Hacia la reducción y selección de gastos

La propuesta del Gobierno para reformar la Seguridad Social tiende, muy en síntesis, a sustituir más aportaciones empresariales por las del Estado y a reducir o unificar gran número de prestaciones, sin gran perjuicio de quienes tienen poco o nada. Todo ello mientras se racionaliza la gestión y se prepara el extender unos mínimos a todos.Entre los problemas, subraya los financieros, comunes a otros países europeos, y los de organización y estructura, específicos de España. El déficit se atribuye al crecimiento de gastos, sobre todo por paro y fraude; abusos debidos a tolerancias en el reconocimiento de derechos; y evolución incierta de los ingresos, por descenso de cotizantes y morosidad e impago de las empresas.

Los problemas peculiares arrancan de la necesidad de racionalizar los gastos para atender el imperativo constitucional de universalizar los beneficios (extenderlos a todos los cludadanos), la multiplicidad de regímenes y sistemas, y el daño sobre el mercado del empleo que supone la mayor aportación empresarial. Los objetivos marcados para la reforma son: primero y fundamental, el saneamiento financiero; armonizar e igualar en extensión e intensidad los beneficios; simplificar el sistema, integrando regímenes especiales, uniformando bases de cotización (al parecer, el Gobierno considera deseable que se haga sobre salarios reales) y sistemas de cálculo de prestaciones; modernizar y tecnificar la organización para que tenga mayor simplicidad y eficacia; combinar las medidas asistenciales con otras orientadas a moderar la propensión al consumo (quizá mayores porcentajes en la compra de medicamentos), eliminar el fraude y corregir el absentismo; e iniciar la citada universalización de la asistencia sanitaria, con un plan gradual a medio plazo.

Nuevo esquema

Así, el nuevo esquema dibujado por el Gobierno prevé unificar los actuales regímenes (uno general y diversos especiales) en dos: trabajadores por cuenta ajena y autónomos, con sistemas especiales para colectivos específicos. La Seguridad Social podría centrarse en el pago de prestaciones económicas, y traspasar al Estado las actuales prestaciones técnicas y, servicios sociales y, sanitarios, que podrían realizar las comunidades autónomas.

El Estado financiaría íntegramente estos servicios cuando lo permita el aumento de los ingresos fiscales, sobre todo por el futuro Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En ese momento podrían reducirse las aportaciones empresariales.

Por el contrario, las prestaciones económicas pasarían a financiarse únicamente con cotizaciones, que serían atenuadas en la medida en que aumente la presión fiscal por IVA y Renta. Entonces se daría entrada a un régimen de pensiones básicas y, a la generalización de la asistencia sanitaria. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) pasaría la gestión del desempleo a la Seguridad Social.

Algunas de las medidas sugeridas para racionalizar las prestaciones económicas son: necesidad de que el período de cotización se haya cumplido en un plazo de tiempo anterior a la contingencia, reconducir las diversas pensiones (jubilación, invalidez, supervivencia) en torno a la de jubilación como prestación reina, suprimir prestaciones por una misma contingencia, reconsiderar la distinción entre riesgos comunes y profesionales, limitar las ampliaciones del concepto "accidentes de trabajo", unificar los criterios para fijar las bases de todas las pensiones, extender las reclamaciones a terceros por incapacidad e invalidez, refundir invalidez provisional e incapacidad transitoria acortando el plazo de seis años a uno o uno y medio.

También propugna reformas más radicales en la prestación por desempleo (reducciones del subsidio en función de la indemnización, de que cobre otro familiar, o de que trabaje alguno de los miembros del núcleo familiar), suprimir el subsidio periódico por hijos a quienes alcancen determinados salarios y, mejorarlo al resto, eliminar el de matrimonio para aumentar las asignaciones por nacimiento, personalizar y flexibilizar las jubilaciones por diversidad de edades de vejez, reducir pensiones y hacerlas incompatibles con otras o con cualquier trabajo remunerado.