Las dos partes de un discurso
RESONANDO todavía los merecidos aplausos tributados anteayer por las Cortes Generales al discurso del presidente del Congreso, el presidente del Gobierno compareció ante la Cámara baja para explicar los motivos del reciente reajuste ministerial. Sin embargo, la inquietud por el manifiesto de los cien y el temor a una repetición de la intentona golpista hacían ineludible la valoración y el análisis de ese insólito documento en su discurso. El informe de Calvo Sotelo sobre la crisis de Gobierno ha ocupado, por esa razón, un lugar secundario en su intervención, aunque le dedicara más tiempo. Las explicaciones del presidente del Gobierno a propósito del cambio de los ministros no han sido suficientes. Rehuyendo los aspectos propiamente políticos de la crisis, el jefe del Ejecutivo se ha refugiado en los meandros de esa incesante reforma administrativa, que los sucesivos gabinetes tejen y destejen, para tratar de mejorar la eficacia del aparato estatal y para justificar ceses y nombramientos. El interés de los diputados y de sus electores respecto al reajuste no puede quedar, como sea, satisfecho con una explicación que reduce a tres las claves de esos cambios: la conveniencia de crear un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de reunir Sanidad y Consumo en un solo departamento; la oportunidad de volver a crear dos vicepresidencias para coordinar las áreas ministeriales, y la designación de. dos ministros del anterior Gabinete para ocupar cargos en UCD.La descripción del nuevo organigrama pone el énfasis en la defensa de los consumidores y en una mayor racionalidad de la Administración pública. Confiemos en que esta vez la reforma haya sido mejor pensada que en ocasiones anteriores y sirva a los objetivos que persigue. La creación de las vicepresidencias parece una medida más animada por el deseo de elevar el rango inter pares de Rodolfo Martín Villa y Juan Antonio García Diez que por necesidades funcionales, ya que las comisiones delegadas, presididas por ambos ministros, existían ya en el anterior Gobierno. Finalmente, la designación del nuevo portavoz del grupo centrista como ministro sin cartera habrá satisfecho la petición de Jaime Lamo de Espinosa de seguir asistiendo a las reuniones del Gabinete, pero recorta la soberanía del Parlamento y puede producir problemas de carácter reglamentario, a consecuencia de los privilegios de los ministros a la hora de pedir el uso de la palabra en los plenos.
La alusión al desembarco de Cavero en la secretaría general de UCD y de Lamo de Espinosa en el grupo parlamentario hubiera permitido al presidente ocuparse de otras claves, específicamente políticas, de los cambios ministeriales. La salida de UCD de Francisco Fernández Ordóñez y su grupo, la campaña de linchamiento moral contra Adolfo Suárez, la reunificación en la persona de Calvo Sotelo de las presidencias del Ejecutivo y de UCD, la caída en desgracia de Rodríguez-Sahagún y, Calvo Ortega y la ofensiva de la plataforma moderada son factores que han jugado un papel importante en la formación del nuevo Gobierno. La cortesía parlamentaria tal vez hubiera exigido explicar también por qué los moderados rechazaron las carteras ofrecidas; la razón de que un ministro implicado, quiérase o no, en el drama de la colza haya sido ascendido a la vicepresidencia económica; el motivo que justifica la permanencia en su cartera del titular de Defensa, cuyas insuficiencias en el cargo resultan tan obvias y abrumadoras; las causas del cese en Educación de un hombre honesto y eficaz como Juan Antonio Ortega; la repesca de un suarista fervoroso -hasta hace unos días- como Rafael Arias-Salgado, y cosas por el estilo.
La zozobra producida por el manifiesto de los cien invitaba a los diputados, por otra parte, a desplazar el foco de la atención hacia las palabras del presidente del Gobierno sobre la situación militar. En este terreno Calvo Sotelo ha sido claro y terminante. Ha criticado no sólo la grave indisciplina asociada al procedimiento utilizado para elaborar el manifiesto, sino también el carácter, condenable en sí mismo, del texto. El presidente del Gobierno ha recordado que el ámbito de competencias penales que corresponde a la jurisdicción castrense no se confunden con el terreno político, mucho más amplio en el que el Gobierno, según dispone el artículo 97 de la Constitución, dirige la Administración militar y la defensa del Estado. Por esa razón su promesa de "atajar en sus raíces esta lamentable iniciativa con la máxima severidad para los que resultaren responsables" debe ser interpretada como el anuncio de medidas no sólo judiciales, sino también gubernativas. La idea de que las Fuerzas Armadas podrían constituirse en un poder autónomo, independiente del poder civil y al margen de la soberanía encarnada en las Cortes Generales, es demasiado insensata como para significar algo que no sea una provocación a la Monarquía parlamentaria o un intento de regresión a etapas anteriores a los Estados modernos. Calvo Sotelo ha hecho uso de una encomiable firmeza al subrayar que "el Gobierno no acepta ni puede aceptar otro control ni otra supervisión que no sean el control y la supervisión de las Cortes, que ostentan la legítima representación del pueblo, única fuente del poder en una democracia".
El contenido y el tono de esas palabras resultan reconfortantes. Más aún después del desconcertante contenido que la realidad desmintió de la conferencia de Prensa de la semana pasada realizada por el propio presidente. Es de justicia aplaudir a Calvo Sotelo por haber reiterado ante el Congreso su "firme decisión de mantener a las tuerzas Armadas en el acatamiento de la Constitución y en la obediencia al Gobierno de la nación" y su compromiso de "defender inflexiblemente la supremacía del poder civil". Y es de apreciar la promesa -seguramente excesiva- de que "nadie aventajará al Gobierno en la defensa de la Constitución y en la garantía de las libertades", pues una abrumadora mayoría de españoles comparte con el jefe del poder ejecutivo "la esperanza, servida enérgicamente por una resuelta voluntad política, de una larga vida para esta Constitución que acaba de cumplir sus primeros tres años".
