La Seguridad Social deberá ahorrar para reducir las cuotas empresariales y acoger a todos los ciudadanos

La propuesta gubernamental de reforma de la Seguridad Social persigue a corto plazo modificar los sistemas para igualar ingresos y gastos, cuyo desfase se acercará este año a los 100.000 millones de pesetas y el próximo puede aumentar un 50%, pese a que el Estado aumentará su aportación hasta 350.000 millones. El ahorro que generarán los cambios será destinado, cuando lo permita el aumento de los impuestos, a reducir las cotizaciones de los empresarios, mejorar las prestaciones y extender gradualmente los servicios médicos y asistenciales a todos los ciudadanos. Paralelamente podrá ponerse en marcha una seguridad social complementaria libre.

El proyecto inicial del Gobierno, que ocupa 31 páginas y ha sido elaborado para cumplir lo previsto en el Acuerdo Nacional de Empleo, fue entregado ayer a la comisión tripartita encargada de elaborar un borrador a partir de las líneas propuestas. Esta comisión quedó constituida en el acto de entrega bajo la presidencia del profesor Enrique Fuentes Quintana, nombrado a tal efecto por el Gobierno el pasado viernes. La integran representantes de la Administración, los sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE.La comisión para la reformade la Seguridad Social deberá finalizar sus trabajos antes del 31 de enero. Para ello, después de recibir la propuesta del Gobierno, fijó los procedimientos, métodos y calendario de trabajo. Su segunda reunión está prevista para el 21 de diciembre, aunque el próximo día 17 empezará a trabajar conjuntamente una micomisión o grupo técnico, con el fin de agilizar los trabajos.

Las centrales CC OO y UGT, que tienen previsto hablar de los objetivos de la reforma en la próxima reunión de seguimiento del Acuerdo Nacional de Empleo, han pedido al Gobierno que no promulgue ninguna disposición sobre la Seguridad Social hasta que la comisión constituida ayer termine sus trabajos.

En declaraciones a los periodistas, previas a la sesión de ayer, el nuevo ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda destacó entre las medidas más urgentes conseguir el equilibrio económico-financiero. De otra forma, la relativa estabilidad de ingresos y el crecimiento de las prestaciones, influido por el crecimiento de la población, llevaría a graves consecuencias. El régimen general previsto en la Constitución exige un plan a medio y largo plazo, centrado en una primera etapa en extender a todos las atenciones médicas.

Por su parte, el profesor Fuentes Quintana rechazó expresar opiniones personales sobre la reforma, aunque dijo que el interés general debe primar los trabajos de la comisión, y que los problemas de la Seguridad Social figuran a la cabeza de los problemas del país.

Igualmente, los representantes sindicales y patronales declinaron hacer declaraciones hasta estudiar el texto. Por la tarde, después de haber leído el texto, tampoco quisieron pronunciarse, aunque los primeros indicaron oficiosamente que las propuestas son muy esquemáticas y no incluyen cuantificaciones.

Para 1982, los presupuestos de la Seguridad Social se presentan inicialmente equilibrados, con 2,44 billones de pesetas de ingresos, de ellos 1,94 billones en cuotas, v otro tanto en gastos, de ellos 1,28 billones para pensiones y 0,65 para asistencia sanitaria.