Los antiabortistas de EE UU promueven una investigación de los centros de planificación familiar
Los grupos antiaborto de Estados Unidos han conseguido que se abra una investigación federal en torno a las asociaciones de planificación familiar para determinar si usan ilegalmente fondos del Gobierno para financiar abortos como uno de los medios de control de natalidad.No hace mucho, todos ellos se reunieron en Arlington (Virginia) en su conferencia anual Unity 81, en apoyo de la propuesta del senador republicano por Utah, Orrin Hatch, para que se apruebe una enmienda constitucional que ilegalice el aborto.
Al menos 35 de las 188 asociaciones de planned parenthood (paternidad planificada o planificación familiar) que existen en el país han sido ya investigadas por inspectores del Departamento de Servicios para la Salud y por la oficina de contabilidad general. Ambas auditorías comenzaron en parte, al menos, a propuesta de los grupos antiaborto, y la segunda se hizo por encargo directo de los senadores republicanos Orrin Hatch y Jeremiah Denton, que también son los promotores de la Chastity Bill, una ley para inculcar la castidad entre los jóvenes.
Hasta el momento, las investigaciones han dado resultados negativos y se ha podido comprobar que ninguna de las asociaciones sometidas a inspección dedican fondos del Estado para financiar abortos. Los representantes de estas asociaciones han hecho pública su protesta por lo que consideran "una improcedente serie de auditorías que representan un abuso de poder y una manipulación del Gobierno por los grupos de presión opuestos al aborto". La presidenta de las planned parenthood, Faye Watleton, acusó también, a los inspectores de investigar aspectos privados de los asociados alegando razones técnicas.
Según el vicepresidente de las asociaciones de planificación familiar, W. Paul, la amplitud de las investigaciones a que están siendo sometidas las asociaciones en la actualidad no es la habitual, y los inspectores no revisan sólo los libros financieros, sino también los documentos confidenciales de las pacientes. En Connecticut, los directivos de la asociación se negaron a que fueran inspeccionados los documentos de las pacientes (en los que se registran si han sido sometidas a abortos), alegando que la ley protege la privacidad.
La preocupación de los miembros de las asociaciones de planificación familiar es compartida por algunos representantes demócratas. Dos de ellos, John Dingell, por Michigan, y Henry Waxman, por California, enviaron la semana pasada una carta al secretario del Departamento de los Servicios para la Salud, Richard Schweiker, en la que señalan que estas investigaciones simultáneas, llevadas a cabo por dos agencias del Gobierno, suponen "un doble gasto para el Estado" y también muestran su preocupación por "la imagen de los agentes federales husmeando entre los informes médicos personales de las clínicas de planificación familiar", al tiempo que solicitan de la Administración una clarificación sobre el tema del aborto.
El presidente Reagan se mostró abiertamente contrario al aborto durante su campaña electoral el pasado año, y recientemente declaró a un grupo de antiabortistas: "Estoy deseando que una de las leyes antiaborto llegue a la mesa de mi despacho para firmarla". Tanto Reagan como algunos miembros de su equipo de la Casa Blanca, como el doctor Everret Koop y Marjory Mecklenbrug, jefa de la Oficina de Programas para la Salud, se han mostrado totalmente partidarios de enmendar la Constitución para ilegalizar el aborto.
Como ese proceso es largo y exige que se apruebe en la Cámara de Representantes y en el Senado, una de las vías elegidas en la campaña antiaborto ha sido abrir estas investigaciones en los centros de planificación familiar acusados de dedicar los fondos del Gobierno para facilitar los abortos, en base a "informaciones recibidas".
En la inspección llevada a cabo en la planned parenthood de la ciudad de Nueva York, el pasado mes de septiembre, se comprobó que no se usaban fondos del Estado para realizar los abortos. Sin embargo, los investigadores volvieron la semana pasada para saber si la asociación había usado dinero del Gobierno para financiar uno de los anuncios que publicó en la Prensa local acusando "a las fuerzas políticas del ala más radical de la derecha de promover una campaña para declarar el aborto fuera de la ley". En esta ocasión también la investigación resultó negativa. La asociación de Nueva York tiene un presupuesto anual de 8,5 millones de dólares (más de 800 millones de pesetas), incluidos los 489.000 dólares que recibe del Estado. Según un portavoz de la asociación, el año pasado se sometieron a aborto un total de 10.000 asociadas, "pero todas estas operaciones se financian con dinero propio".
