La política económica de Miterrand

Así como la llegada de Reagan a la Casa Blanca supuso la adopción de una política económica radicalmente distinta a la de su predecesor, la ascensión de Mitterrand y los socialistas al Elíseo implicó una ruptura con las directrices económicas auspiciadas por Giscard y su primer ministro Raymond Barre. A los seis meses de haberse puesto en marcha las nuevas medidas socialistas, José Villaverde hace un análisis de los propósitos, primeros resultados y previsiones en la escena económica francesa.

La herencia que el ex presidente Giscard transmite a su sucesor en las tareas de Gobierno se manifiesta diáfanamente en la evolución de tres agregados económicos clave, en el pasado inmediato: el PIB ha sufrido una desaceleración importante en su tasa de crecimiento, especialmente aguda en 1980; los precios al consumo se han disparado, situándose desde 1979 en los dos dígitos; el desempleo, por último, ha experimentado una notable carrera ascendente. Quizá haya sido este continuado declive económico, quizá el simple deseo de cambio, tal vez ambos factores entremezclados con otros elementos menos explícitos, los que auspiciaron e hicieron posible la victoria socialista en las presidenciales y en las legislativas. Lo que en cualquier caso no parece ofrecer duda es que, en el triunfo mitterrandista, la economía jugó -al igual que con Reagan- un papel decisivo, y ello pese a la inexistencia de un programa económico en sentido estricto.Situados los socialistas en el poder, el día 8 de julio el nuevo primer ministro presentó a la Apamblea Nacional los objetivos económicos prioritarios para su Gobierno. Si este discurso encierra un programa, hay que decir que, este es de inspiración keynesiana.

Sus rasgos definitorios son:

1. En el terreno de los objetivos se pretende: a) el logro del pleno empleo, objetivo típicamente keynesiano, y b) el logro de la justicia social, objetivo típicamente socialista.

2. Para la consecución de estos objetivos se emplearán básicamente las siguientes medidas: a) con relación al objetivo del pleno empleo (inicialmente, reducción del desempleo) se articulan dos tipos de políticas: una de relanzamiento de la demanda agregada, y otra, de políticas específicas. El relanzamiento de la demanda se pretende efectuar tanto en el plano exterior como, muy principalmente, en el plano interior; para reactivar el consumo se emplea el mecanismo de incrementar las rentas más bajas (aumentos en el salario mínimo, incrementos en las prestaciones familiares, elevación de mínimos exentos, etcétera); para reactivar la inversión se estipulan dos tipos de acciones: la reforma de las estructuras industriales y el reforzamiento del sector público.

El reforzamiento y ampliación del sector público se pretende llevar a buen puerto por medio de un programa de nacionalizaciones dentro del sector financiero (en esencia, del sector crediticio) y de determinados grupos industriales. La amplia difusión de los afectados, en ambos casos, nos exime de realizar aquí una relación de los mismos.

Entre las políticas específicas, directamente diseñadas para mitigar, y/o acabar, con el problema del desempleo, se incluyen las siguiente: primero, la reordenación del tiempo de trabajo (reducción paulatina de la duración de la semana laboral, hasta situarla en 35 horas en 1985; anticipación de la edad de jubilación, retiro parcial, trabajo a tiempo parcial, aumento del período vacacional -la quinta semana-, etcétera; segundo, el establecimiento de contratos de solidaridad con los patronos que creen empleos, según alguna de las dos modalidades previstas; tercero, la concesión de determinados tipos de ayudas (fiscales, financieras, etcétera) a las pequeñas y las medianas empresas; cuarto, la creación de 210.000 empleos públicos o de iniciativa local en el plazo de dos años, y quinto, finalmente, también se presta importancia a la adaptación de la oferta de trabajo a la demanda, por medio de planes de formación continuada, estancias en empresas, etcétera.

b) En el terreno de la justicia social -lo que, en el discurso del día 8 de julio, Mauroy denomina la Francia solidaria- se instrumentan, sobre todo, medidas de tipo fiscal, si bien algunas de las previamente indicadas (aumento del salario mínimo, mejora de la red sanitaria, ampliación de las prestaciones familiares, etcétera) están encaminadas igualmente a la consecución de este objetivo. Las orientaciones que se intentan seguir en materia fiscal son, entre otras, las siguientes: primero, la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas; segundo, la modificación del impuesto sobre la renta, eliminando algunas de sus anomalías actuales; tercero, la lucha contra el fraude fiscal, y cuarto la fijación de topes al cociente familiar.

El soporte del programa

El soporte teórico del programa mitterrandista es, según la opinión de uno de sus más directos inspiradores (Jacques Attali), una simbiosis de la teoría keynesiana más convencional y de las nuevas teorías de la oferta, lo que, a nuestro juicio, supone una interpretación un tanto sui géneris de ambas teorías.

El programa es keynesiano en el sentido de que se concede especial relevancia al manejo de la demanda agregada como instrumento de lucha contra el paro, y es keynesiano en cuanto que considera que -dado el nivel de paro existente- el relanzamiento de la demanda debería traducirse en un incremento de la producción y el empleo, sin que los precios se modificasen significativamente. Se aleja, sin embargo, del punto de mira keynesiano, al estimar que, básicamente, la reactivación de la demanda puede producirse por medio del aumento de los gastos de consumo. En una sociedad como la francesa, o en cualquier otra del mundo occidental, la reactivación de la demanda vía incrementos indiscriminados del componente de consumo, creemos, se traducirá en fuertes tensiones inflacionistas, que pueden causar serios problemas a la viabilidad del programa. Para evitar, dentro de lo posible, este potencl al efecto pernicioso (que surge merced al papel que juegan las expectativas inflacionistas) es para lo que se articulan las medidas de restructuración industrial y de ampliación del sector público, considerando a estas últimas como medidas propias de la denominada "economía de la oferta". En este punto, y aunque se trate de una simple cuestión semántica, creemos que se produce una interpretación errónea de los principios de las teorías de la oferta, al estimar, sin más, como propias de aquéllas a todas las disposiciones que afectan directamente al aparato productivo.

Por lo que hace al,soporte teórico de las políticas específicas antes aludidas para solventar el problema del desempleo, estimamos sencillamente que no existe. En consecuencia, creemos que con las referidas actuaciones -especialmente en lo relativo a la reordenación del tiempo de trabajo- se atacan únicamente los síntomas externos de la enfermedad, pero no sus causas profundas.

Por otro lado, el programa económico de Mitterrand está plagado de disposiciones que elevarán considerablemente el gasto público. Salvo que se articulen medidas tendentes a incrementar los ingresos fiscales en la misma, o parecida, proporción en que lo hagan los gastos -y ello parece improbable por los efectos disuasorios que tendría-, los déficit presupuestarios se dispararán. Esto significará nuevas presiones, inflacionistas y altos tipos de interés, resultados, ambos, de signo contrario a los necesitados para estimular la creación de empleos.

En lo relativo a la reordenación del tiempo de trabajo, una pregunta flota continuamente en el ambiente: ¿lesionará la competitividad francesa y, por ende, perjudicará la situación económica? El Gobierno estima que no se producirá tal lesión, al tiempo que la patronal y los sindicatos opinan lo contrario. ¿Quién tiene razón? A priori, y basándonos en la teoría más convencional, ambas posiciones pueden verse convalidadas: los aumentos de la productividad pueden convertirse, ora en incrementos equivalentes (en la práctica, y debido a la presencia de elementos oligopolísticos, los incrementos serían menos que proporcionales) de los salarios reales percibidos, ora en un aumento de las horas de ocio, o bien en una combinación de ambos efectos. En consecuencia, todo dependerá del ritmo de variación -crecimiento- de las tres variables mencionadas: si el incremento del coste salarial -debido al aumento de los salarios reales y de las horas de ocio disfrutadas- no excede al de la productividad, no se producirá ningún tipo de merma competitiva ni se avivará la inflación; en caso contrario, los resultados serán perjudiciales. La cuestión se traslada, pues, a la esfera empírica de los acuerdos que al efecto se sellen entre Gobierno, sindicatos y patronales.

Los hechos recientes

Cumplidos los seis meses (las elecciones legislativas tuvieron lugar a mediados de junio) de Gobierno socialista, éste ha ido realizando -en un gesto de honestidad política, que es preciso reconocer- puntualmente su programa. Entre los hechos recientes de la actuación político-económica del Gobíerno, los más sobresalientes, a nuestro juicio, son los que se centran en la presentación del proyecto de presupuesto (ley de finanzas) para 1982 y del plan interino, en la aprobación (el 26 de octubre) del proceso nacionalizador, y en el tímido reajuste del franco, reajuste que, probablemente y por su escasa magnitud, tenga que repetirse en un futuro cercano.

En materia presupuestaria, ajustándose al cuadro de previsiones económicas para 1982, se presentó un proyecto de presupuesto que, bajo el eslogan "una voluntad, el empleo; un método, el relanzamiento; un medio, la solidaridad", tiene como rasgos más sobresalientes los de: primero, un incremento de los gastos públicos -fundamentalmente, en los capítulos de inversiones y de creación directa de empleos- del 27,6% frente a lo presupuestado para 1982; segundo, un incremento de los ingresos fiscales del 16,9%, y de los ingresos totales del 18,1%.

Para concluir: es preciso señalar que sería prematuro realizar un in tento de valoración práctica de esta política económica. Por ello, los juicios emitidos al respecto -laudatorios o condenatorios nos parecen carentes de sentido económico, siendo representativos únicamente de posiciones interesadas en el éxito o fracaso de la experiencia; difícilmente se puede tratar de apreciaciones económicas justificadas por los resultados cosechados.