, y 249 favorables, 2 en contra y 31 abstenciones para el de Cantabria. La votación del Estatuto asturiano contó con la particularidad de que los comunistas votaron favorablemente a pesar de mantener grandes reservas respecto a su articulado.Según manifestó el encargado de temas autonómicos del secretariado del PCE, Enrique Curiel, esta votación favorable obedecía a «razones políticas, para demostrar nuestra voluntad de mantener la unidad y la colaboración que ha presidido toda la etapa preautonómica asturiana». Sin embargo, el grupo comunista sí se abstuvo en el Estatuto cántabro, cuando tenían menos reservas con este texto que con el asturiano. La razón de esta actitud, según manifestó un diputado socialista a EL PAIS, hay que buscarla en que la presencia de los comunistas en Asturias es mucho mayor que en Santander, y que, por tanto, en esta última región podían permitirse posturas testimoniales, mientras que en Asturias su decisión de no apoyar un Estatuto consensuado por todas las fuerzas parlamentarias podía restarles popularidad.
La acción del consenso
El texto del Estatuto de Autonomía para Asturias que se presentó a debate en las Cortes Generales contaba, efectivamente, con el consenso de todos los grupos. Sin embargo, pocos meses después de su presentación, Unión de Centro Democrático (UCD) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) firmaron, en julio pasado, los pactos autonómicos, cuyas consecuencias directas en los estatutos asturiano y cántabro han modificado sustancialmente aquel consenso.
Para Enrique Curiel, las consecuencias de dichos pactos en el Estatuto asturiano hay que buscarlas en tres aspectos: una reducción -en su opinión- sustancial de las competencias que va a asumir el Principado de Asturias; un cambio en el sistema político institucional, es decir el favorecimiento del sistema bipartidistas, y las dificultades que el Estatuto impone para presentar mociones de censura y, finalmente, una ley electoral que, a su juicio, contradice los mismos pactos autonómicos que firmaron en julio. El citado representante comunista señaló que en estos pactos figuraba el compromiso de ambos partidos mayoritarios de respetar las circunscripciones electorales por provincias. Sin embargo, en el Estatuto asturiano estas circunscripciones han quedado divididas en tres zonas regionales denominadas de «oriente, occidente y centro». La primera comprende los concejos integrados en los partidos judiciales de Llanes y Cangas de Onís, así como los de Villaviciosa, Colunga y Caravia. La circunscripción occidental está formada por los concejos de Luarca, Cangas de Narcea y Grado, y, finalmente, la central, está integrada por Oviedo, Avilés, Mieres, Laviana, Lena, Siero, Gijón y Carreño.
El principal caballo de batalla de los debates parlamentarios de este Estatuto ha sido el referente al régimen minero y energético. En un principio, el Congreso aprobó que esta competencia -de indudable importancia en la región asturiana- figuraba en un artículo donde pasaba a depender del Principado de Asturias inmediatamente después de su constitución. Sin embargo, en el Senado, UCD introdujo una enmienda por la cual el régimen minero y energético pasaría a ser competencia del Consejo Regional autonómico transcurridos los cinco años que están previstos en el artículo 148,2 de la Constitución, y que es lo que distingue con más claridad el alcance autonómico de la vía del 143 y de la vía del artículo 151.
Sin embargo, y debido al carácter eminentemente minero de Asturias, los dos grupos mayoritarios pactaron ayer tarde suprimir esta enmienda y devolver su redacción al proyecto inicial. Esta modificación del Senado es lo único que se rechazó en el Pleno de ayer.
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